¿Qué causó la gran depresión? Visión austríaca

La inviabilidad del estado argentino y su política asistencial

El Estado emite 18 millones de cheques al mes además de salarios del personal

Más del 60 por ciento del Presupuesto se destina a jubilaciones y planes sociales. Lo recibe el 40% de la población. La opinión de los especialistas y las reformas pendientes







Mariano Spezzapria | El Día
@mnspezzapria

¿Es viable un país cuyo Estado emite 18 millones de cheques al mes? ¿Esto es, que realiza transferencias directas de fondos al 40 por ciento de su población? La respuesta puede resultar inquietante, tanto como una pregunta derivada de la primera: ¿Qué sucedería si ese financiamiento público disminuyera sensiblemente, en un contexto de altos indicadores de pobreza y persistente inflación?

Los números son crudos: en la Argentina de 2019, más del 60 por ciento del Presupuesto nacional está destinado al pago de jubilaciones y al sostenimiento de los planes sociales. El sistema previsional cuenta con nueve millones de adultos mayores, mientras que la red de contención a los sectores más vulnerables incluye a otros ocho millones de beneficiaros. Además, el Estado financia un millón de pensiones, entre ellas las de invalidez y además deben contarse los fondos para el pago de salarios del personal que en el gobierno nacional son 350.000 personas pero sumados a los dependientes de provincia y municipios hacen un total de 3.500.000. Es decir que del sector público de la Argentina dependen más de 21.000.000 de hombres y mujeres. En el sector privado se desempeñan alrededor de ocho millones de argentinos y argentinas.

Asistencia alimentaria

A esto deben sumarse los programas de asistencia alimentaria que en nuestro país -y específicamente en la región del Conurbano de la Provincia- se complementan con aportes del Estado, las iglesias y organizaciones no gubernamentales. Expertos en el área social consultados por EL DIA estimaron que unas 8,5 millones de personas reciben al menos una vez por día una ración de comida que no pueden conseguir por medios propios.

Los números no cierran, en un doble sentido: por un lado, las arcas estatales conviven con un déficit estructural que provoca crisis recurrentes; por el otro, los sistemas previsional y de protección social requieren tanto dinero que no logran destinar ingresos dignos a los sectores más desprotegidos de la población. Por estos motivos es que empieza a discutirse la necesidad de introducir reformas de fondo en ambos sectores.

“Modelo agotado”

Daniel Arroyo, diputado nacional por la Provincia y especialista en el área, advierte sin medias tintas que “el modelo argentino de asistencia social está agotado”. Esa conclusión la saca en base a datos históricos: cita desde las Cajas PAN del alfonsinismo, los Planes Trabajar del menemismo (unos 100.000, financiados por el Banco Mundial), la masificación de los Jefes y Jefas de Hogar del duhaldismo (2,2 millones de beneficiarios) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) del kirchnerismo, que cubre ahora a 4,5 millones de niños.

La curva ascendente de la ayuda social se mantiene en la actualidad, bajo la administración de Cambiemos. El ministro de Desarrollo bonaerense, Santiago López Medrano, justifica esa tendencia en diálogo con este diario: “No importa si el tren para en la estación, igual hay mucha gente que no puede subir”, grafica el funcionario. Aunque admite: “Hay restricciones de financiamiento; la plata tiene que salir de algún lado”.

Ahí viene el problema, que es como un círculo vicioso: el Estado otorga planes a sectores vulnerables; no le cierra la caja porque los recursos son finitos; provoca un déficit que “resuelve” con emisión o endeudamiento -cada gobierno con su librito económico- y finalmente los más perjudicados terminan siendo los sectores supuestamente protegidos, vía inflación o crisis del sector externo, que aumenta la “deuda interna”. Es la Argentina de las últimas décadas. El Estado parece un espectador ante el crecimiento de la evasión que se advierte a simple vista en las calles de las ciudades.

“Ponerse los pantalones largos”

Diego Bossio, diputado nacional por la Provincia y ex titular de ANSES en el Gobierno anterior, hace notar un punto clave para esta discusión: “Mientras cuatro de cada 10 trabajadores estén en negro, ningún sistema va a ser sustentable”, advierte en diálogo con este medio. Y agrega, para que no queden dudas: “Este problema es el Talón de Aquiles de la seguridad social”. Por eso, llama a “no ser hipócritas y ponerse los pantalones largos” para destrabar el debate.

“Las sociedades están envejeciendo. Lo que se denomina bono demográfico, es decir la cantidad de chicos jóvenes con respecto al resto de la sociedad, viene disminuyendo de manera considerable”, sostiene Bossio y reclama: “Hay que discutir una reforma previsional de avanzada, que permita aumentar la cantidad de aportantes al sistema, dotarlo de nuevos recursos, y que a su vez permita pagar mejores jubilaciones”. Pero lo cierto es que hay miles de jubilaciones privilegiadas, que se crearon nuevas fórmulas como el sistema para las amas de casa -aunque jamás hayan aportado y las irregularidades en los casos de incapacidad parcial o total.

Un debate global

Los sistemas previsionales están en discusión en todo el mundo aunque no llegan a un déficit de la magnitud del que se registra en nuestro país. En la Argentina contiene una particularidad: el Gobierno nacional impulsó una “reparación histórica” que aumentó el déficit en un 1,5 por ciento del PBI y ahora comienza a manifestarse cada vez más la crisis del sistema. Se pone sobre la mesa la necesidad urgente de buscar salidas. De hecho, también el Fondo Monetario reclama una reforma previsional.

Durante los tres gobiernos kirchneristas, en tanto, se sumaron tres millones de beneficiarios al sistema, cuya cobertura pasó del 60 al 90 por ciento de la población de adultos mayores de más de 65 años. El aporte promedio que habían realizado era de ocho años, pese a que la legislación requiere de al menos 30 años. Si bien se presentó esa política como un acto de “justicia social”, también es cierto que los beneficiarios del sistema son millones, lo que genera un gran poder electoral. Por eso los gobiernos de turno encaren una política de Estado. Lo mismo sucede con los planes sociales. A tal punto, que buena parte de la campaña presidencial de 2015 consistió en acusaciones del kirchnerismo al macrismo de que iba a dejar sin esa cobertura a millones de personas, la mayoría de ellas asentadas en el Conurbano. Al final eso no ocurrió; es más, la cantidad de planes sociales aumentó.

“reempadronamiento de planes”

“Vamos hacia la digitalización y el reempadronamiento de los planes, con una tarjeta única de transferencia. Está demostrado mundialmente que eso es mejor porque evita el clientelismo”, afirma López Medrano. Mientras que Arroyo acentúa su mirada crítica: “Al modelo macrista le sobran 20 millones de personas”, advierte. Con esa lógica, podría aventurarse que a los 18 millones de cheques que emite el Estado, se le agregarán otros 2 millones en los próximos años.

Todo eso convive con una pobreza estructural estimada entre el 20 y el 25 por ciento de la población y una economía informal -en negro o popular, de acuerdo a quién la invoque- cuyo piso no baja del 35 por ciento. “La pobreza no se resuelve con los planes sociales”, dijo alguna vez el presidente Mauricio Macri. Pero hasta el momento, la única iniciativa de su gestión para reconvertirlos en materia productiva -el Plan Empalme- fracasó.

El primer país en tener planes sociales masivos fue Estados Unidos en los años 30 durante la presidencia de Franklin Roosevelt pero todos los beneficiarios debían trabajar aunque fuera cortando el césped de las plazas para mantener la “cultura del trabajo”.

En muchos países europeos la mayor preocupación en el plano estructural es el futuro del sistema previsional por el envejecimiento de la población que sigue en ascenso y que produce el aumento del número de jubilados y el estancamiento, cuando no la reducción, del número de aportantes.

En la Argentina ese no es aún el mayor problema, aunque el sistema está totalmente desequilibrado porque por cada retirado no hay ni siquiera dos aportantes. La angustiante situación no está planteada como un tema para debatir. Lo grave es que los que pagan impuestos no pueden ser sometidos a una mayor carga fiscal. Por supuesto que el déficit del sector público no se debe solamente al desbalance del sistema de previsión. También debe señalarse que hay 8 millones de trabajadores “en blanco” en el sector privado y 3.5 millones de empleados en el sector público.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de los jubilados no son responsables por la falta de aportes por los trabajadores en negro, ni por los privilegiados con grandes retiros, ni por las medidas demagógicas, ni por los fraudes y la pésima administración de los recursos. Tampoco por el saqueo a las cajas por parte de gobiernos que destinaron los fondos de los aportes a gastos sin relación ninguna con las jubilaciones o a cubrir el déficit del Estado.

La discusión sigue abierta. Y el problema irresuelto.

La curva ascendente de la ayuda social se mantiene bajo la administración de Cambiemos

El Estado parece un espectador ante el crecimiento de la evasión que se ve en las ciudades

El rey de Malasia encabeza la reducción del gasto público

El rey de Malasia cancela su cumpleaños y dona el dinero para pagar la deuda del Estado

El monarca anunció en junio que destinaba un 10% de su salario al Fondo para la Esperanza, tras conmoverse por las donaciones de los malasios a esa iniciativa para hacer frente a la deuda pública



El rey Muhammad V inspecciona a la guardia de honor en la celebración del Dia Nacional en Kuala Lumpur (Manan Vatsyayana / AFP)


El rey de Malasia, el sultán Muhammad V, ha cancelado la ceremonia oficial de su cumpleaños y la tradicional recepción del te para donar el dinero destinado para estos actos a pagar la deuda pública del Estado, anunció hoy la Casa Real. El soberano, que ocupa el trono de Malasia para el periodo 2016-21, cumplirá 49 años el próximo 6 de octubre.

El monarca anunció en junio que destinaba un 10 por ciento de su salario al Fondo para la Esperanza, tras declararse “conmovido” por las donaciones de los malasios a esa iniciativa creada por el nuevo Gobierno para hacer frente a la deuda pública. El Ministerio de Finanzas calculó en mayo que la deuda del Estado rondaba el billón de ringgit (unos 250.000 millones de dólares).

La corrupción fue una de las razonas principales por la que la coalición de partidos que gobernaba el país desde la independencia, en 1965, perdiese por primera vez en las urnas el pasado mayo ante la oposición. Najib Razak, primer ministro desde 2009 hasta mayo de 2018, afronta en la actualidad varios cargos de corrupción.

Argentina: Ganamos 25 y gastamos 33, mientras acumulamos 117 de deuda

Dimensionando el tamaño del Estado

Nicolás Cachanosky Economista Suffolk University - Editor de Punto de Vista Económico julio 19, 




INFOBAE – La dimensión de las cuentas públicas, medida en miles de millones, hace que sea fácil perder perspectiva de la situación fiscal y la estructura del gasto público. Sabemos, por ejemplo, que se gastan muchos recursos en planes sociales, subsidios, etcétera, pero es difícil dimensionar exactamente el peso de cada una de estas partidas. Una manera de dimensionar el tamaño del Estado y su estructura es reducir el gobierno a una familia representativa en Argentina.

Supongamos que el ingreso del Estado es de 25 mil pesos, que corresponde aproximadamente con el ingreso medio en Argentina. Si los ingresos fiscales son de 25 mil pesos, entonces los gastos fiscales son de 33 mil pesos (incluyendo intereses). La diferencia es el déficit fiscal, que se financia con emisión o con deuda. En resumen, si usted fuese el Estado, con un ingreso de 25 mil pesos estaría gastando unos 33 mil. Claramente la situación no es sostenible. Si estas fuesen sus cuentas personales, seguramente no solucionará este desequilibrio de forma muy gradual. La situación, sin embargo, es más complicada cuando se observa en qué se van los 33 mil pesos.



Como jefe de familia y fuente del único ingreso de su hogar, usted gasta 12.800 pesos en mantener a los desempleados de su familia. Esto representa el 51% de sus ingresos; sí, más de la mitad. Pero este gasto no es solo en las jubilaciones de sus padres y sus suegros. También mantienen a su primo, al primo de su primo y al primo de su primo de su primo, que están desempleados. La idea de mantener a todos sus primos desempleados de manera indefinida la tuvo su hermano, Perón, quien convenientemente es el encargado de administrar estos fondos. Intente usted sugerir que no es posible seguir manteniendo tremendo gasto para que Perón y todo sus primos le hagan un piquete en la puerta de su casa, le rompan las ventanas y no le permitan llegar a su trabajo a horario. La policía se encargará de resguardar la seguridad de sus primos… y de su hermano Perón. Pero sus problemas no terminan allí. Dado que usted también subsidia el consumo de electricidad y las vacaciones de sus hermanos, tiene gastos por transferencias de 8.600 pesos, el 34% de sus ingresos.

Toda esta fiesta de gasto lo ha llevado a reventar su tarjeta de crédito. Al banco ya le debe 117 mil pesos en concepto de deuda interna y externa. El jefe de familia se hace el sorprendido y ofendido cuando algunos economistas y bancos ven con preocupación un camino a un potencial de default. Después de todo, usted tuvo que ir corriendo al FMI presentando un recorte de 2900 pesos (los 300 mil millones de pesos anunciados recientemente); un tercio de su déficit. ¿Lo va a cumplir? Después de todo, si hay algo que usted no tiene es credibilidad fiscal. Por este stock de deuda paga intereses por 2900 pesos. Sin embargo, usted no cuenta los intereses intra familia (intra sector público) como parte de sus cuentas fiscales. A sus ojos fiscales, lo que usted le debe a su otro hermano no es deuda.

Luego de todos estos gastos usted aún tiene que cumplir su rol de jefe de familia. Debe proveer seguridad, salud, mantener el orden, etcétera. Allí se van el resto de sus gastos, 8800 pesos. El jefe de familia no se anima a poner las cuentas en orden porque tiene miedo que el primo, el primo de primo y el primo del primo del primo le quemen la casa. Mientras espera que un milagro arregle las cuentas fiscales, no se da cuenta que las crisis económicas producidas por el excesivo gasto y la mala asignación de recursos están, de hecho, quemándole la casa a fuego lento. ¿O cómo cree que ha llegado a tener tantos primos desempleados y en la pobreza? Para intentar mantener la situación, mientras se sigue esperando el milagro fiscal, el jefe de familia les pide a los familiares que trabajan y pagan exorbitantes impuestos que tengan paciencia y hagan un esfuercito más. Tener vergüenza no es un activo de este jefe de familia.

Hay dos verdades y una falsedad en torno al gasto público en Argentina. Las dos verdades son que es insostenible y que es difícil de bajar. La falsedad es que, porque es difícil de bajar, mágicamente los números se van a arreglar solos. Hasta el momento, solo hemos visto ajustes menores a las cuentas fiscales. De allí las turbulencias económicas de las últimas semanas. Reducir el gasto fiscal requiere de discusiones incómodas, pero lamentablemente necesarias.

Brasil congela el gasto público por 20 años

En Brasil ya comenzó el fin del mundo
Por VANESSA BARBARA - New York Times




Credit Sarah Mazzetti


Al menos eso es lo que la gente anda diciendo. Los opositores llaman así —la Reforma del Fin del Mundo— a la propuesta de enmienda constitucional que aprobó el senado el mes pasado. ¿Por qué? Debido a que las consecuencias de la reforma parecen desastrosas. Y duraderas. Congelarán todo el gasto federal durante 20 años, incluyendo la educación y los servicios de salud.

El gobierno justificó la medida basándose en que Brasil enfrenta importantes déficits presupuestarios. Sin embargo, la gente no está convencida. Una encuesta de diciembre de 2016 reveló que solo el 24 por ciento de la población está a favor de la reforma. Los brasileños tomaron las calles para expresar su descontento. Se encontraron, como es habitual, con gas lacrimógeno y oficiales de la policía montada. Los estudiantes de secundaria tomaron mil escuelas en protesta, la mayoría en el estado de Paraná, al sur del país.

El gobierno no dará marcha atrás. La Reforma del Fin del Mundo es solo una de las muchas medidas neoliberales impulsadas por Michel Temer, el presidente de Brasil. Debería ser motivo de preocupación que Temer pueda llevar a cabo tantas reformas de tal envergadura, en especial considerando que la mayoría de ellas, incluyendo la de los límites al presupuesto, van en contra de la agenda de la persona que, a diferencia de él, sí fue electa presidenta.


En agosto del año pasado, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fue destituida del cargo al ser acusada de haber manipulado el presupuesto estatal. Tan pronto como Temer, quien era vicepresidente de Rousseff, asumió el cargo, anunció una serie de políticas neoliberales. Todavía sigue en ello, con el argumento de que está sacando provecho de su impopularidad para implementar medidas impopulares.



El presidente Michel Temer de Brasil. Su reforma al presupuesto dañará a los ciudadanos más pobres y vulnerables del país durante las próximas décadas.  Credit Evaristo Sa/Agence France-Presse — Getty Images

La reforma al presupuesto, al igual que muchas de las políticas de Temer, dañará a los ciudadanos más pobres y vulnerables del país durante las próximas décadas. No solo los opositores de izquierda del presidente opinan así. Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, declaró recientemente que la medida “congelará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en salud, educación y seguridad social, dejando, por tanto, a toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales”.

Alston agregó que la ley situará a Brasil en una “categoría socialmente retrógrada”. Que parece exactamente adonde Temer y sus secuaces quieren llevarnos.

Además de congelar el gasto, Temer presentó una propuesta para renovar el sistema de pensiones de Brasil. Su propuesta establecerá la edad mínima para el retiro a los 65 años, en un país en el que una persona promedio se retira a los 54. La ley también exige al menos 25 años de aportaciones al sistema de seguridad social para hombres y mujeres.

Hay buenas razones por las que Brasil no había aprobado leyes como esta en el pasado. Aunque el promedio de la esperanza de vida en Brasil es de 74 años, se trata de uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Por ejemplo: en el 37 por ciento de los barrios de la ciudad de São Paulo, la gente tiene una esperanza de vida de menos de 65 años. En el caso de la población rural pobre es aún menor.

Algunos de los planes económicos de Temer ni siquiera tienen que ver con un déficit presupuestal. Además, el mes pasado, poco después de aprobar el techo del presupuesto, el gobierno propuso un plan laboral que permitiría convenios entre los empleados y los sindicatos que se impondrían sobre las leyes laborales. La nueva propuesta también aumenta el máximo de horas laborales permitidas a 12 al día y reduce la reglamentación en materia de empleo de trabajadores provisionales. La comunidad empresarial ha alabado el plan, pero desató indignación entre los sindicatos.

Otra prioridad para el presidente Temer es lo que se conoce como el plan de outsourcing. Se propuso por primera vez en 2004, pero nunca se aprobó debido a la fuerte resistencia de los sindicatos. En abril de 2015 fue ratificado por la Cámara Baja del congreso y ahora aguarda la aprobación del senado. El proyecto de ley dará libertad a las empresas para contratar cualquier trabajo a terceros, incluso en sus actividades principales. Según las reglas actuales, las empresas solo pueden contratar externamente los empleos “no esenciales” como los de limpieza, en tanto que los trabajadores “esenciales” tenían que estar contratados directamente por la empresa, lo cual quiere decir que tienen derecho a todas las prestaciones y derechos que establece la ley, como vacaciones pagadas, permiso de maternidad y bonos de fin de año.

Teniendo en cuenta todo esto, no sorprende que la administración de Temer tenga una aprobación tan baja: una encuesta de diciembre reveló que el 51 por ciento de los brasileños lo califican como “malo” o “pésimo” (solo el diez por ciento de los participantes dijo aprobar al gobierno; el 34 por ciento lo calificó de “regular”). Temer también fue encontrado culpable de violar los topes de financiamiento de campaña y su nombre ha formado parte de uno de los muchos escándalos de corrupción que se desarrollan en el país.

No obstante, el nuevo gobierno ya ha recibido todo el apoyo de las siguientes organizaciones: la Federación Brasileña de Bancos, el Frente Parlamentario Agrícola, la Confederación Nacional de Industria, la Organización Mundial del Comercio, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro, la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores y varios altos ejecutivos.

Para algunos brasileños, al menos, el fin del mundo es el comienzo de una oportunidad de oro.

Empleo público: El eterno haragán argentino

El eterno karma del empleo público argentino

Relato del Presente

Increíble mamerto que llegó al MEcon

Ahora que estamos todos entretenidos en el debate de si tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber de argentinos mal informados y brindar soluciones al planeta para que arreglen problemas que no tenemos ni idea de cómo ocurrieron, o tan sólo quedarnos con la duda existencial de si es misógino o no desearle feliz día de la mujer a las mujeres, podemos volver a hablar de cosas realmente importantes, como el brutal ajuste del 1% del PBI, el reemplazo del nepotismo K por el acomodo necesario de los parientes de los nuevos funcionarios, la pasión de Axel Kicillof por el sexo masoquista en público, o que personas que aún pretenden dilapidar recursos públicos mangueando aviones para hacer la revolución, sean las defensoras de cosas que no entienden, como el empleo público.

El empleo público es uno de esos temas a los que le venía esquivando desde hace rato porque no hallaba la forma de dar una opinión al respecto sin terminar con un pedido de ejecución inmediata en el lugar del mundo en el que me encuentre. Sin embargo, luego de que terminara dando mi opinión ante una pregunta que me hicieron en un programa de radio, y que derivó en una bello y civilizado contrapunto con Gabriel Solano del Partido Obrero –que finalizó con un piquete en la esquina de Guido y Uruguay–, creo que no hay nada peor que la autocensura.

Pensé mucho en cómo abordar este tema sin herir susceptibilidades hasta que caí en la cuenta de que, desde que Lubertino reformuló el Inadi y la lengua castellana, y la comprensión de texto del argentino promedio lo lleva a suponer que una prueba Pisa es una cata de jamón y morrones, acá podemos encontrar un ofendido aunque hablemos del tejido crochet. Pero vamos a intentarlo de todos modos.

Antes que nada, soy un exempleado estatal que cumplió funciones en el Poder Judicial y en poderes ejecutivos no nacionales bajo administraciones de distintas banderas ideológicas y partidarias. En buena medida, algo entiendo de lo que hablo. La primera vez que me despidieron tenía 18 años. La segunda, 23 eneros. La tercera, 26 y un hijo recién nacido. Para la cuarta ya contaba con 28 años. A los 31 descubrí que podía meter quinta y sexta en una semana –tenía dos laburos, uno privado, otro estatal–,  más exactamente, en tres días. En ninguna de esas ocasiones tuve tiempo de hacer quilombo: en el mismo instante en que me rajaron, salí a buscar laburo. Algunas veces conseguí enseguida, otras pasé meses sin pegar una  y hubo un período nefasto de tres años con laburos esporádicos. De todos modos no me puedo quejar, ya que la única vez que conseguí la planta permanente, terminé renunciando, lo que debería haber derivado en un proyecto de ley para colocar una placa conmemorativa del increíble suceso.

Por una cuestión lógica –tengo 34 años– cinco de mis seis despidos se dieron en la década más mejor de la historia de la Via Láctea y galaxias cercanas. En algunas lloré, otras fueron un alivio similar a cuando te deja esa persona a quien te da cosa cortarle. Y tres de esos rajes fueron en el Estado.

Las reglas son claritas y todos lo sabemos desde el minuto cero: te vas a tu casa por la misma puerta que se va el funcionario que te firmó el nombramiento, y probablemente sea el mismo día. Y si te quedás, probablemente obedezca a una cuestión de suerte, falta de recursos humanos –en el Estado, la capacidad de los recursos humanos es inversamente proporcional a la cantidad de empleados– o a la lógica del esfuerzo: la famosa y siempre desconsiderada meritocracia.

Y ya que hablamos de lógica, sentido común y otros arcaísmos en desuso, también deberíamos recordar un detalle no menor, que son aquellos que están cobrando lo que no merecen –del español “hacer mérito para ser digno de algo”– y que son conscientes de eso. No, no me refiero a los ñoquis, si no a los que forman parte de planteles cuya relación entre cantidad y necesidad es insólita, y lo saben. Por ejemplo: en una mesa de entradas de una dirección de línea del gobierno nacional rajaron a 50 personas de un total de 120. Un numerazo se mire por donde se mire, salvo que algunos van a hacer hincapié en el medio centenar de despidos y otros pueden llegar a colapsar cardiovascularmente luego de caer en la cuenta de que una mesa de entradas tenía 120 empleados.

oficinaEl karma no es exclusivo de los poderes del Estado más politizados. Uno pasea por el edificio de Tribunales y se encuentra con un ascensorista. Sí, una persona que cobra un sueldo de casi 30 mil pesos –ahá– por tener el expertise y el know-how para poner en funcionamiento esa compleja maquinaria de ingeniería y que impide que el común de los mortales sepa cómo apretar un botón con un número que, casualmente, se corresponde con el piso al que queremos dirigirnos. Dios los bendiga por su tarea.

Y en los tres poderes se da una conducta habitual entre los empleados, que para lo que les conviene son capaces de convertirse en guerrilleros por la igualdad de los trabajadores, pero cuando es necesario aplican el derecho de castas con tal de que entre a laburar el hijo, un sobrino, un nieto, la amante o el que les consigue las drogas a buen precio.

Guillermo O’Donnell sostenía que “el gran desafío de la ciudadanía es recordar exigentemente a los poderes del Estado que ellos son nuestros y que, por lo tanto, son para nosotros”. El tema es que se nos mezclaron los tantos que el “para nosotros” lo tomamos como que podemos hacer con él lo que se nos cante. Como en Argentina tenemos el lóbulo frontal atrofiado de tanto onanismo biempensante, nos olvidamos que el Estado no es un ente corpóreo destinado a la beneficencia, si no que lo mantenemos entre todos desde que el contractualismo social sentó las bases para los países modernos. Por si es difícil de entender, vamos al ejemplo práctico: Si usted, estimado lector, un día se despierta y se encuentra que tiene cinco mayordomos, tres plomeros, tres gasistas, seis coordinadores y diez personas dedicadas a la limpieza para mantener funcionando su dos ambientes ¿lo aceptaría? Si en la reunión de consorcio de su edificio propusieran contratar doce encargados ¿votaría a favor? Y si por estar en desacuerdo sus vecinos del edificio de al lado –que no pagan los salarios de su harén de porteros– lo tildaran de descorazonado, asesino de bebés, fotógrafo de delfines on-shore en Santa Teresita, fundamentalista de la pizza con ananá, o cualquier aberración humana por el estilo ¿le caería en gracia?

Dando por sentado que conozco su respuesta, salgo del ejemplo y voy a lo concreto: su departamento, su vida sus gastos, se cubren con el 45% de sus ingresos anuales. Los gastos de sostenimiento del Estado, se lleva el 55% restante. Sí, más de la mitad del año laburamos para el Estado, pero por esas cuestiones del realismo mágico sudamericano, nunca hacemos la relación. O sea: es una locura que con mi 45% tenga que mantener a todas esas personas que no necesito, pero está perfecto que con mi 55% restante multiplicado por toda la masa de laburantes de la Argentina, se mantenga a todo empeado de más en el Estado.

ateSi bien nunca imagine que llegaría a ver a progres defendiendo la burocracia estatal que fomentó el crecimiento de los sindicatos verticalistas que tanto les jode a fuerza de cuota sindical a miles de trabajadores que no importan que no laburen, sino que aporten, hay otros elementos que me joden mucho más. No hay forma de que un tipo que está por debajo de la línea de pobreza laburando 70 horas a la semana pueda sentir que “el laburo dignifica”. Del mismo modo, no tiene nada de digno decir que se tiene trabajo cuando se sabe que se está cobrando un sueldo para no hacer otra cosa que bajar termos de mates y jugar competencias de cuantos paquetes de bizcochos de grasa se pueden deglutir en una mañana. No hay forma decorosa de conseguir apoyo popular para frenar la “ola de despidos en el Estado” cuando en Argentina no existe la persona que no tenga un pariente, amigo o vecino que labure en una dependencia estatal. Y mucho menos cuando cualquiera que haya pisado un banco ve que cinco personas atienden de 200 a 500 clientes en una mañana y una mesa de entradas necesita de 120 personas para poner sellos.

No es una cuestión de concepción del Estado, es algo más peligroso: es la aceptación de que el Estado no está para administrar si no para dar cobijo a los que las políticas del Estado no puede solucionar. Y como todo lo que ocurrió en los últimos años, cuando se rompió la ventana, se la tapó con cartón corrugado. Si dibujar estadísticas del índice de precios al consumidor es sencillo, hacerlo con la masa laboral no lo es tanto. Pero como en todo gobierno hiperpersonalista los funcionarios creen que no están para administrar temporalmente los bienes de todos, sino que se encuentra ahí porque así lo quiso Dios, gastar plata no le importa. Total, no sale de sus bolsillos y tienen la maquinita de imprimir billetes. El Estado se convirtió a sí mismo en un seguro de desempleo saladito de mantener al absorber a una enorme masa de personas que, de pronto, se sintieron económicamente viables.

Conceptos como contrato de locación de servicios, planta de gabinete o planta transitoria, deberían ser analizados desde la lingüística más básica: locación es por tiempo determinado, planta de gabinete es el personal que llegó y se va con el gabinete, y planta transitoria no es el tránsito entre el contrato y la permanencia, ni el crucé de Moises por las aguas abiertas del Mar Rojo, ni una publicidad de yougur contra la constipación. Es tan sólo eso: transitoria.

Los sindicatos de los trabajadores del Estado deberían hacerse cargo, más allá de protestar, más cuando la planta transitoria ya paga cuota sindical y obra social. Nunca entendieron –o se hicieron los boludos– que la sobreabundancia de empleados deriva en la pauperización de otros derechos adquiridos hace añares. ¿Cuándo fue la última vez que un empleado público accedió a una vivienda construída o financiada por el Estado? Ni siquiera cuentan con créditos blandos de los bancos administrados por el propio Estado. No se calentaron por blanquearlos, o por pedir que se rehabilite la carrera administrativa, ni porque haya concursos para ingreso y para la ocupación de cada cargo administrativo. Mientras la masa de aportes creciera, el resto podía esperar. Y eso que no hay mayor empleador en negro que el propio Estado, donde las indemnizaciones las paga la Aseguradora Tu Vieja, y si se habilitaran, tampoco importa demasiado porque se garparían con la nuestra.

El mayor flagelo de todo este tema es que, durante años, creció como nunca la imaginación popular de los más pibes de que el ideal de vida es conseguir un trabajo en el Estado, porque “no te echan más”. Y ahí están, personas de veintipico, sentadas a esperar la jubilación a los 65 años, sin otra ambición que terminar rápido el turno para volver a casa.

Los veo conformistas, mansos, sin deseos de algo distinto y dispuestos a bancarse una eternidad haciendo lo mismo. No duran dos años con la misma pareja, pero la sola idea de cambiar el laburo los pone ciegos. Perdieron la libertad y la iniciativa privada, esa que hace que explotemos la creatividad para hacer algo distinto de cara a la sociedad. ¿O por qué piensan que empecé este blog? Les tiro una pista: tenía 26 años.

Martedi. El trabajo que dignifica es el que te hace feliz siendo útil. El resto, es relleno.

Exceso de empleo público en Argentina

El Poder Ejecutivo tiene un exceso de empleo de más de 90.000 personas
Daniel Sticco
Por: Daniel Sticco - Infobae
El último dato desagregado entre dotación con dedicación permanente y contratada corresponde al primer trimestre 2015 con 417.003 puestos


El sobre empleo estatal explica una parte importante del déficit fiscalEl sobre empleo estatal explica una parte importante del déficit fiscal - Crédito: Nicolas Stulberg

El ciclo de la presidente Cristina Kirchner, que se inició en al fin del último trimestre de 2007, comenzó con una población ocupada en el Poder Ejecutivo Nacional, otros entes del sector público no financiero y empresas y sociedades del Estado, de 312.040 personas, poco menos del 1,9% del total que estaba empleado en el agregado de la economía, con posiciones en blanco y negro, en la producción de bienes y de servicios, públicos y privados.

Al fin del primer mandato, en diciembre de 2011, el PEN había acumulado un crecimiento global de la nómina del 18,3%, mientras que de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC surgió que en el total país los puestos netos se elevaron casi en la tercera parte, 6,3%. En cantidad, esos movimientos significaron un salto de 57.000 personas en el primer caso y de poco más de un 1,04 millones de personas en el segundo.

CRISTINA KIRCHNER COMENZÓ CON 312.040 PUESTOS EN EL PEN Y SE VA CON MÁS DE 417.000 EMPLEOS

La sobre expansión de la planta de personal a cargo del Poder Ejecutivo Nacional se centró, por un lado en las tareas a contrato por tiempo determinado con 19.300 casos, en muchos de los cuales se buscaron efectivizar en las últimas semanas, para disimular la precariedad laboral, aunque muchos de ellos en tareas con mínima carga horaria; y por el otro, en las empresas públicas generadas ad hoc para administrar el comercio internacional de energía, y las nuevas sociedades estatizadas, unas plenamente y otras mixtas con el sector privado, que virtualmente se duplicaron en el cuatrienio, a casi 22.000 personas.

Contraste con el sector privado en el segundo período

Las buenas noticias para una pequeña parte de la amplia población realmente desocupada, esto es la que venía participando del mercado de trabajo más los que se habían retirado por falta de oportunidades en el ámbito privado, porque en esa franja los puestos cayeron 0,95%, es que el PEN decidió convertirse en una activa bolsa de empleos con un acrecentamiento de la planta en 13%, nuevamente impulsada por las empresas públicas.

La producción automotriz se reactivó 7,3% en agosto

La crisis automotriz afectó la dinámica de los nuevos empleos privados

Muchas de las compañías dependientes de las decisiones del Poder Ejecutivo pudieron usar y abusar del financiamiento ilimitado del Tesoro Nacional, con los recursos que percibió a través de la creciente presión tributaria sobre las empresas y asalariados; más el impuesto inflacionario al no autorizar el ajuste de los balances por la variación del Índice General de Precios y seguir un régimen desigual en el tratamiento de Ganancias, según el alcance que tenía el tributo sobre cada trabajador antes de agosto de 2013.

De ahí que en los ocho años de Gobierno, y aún cuando restan computar las singulares ampliaciones de la nómina permanente y contratada que informó diariamente el Boletín Oficial desde abril de 2015, y en particular en los últimos cinco meses, con claros fines electorales, mientras que la economía en su conjunto registró una expansión neta del empleo en actividades remuneradas en poco más de 5%, equivalente a unas 876.000 personas, el PEN elevó las incorporaciones netas en 33,6%, esto es en 105.000 personas.

Con esos guarismos, la participación del empleo en la administración nacional, sin considerar Poderes Legislativos y Judicial, ni los de los gobiernos provinciales y municipales, se acrecentó en más demedio punto porcentual, a 2,4% del total.

EN LOS ÚLTIMOS MESES EL BOLETIN OFICIAL CONSUMIÓ RÍOS DE TINTA CON LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Cálculo de sobre expansión de la nómina en el Estado

Una forma simple de ponderar el exceso de la creación de empleos en el sector público, aunque amparado en la vocación de los gobiernos populistas de aplicar políticas activas para suplir la destrucción de empleos en el ámbito privado con políticas claramente abocadas a ese fin, para justificar su estrategia de intentar perpetuarse en el poder, es estimar cuál hubiese la evolución de la nómina si hubiese corrido pareja con el promedio nacional.

El ejercicio para el período de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner determinó un crecimiento de la nómina en el PEN del 33,6%, frente a 5,3% del conjunto de la economía. Semejante brecha determinó un salto de más de 28 puntos porcentuales adicionales, equivalente a 88.500 puestos. Pero que con las incorporaciones de los últimos meses se estima que ya supera los 100.000 casos, esto es un cuarto de la nómina, en su mayor parte con remuneraciones "pactadas" que más que triplican el promedio en esa jurisdicción de la administración que es del orden de los 20.000 pesos brutos por mes.

EN OCHO AÑOS EL EMPLEO EN EL PEN SUBIÓ 33,6% Y EN EL TOTAL DEL PAÍS SÓLO 5,3%

En los casos particulares de los gobiernos provinciales y municipales, sólo en el último cuatrienio la sobre habilitación de puestos, en muchos casos con bajos o nulos niveles de productividad fue de unos 113.000 en el primer caso, a más de 836.000 posiciones en la mitad de las jurisdicciones que forman parte del Sistema Integrado Provisional Argentino y de 8.000 en el segundo, a un total de 120.000, excluido CABA, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires otros 10.000, a poco más de 150.000 ocupados.

Econ 101: Política fiscal

La política fiscal

La política fiscal es la alteración deliberada de gastos o impuestos gubernamentales para ayudar a alcanzar los objetivos macroeconómicos deseables cambiando el nivel y composición de la demanda agregada (DA).

Tipos de política fiscal

Hay dos tipos de política fiscal, discrecional y automática.

• La política discrecional se refiere a las políticas que se deciden, e implementados, por cambios en la política de una sola vez.
• La estabilización automática, donde la economía se estabiliza mediante procesos denominados arrastre fiscal y impulso fiscal. Si las tasas de impuestos directos son progresivos, lo que significa que el% de los ingresos, a continuación, un rápido aumento de la renta nacional se desaceleró de forma automática. Arrastre fiscal significa que, como los ingresos aumentan, el impacto del aumento de los ingresos para el mejor se reduce a medida que pagan impuestos proporcionalmente más altos, y el impacto del aumento de los ingresos de los pobres y desempleados se reduce a medida que salen de beneficios, y empezar a pagar impuestos. El efecto es que el aumento de la renta disponible es moderado.

Impulso fiscal

Del mismo modo, una disminución potencialmente rápida y profunda en el ingreso nacional se evitaría por impulso fiscal. Impulso fiscal significa que los ingresos caen en una recesión el impacto de la caída de los ingresos de los más acomodados se suaviza, ya que pagan impuestos proporcionalmente más bajos, y retienen más ingresos después de impuestos.

El impacto de los ingresos cayendo es aumentar el desempleo, pero en lugar de experimentar un colapso total de los ingresos personales, los desempleados y los pobres, reciben beneficios, y gastar más de lo que tendrían sin esos beneficios. Por lo tanto, una desaceleración de la economía es también 'moderado'.


Sin estabilizadores
Con estabilizadores

Gasto gubernamental

Central y local de gobierno - el sector público - gasta el dinero para una variedad de razones, incluyendo:

1. Para el suministro de bienes y servicios que el sector privado podría dejar de hacer, como bienes públicos, incluidos los de defensa, carreteras y puentes; bienes de interés social, como hospitales y escuelas; y pagos de asistencia social y las prestaciones, incluido el desempleo y la prestación de invalidez.
2. Para lograr mejoras de la oferta en la macroeconomía, como el gasto en educación y formación para mejorar la productividad del trabajo.
3. Para inyectar el gasto extra en la macroeconomía, a fin de lograr incrementos en la demanda agregada y la actividad económica.
4. Para reducir los efectos negativos de las externalidades, tales como el establecimiento de límites de contaminación.
5. Para subsidiar industrias que pueden necesitar, por una razón u otra ayuda financiera que no estarían disponibles en el sector privado.
6. Para ayudar a redistribuir el ingreso y lograr una mayor equidad.

El gobierno local es muy importante en términos de la administración del gasto. Por ejemplo, el gasto en el NHS y la educación son administrados a nivel local, aunque las autoridades locales.

Gasto

Las principales áreas de gasto del gobierno del Reino Unido en 2013, que ascendieron a 673.9bn £, fueron bienestar y las pensiones ("protección" social), la salud, la educación, el orden público y la seguridad, y la defensa.

Gasto del gobierno central

Si los ingresos son insuficientes para pagar los gastos, habrá un déficit fiscal. En esta situación, el gobierno debe tomar prestado mediante la venta de bonos a largo plazo o cuentas a corto plazo. Los bonos son títulos a largo plazo que pagan una tasa fija de retorno durante un largo período hasta el vencimiento, tales como 10 años después de su emisión original, y son comprados por las instituciones financieras que buscan un retorno seguro. Gobierno también puede vender Letras del Tesoro, que se emitió en los mercados de dinero para ayudar a recaudar dinero en efectivo a corto plazo. Bills tienen una vida de 90 días solamente, después de lo cual se pagan.

En 2009, el endeudamiento del gobierno del Reino Unido ascendió a £ 175b, que era el equivalente del 25% del gasto total.

El endeudamiento del gobierno local

Las autoridades locales también pueden pedir prestado si sus ingresos combinados del Impuesto Consejo y el apoyo del gobierno central es insuficiente para satisfacer el gasto local.

Si se combinan las necesidades de financiamiento tanto del gobierno central y local, el importe de los préstamos se llama el requisito de efectivo neto del sector público (PSNCR). Los déficit fiscales varían con el ciclo económico.

Durante los períodos de crecimiento económico, el impuesto sobre los rendimientos de subida, y el gasto en prestaciones sociales caer, empujando las finanzas públicas hacia un superávit. Durante los períodos de desaceleración económica, los ingresos fiscales caen y prestaciones sociales aumentan, empujando la economía hacia un déficit fiscal.

Las reglas fiscales

La primera regla fiscal, la regla de oro para borrowing- establecida en 1997 por Gordon Brown - era que el gobierno debe equilibrar sus cuentas durante un ciclo económico, y sólo a pedir prestado para financiar proyectos de capital, tales como la construcción de carreteras. La segunda regla es la regla de inversión sostenible, que declaró que la proporción de la inversión neta y el PIB no debe superar el 40%. Estas reglas se relajaron en 2008 por el canciller Alistair Darling, para permitir que el gasto previsto adelantar en un intento de inyectar el gasto en la economía enferma Reino Unido.

El gobierno de coalición, que llegó al poder en 2010, abandonó estas reglas fiscales cuando se hizo evidente que poseían poca credibilidad en un momento de aceleración de la deuda pública. En un intento por devolver un poco de orden a las finanzas públicas, el gobierno de coalición puso en marcha la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR).

El gasto del sector público

Utilizando el gasto público para estimular la actividad económica ha sido una opción clave para los sucesivos gobiernos desde Keynes. Keynes argumentaba que el gasto público se debe aumentar en épocas de recesión para compensar la caída del gasto privado. Hay dos tipos de gastos:

1. El gasto corriente, que es el gasto en salarios y materias primas. El gasto corriente es a corto plazo, y tiene que ser renovado cada año.
2. El gasto de capital, que está gastando en activos físicos como carreteras, puentes, edificios del hospital y equipo. El gasto de capital es a largo plazo, ya que no tiene que ser renovado cada año - también se le llama el gasto en "capital social".

Evaluación del gasto público

Las ventajas

1. El gasto público puede tener un impacto considerable en el nivel de DA, y compensar las deficiencias en otros componentes de la DA, como una caída en el gasto de los hogares en bienes de consumo y las empresas el gasto en bienes de capital.
2. Si el gasto es en bienes de capital, entonces la infraestructura se puede mejorar, y esto puede ayudar a mejorar el crecimiento económico.
3. El gasto en infraestructura también proporciona un beneficio externo al resto de la economía.
4. El gasto público puede ser objetivo de lograr una amplia gama de objetivos económicos, tales como la reducción del desempleo, el logro de una mayor equidad, la construcción de carreteras, la acción contra la pobreza, y la re-construcción de centros de la ciudad.

Las desventajas

1. Puede haber un considerable desfase entre los gastos y los beneficios del gasto. Por ejemplo, la decisión de aumentar el gasto en educación se llevará meses para implementar y años y décadas para ver todos los beneficios. De hecho, los beneficios pueden no ser 'vistos' debido a la falta de información.
2. Al tratar de promover el crecimiento o reducir el gasto público de desempleo puede ser inflacionario, sobre todo si el gobierno tiene que pedir prestado a los mercados financieros o si el gasto es demasiado rápido, por ejemplo, con un aumento en el gasto corriente en los salarios.
3. Hay un potencial "trade off" entre el desempleo y la inflación, primero analizado por AW Phillips. Si el objetivo de un aumento en el gasto público es la creación de puestos de trabajo no es la gran posibilidad de que se creará la inflación, y el crecimiento en puestos de trabajo sólo puede ser temporal mientras la economía se reajusta al nivel anterior del desempleo.
4. Una limitación importante para el gasto público en la UE es de miembros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de un país. Este pacto limita el endeudamiento público a no más del 3% de la renta nacional en un año, y no más de una deuda pública acumulada del 60% del valor de la renta nacional. El objetivo del Pacto de Estabilidad es dejar de países de la zona euro debilitamiento del valor del euro por "impresión de dinero", que ocurre cuando los gobiernos piden prestado a los mercados de dinero. El canciller del Reino Unido ha impuesto una limitación diferente - que el endeudamiento es aceptable si los fondos de capital, en lugar de, el gasto corriente del sector público.

Sin embargo, la crisis financiera de 2008 - 2010 y la recesión mundial subsiguiente, obligaron a muchos países a romper este pacto, ya que pidieron prestado cantidades sustanciales para ayudar a estimular sus economías nacionales. Tal vez el peor de los casos que surgió fue la de Grecia, cuya anual de déficit superó el 12% del PIB en 2009 (cuatro veces el límite pacto), y cuyo acumulado déficit se prevé llegar a 135% del PIB en 2011 (el doble del límite acordado). La situación de Grecia se hace especialmente peor dado el tamaño de su economía sumergida, estimada en más del 30% del PIB. (Fuentes: The Guardian y The Telegraph).

Los ingresos y la política fiscal

El gobierno central y local debe aumentar los ingresos con el fin de cumplir con sus compromisos de gasto. Los ingresos se levantó de una serie de fuentes, entre ellas:

Tributación

Los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades y los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), son las principales fuentes de ingresos para el Tesoro del Reino Unido.

Seguro Nacional

Seguro nacional es una contribución obligatoria a partir tanto el empleador y el empleado para proporcionar a los trabajadores un salario mínimo de inserción durante los períodos de desempleo.

Cargos

Tanto el gobierno central y local puede cobrar por el uso de los recursos bajo su control, tales como tasas de aparcamiento, cargos de prescripción, y las licencias de televisión.

Privatización

La venta de activos estatales, tales como los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad, en el pasado ha proporcionado ingresos "golpe de suerte" para el gobierno británico. La venta de los derechos de propiedad es una fuente similar de ingresos, como la venta de licencias a las emisoras y empresas de telefonía móvil por el derecho a utilizar las "ondas" públicos.

Endeudamiento

El préstamo se ha convertido en una fuente cada vez más importante de financiación para muchos gobiernos. Si un gobierno no tiene suficientes ingresos para financiar sus planes de gasto, puede pedir prestado a los bancos comerciales o el público por la venta de valores a corto plazo, denominados proyectos de ley, y los títulos a largo plazo, llamados bonos. Tanto el gobierno central y local puede tener que endeudarse fuertemente de vez en cuando para financiar los compromisos de gasto.

Ingresos de gobiernos locales

Las autoridades locales en el Reino Unido tienen el poder de aumentar los ingresos a través de un impuesto local llamado Impuesto Consejo. Sin embargo, impuestos municipales no cubren todo el gasto local y las autoridades locales suelen ser subsidiados por el gobierno central a través de una subvención. Se ha propuesto la Reforma de las finanzas de las autoridades locales, con las siguientes opciones están considerando:

1. Un impuesto sobre la renta local
2. Un impuesto de ventas o cargos locales específicas, tales como la tasa de congestión de Londres

Cambio de las tasas de impuestos

Los impuestos pueden subir o bajar para controlar o expandir el gasto de los hogares, y AD. Impuesto sobre la renta se puede ajustar en un número de maneras, como mediante el cambio:

1. La asignación libre de impuestos - todos los perceptores de ingresos se les permite ganar una cantidad de ingresos antes de que empiecen a pagar impuestos. Por ejemplo, el mínimo exento del impuesto personal en el Reino Unido para el 2014 fue de 10.000 £. Por lo tanto, para estimular la demanda, esto podría ser aumentada para dar los hogares más ingresos disponibles.
2. La tasa de impuesto básico - que en 2014 fue del 20%. Tasa básica significa que la tasa que afecta a la mayoría de los perceptores de ingresos.
3. El número de bandas de impuestos - por ejemplo, antes de 2009 había tres bandas de: 0 - £ 2,320 de la renta imponible del ahorro se grava al 10%; 0 £ - 34.800 £ 34.800, tributará al 20% de impuestos, y más de £ se grava al 40%, que es la tasa de impuestos más alta. Mediante la adición de nuevas bandas inferiores o superiores al nivel de consumo y de la distribución del ingreso puede ser alterado. En 2014 se añadió un nuevo tramo impositivo más alto de 45% para las personas que ganan un ingreso gravable más de 150.000 £.
4. El rango de los ingresos en cada banda - cada banda podría ser ampliado o se redujo al aumentar o reducir el rango de ingresos en cada banda.

Evaluación de la política fiscal

Las ventajas

1. Los impuestos indirectos pueden ser dirigidos muy específicamente a la conducta alterando, como quien contamina, paga impuestos, y los impuestos sobre los bienes de demérito.
2. Tributación puede estabilizar la macroeconomía de forma automática, a través de la fricción fiscal y de impulso.
3. Cambios discrecionales en los impuestos directos pueden ayudar a regular la demanda agregada.
4. Los impuestos y el gasto social también se puede utilizar para ayudar a reducir la brecha de ingresos entre ricos y pobres, reducir la pobreza y ayudar a promover la equidad.

Las desventajas

1. Cambio de las tasas de impuestos, subsidios y bandas, es un negocio muy complejo, sobre todo en comparación con la evolución de las tasas de interés. Debido a esto los cambios son relativamente poco frecuentes, con ajustes solamente pequeños están realizando cada año en el presupuesto anual.
2. Los hogares pueden aumentar o reducir sus ahorros siguientes cambios en los impuestos, por lo que el efecto sobre el gasto de los hogares de un aumento o disminución de los impuestos pueden ser débiles.
3. Puede haber considerables desfases entre el cambio de los impuestos y los cambios en el gasto de los hogares.
4. Impuestos más altos pueden tener un efecto disuasorio sobre el trabajo y la empresa, ya que algunas personas alteran su percepción de los costos y beneficios relativos de trabajo, en comparación con el ocio.

Economics Online

Costo añadido a la obra pública en España

El coste añadido de las obras faraónicas
España está salpicada de caras infraestructuras y edificios emblemáticos que, una vez terminados, son infrautilizados y suponen un sumidero de dinero público
AITOR BENGOA - El País


Labores de reparación de los desperfectos en el edificio L' Àgora diseñado por Santiago Calatrava. / JOSÉ JORDAN

En el Pabellón Reyno de Navarra Arena debería resonar el bullicio de miles de personas mientras corean canciones en conciertos multitudinarios o que jalean a sus equipos durante competiciones deportivas. Esas son algunas de las actividades que se preveía celebrar en este recinto multiusos, que costó 58 millones de euros y que fue finalizado en 2013. El proyecto fue impulsado por el anterior Gobierno foral, de UPN, y contó con el apoyo del PSN. “Será un referente para la sociedad navarra”, puede leerse en su web. Sin embargo, en este espacio no se escucha ni un eco porque sus 10.000 localidades siguen sin estrenarse y permanece cerrado hasta nuevo aviso, con un coste de 390.000 euros anuales.

No escasean los ejemplos de infraestructuras y edificios emblemáticos que han supuesto desembolsos de decenas, e incluso cientos de millones de euros, para después acabar siendo infrautilizados con caros mantenimientos. “El denominador común de este tipo de proyectos que han tenido una utilidad dudosa o costes desmesurados es que en gran medida han sido soportes publicitarios e instrumentos de comunicación política”, explica el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga.

Este experto ha explicado a EL PAÍS que en ocasiones “el poder busca expresarse al modo faraónico, apelando a instintos muy básicos como sobrecoger con el tamaño, el impacto visual o con una originalidad forzada”. Ezquiaga cree que las grandes infraestructuras y proyectos arquitectónicos tienen desde la antigüedad una función comunicativa consistente en representar símbolos comunes que cohesionan a la sociedad. “El significado de una catedral gótica era sorprender, pero también expresar un sentimiento común”, explica.

Calcular antes de construir
El vicepresidente de la Asociación de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (Aedemo), José Manuel Úbeda, explica que si se hace un estudio de viabilidad antes de construir una infraestructura, con un estudio de mercado riguroso, se puede estimar con precisión la aceptación de un servicio entre el público. Como cualquier operación estadística, esta evaluación tiene un margen de error, “pero es mínimo”, comenta. Puede ajustarse hasta el 3,2%. Este porcentaje dista mucho de la diferencia de usuarios que preveían algunos proyectos, como el Aeropuerto de Castellón, que tiene unos 35.000 pasajeros frente al millón que preveía. Costó 150 millones de euros. La Generalitat del PP hizo el estudio de mercado después de construirlo.

Pero ese sentido, comenta, se diluye cuando las administraciones, condicionadas por el escenario mediático, buscan un “impacto rápido y contundente”. Al final, añade, los proyectos acaban siendo síntoma de “vanalidad y de que muchas de estas actuaciones no tenían un sustento sólido” en su planificación.

Edificaciones alegóricas y artísticas, como varios de los proyectos diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava, han tenido repercusión mediática por los sobrecostes que han entrañado. El caso más reciente ha sido el último edificio creado por este arquitecto para la Ciudad de Valencia, bautizado como L’Àgora. La instalación fue presupuestada en unos 45 millones de euros durante el Gobierno del popular Francisco Camps. Ha costado casi el doble, y ahora, para ponerla en marcha, hace falta una inversión adicional de 10 millones de euros.

Algunos proyectos menos emblemáticos también contribuyen a la sangría de fondos públicos tras su construcción. En Málaga, los barrotes de la cárcel de Archidona solo recluyen aire. Terminada y cerrada desde hace más de dos años, mantener esta prisión cuesta alrededor de un millón de euros al año. Con 1.008 celdas y capacidad para albergar el doble de reclusos, ha contado con una inversión de 117 millones. Pero no está equipada y el principal problema para ponerla en marcha es la falta de personal y la ausencia de una oferta de empleo público que pueda integrar la plantilla.

La Subdelegación de Gobierno estima que el penal requiere medio millar de funcionarios. La cárcel se ideó para descongestionar la de Alhaurín de la Torre, con capacidad para unos 900 internos y una ocupación actual que ronda los 1.500. Entre los gastos para conservar el recinto están los del mantenimiento y vigilancia para evitar su deterioro, tareas adjudicadas a una empresa externa por 1,63 millones para un plazo de dos años.

En Galicia, la falta de fondos y la mala gestión de los proyectos han dejado vacíos una decena de centros de día y residencias para la tercera edad en cuya construcción se invirtieron 6,5 millones de euros. El más costoso fue el geriátrico de Nogueira de Ramuín (Ourense), un moderno complejo de 54 plazas en el que se invirtieron 1,6 millones y del que ahora se usan algunas salas para cursos, exposiciones y actos del PP. Algunos de estos recintos para mayores fueron incluso equipados y adjudicados a empresas privadas pero no se abrieron o lo hicieron por poco tiempo, circunstancia que no impidió que las concesionarias siguiesen cobrando de las arcas públicas un 75% del coste de la mayor parte de las plazas vacías gracias a una cláusula del contrato que introdujo la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.

La lista de proyectos que terminan siendo pozos de dinero público es larga. Ezquiaga cree que “mientras no veíamos la cara oscura de la crisis, la opinión pública y los medios jaleaban estos proyectos", en gran medida “frívolos” y “megalomaníacos”. Y “tenían éxito”, añade, “servían para ganar elecciones”. Ahora, “es como si la crisis nos hubiera quitado la venda de los ojos y de pronto viéramos que el rey iba desnudo”.

La clave: planificación, estrategia y participación
La clave para que una infraestructura funcione tiene, según el decano de los arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga, “tres patas”. La primera es elaborar antes de empezar a construir “un estudio de factibilidad y de las necesidades” que conllevará la obra.
En segundo lugar, el proyecto ha de enmarcarse en “una estrategia global” de desarrollo de una zona o una ciudad. Un caso positivo que según Ezquiaga, ha dado lugar a “imitaciones frívolas” es el del museo Guggenheim de Bilbao. Este icónico edificio, obra del arquitecto Frank O. Gehry, simboliza, a juicio de Ezquiaga, “el resurgimiento de la decadencia industrial de principios del siglo XX”, un mensaje que “unía a los bilbaínos”.
Pero el Guggenheim, sostiene, es “una anécdota dentro de todo lo que ha hecho Bilbao”. El decano recuerda que la capital vizcaína acometió una profunda regeneración del tejido industrial, redibujó los sistemas de transporte de la ciudad y la revitalizó el Casco Antiguo, entre otras iniciativas. La obra de Gehry, además de “estar muy bien elegida”, encaja en esta estrategia global. Ezquiaga explica que sin todo eso detrás, “el Guggenheim sería una ruina”.
Y por último, considera que es muy importante “escuchar a la gente” y fomentar la participación de la ciudadanía. Muchas de las obras que acaban por no tener utilidad “se habrían evitado si el sentido común de la gente hubiera tenido voz”, opina.

Con información de Sonia Vizoso, Antonio Jesús Mora y Javier Doria.

Humor: Finanzas públicas ácidas...

Inversión pública y elecciones llevaron al poder a Hitler

Como el sistema de carreteras de Alemania ayudó a Hitler a subir al poder
Por Eric Jaffe, CityLab


Tomaron el camino de abajo. AP Photo

Hoy se cumple el 70 aniversario del Día D, entre los momentos más importantes del evento más crucial del siglo 20. El desembarco en la playa de Normandía no puede haber tenido un impacto directo sobre la naturaleza de las ciudades de Estados Unidos, excepto en la medida en la vida estadounidense no era el mismo que hoy en adelante. Pero en el espíritu de mirar hacia atrás en esa época que dirigimos nuestra atención a algo con muy clara relevancia para el carácter de nuestras áreas metropolitanas: la Autobahn.

Impresionante red de carreteras de Alemania, en parte inspiró el Sistema Interestatal de Carreteras que cambió la forma de las ciudades americanas (para bien y para mal). También podría haber acelerado el ascenso de Hitler al poder.

Esa es la conclusión alcanzada por los economistas Nico Voigtlaender de UCLA y Hans-Joachim Voth, de la Universidad de Zurich en un documento nuevo y fascinante trabajo sobre el papel de la autopista en el régimen nazi. Mediante el análisis de los registros de votación, entre noviembre de 1933 y agosto 1934 junto a los patrones de la carretera, Voigtlaender y Voth encontraron que cualquier oposición a Hitler volvió a su favor significativamente más rápido en las zonas donde la autopista se está construyendo que en otros lugares. Con el país todavía se está recuperando de la Gran Depresión, los alemanes podrían haber visto las nuevas carreteras como una señal de que el régimen de Hitler podría reactivar la economía.

"Encontramos una fuerte evidencia de los cambios en el comportamiento electoral en uno de los ejemplos más sobresalientes de gasto en infraestructura", dice Voigtlaender CityLab. "Además, se muestra esto en un contexto de atraer votos de la oposición-es decir, las personas que eran más difíciles de convencer."

Como Hitler llegó al poder en 1933, quería demostrar que su gobierno podría hacer las cosas en una forma en que el gobierno de Weimar no tenía. La construcción de la autopista fue la demostración perfecta. Hitler comenzó la construcción de la red de carreteras en septiembre de 1933-diciéndole a la multitud a "ponerse a trabajar", y dentro de un año la construcción estaba en marcha en 11 los principales corredores. La propaganda que siguió se refirió a "los caminos del Führer", como una manera de conectar la terminación de la carretera con un régimen nazi eficaz.


Un mapa que muestra la red de carreteras de Alemania en 1934

Voigtlaender y Voth estudiaron el efecto de este programa de infraestructura examinado los resultados de dos votos en todo este tiempo:. Unas elecciones parlamentarias en noviembre de 1933, y un referéndum para que Hitler líder supremo en agosto de 1934 Ni elección fue una libre. Tropas de asalto se cernía sobre los colegios electorales y los votantes coaccionados. Pero la oposición aún existía. Más de un cuarto de Hamburgo y Berlín votantes rechazó candidatos nazis en la elección '33, y casi una cuarta parte de los votantes de Aquisgrán echada "no" en la boleta electoral '34.

Registros de votación de emparejamiento durante 901 condados con la geografía de la red de carreteras emergente revelaron diferencias claras en los turnos de votación pro-nazis durante este 9 meses estiramiento. Mientras que los votos en contra del régimen se redujeron en un 1,6% de media, los votos de la oposición se redujo en un 2,4% en recintos cercanos construcción Autobahn. Dicho de otra manera, las personas que viven cerca de una nueva carretera eran más rápidos a aceptar a un gobierno nazi.

El siguiente mapa muestra que las áreas donde se está construyendo la carretera (líneas negras) tendieron a alinearse con los cambios más grandes en la votación de "sí" (el más oscuro el distrito, el más grande es el columpio en la aprobación Nazi):


Mapa que muestra cambio en favor de los nazis

Como un control más en sus conclusiones, Voigtlaender y Voth regresaron a las elecciones de marzo de 1933, las últimas elecciones semi-libres de la época. Votos en contra los nazis en la que las elecciones fueron "casi idénticos" en las dos áreas de enfoque (53,8-53,3% con y sin construcción). Pero entre ese momento y agosto de 1934, la oposición nazi cayó un 15% en las zonas fuera de la huella de desarrollo de la autopista, y se redujo en un 25% en las áreas que la integran.

Voigtlaender y Voth concluyen:

"Encontramos que la oposición electoral a la dictadura naciente se redujo significativamente en los distritos atravesados ​​por la autopista. Este efecto es mucho más grande después de noviembre 1933 que antes, de acuerdo con los patrones de gasto en el tiempo. Hay un claro gradiente al colapso en la oposición - cuanto más lejos de las carreteras un distrito era, cuanto menor sea la reducción de la oposición".

El enlace es bastante convincente (los investigadores sostienen incluso, sobre la base de pruebas adicionales, que es "probablemente" causal). No es difícil imaginar cómo las cosas podrían haber desplegado. Trabajadores de la carretera pasado el dinero en las tiendas locales, generando optimismo en la economía y en el nuevo gobierno. En una escala más amplia, el régimen mostró la autopista como un signo de su capacidad para guiar a Alemania de nuevo hacia la prominencia global.

Curiosamente, escriben los investigadores, esa impresión favorable fue en gran parte una ilusión. La autopista no logró estimular tanto el empleo como lo prometió; en vez de poner 600.000 alemanes para trabajar, empleó sólo 125.000 en su apogeo. La posesión de automóviles también fue muy baja a principios de 1930, lo que limita los beneficios inmediatos de vivir cerca de una carretera. Con toda probabilidad, la recuperación económica estaba en camino con o sin el proyecto.

"Los alemanes a menudo creen que la construcción de carreteras fue el único punto brillante del régimen nazi", dice Voigtlaender. "Nuestra interpretación es que esto se basa en una interpretación errónea del verdadero efecto económico de la autopista."

Si bien la autopista podría haber ayudado a Hitler a consolidar el poder con mayor rapidez, su eventual reclamación en que el poder era inevitable, incluso en el momento. Lo mismo podría no siempre puede decir de la victoria aliada en Europa. Aunque después de las cosas del día D sin duda parecía más brillante.

Quartz

En la hiperinflación del gasto público

Descontrol fiscal: el gasto público aumentó seis veces y llegó a los 114 mil millones de pesos
En agosto el déficit creció 48,9%, mientras que se multiplicó por seis en lo que va del año.


Increíble y desvergonzado inepto


RESULTADO NEGATIVO. En agosto el déficit fiscal creció un 48,9%.RESULTADO NEGATIVO. En agosto el déficit fiscal creció un 48,9%.
El déficit financiero del sector público nacional fue en agosto de 1.877,2 millones de pesos, pero se elevó a 20.277,4 millones en el mes, con un aumento del 48,9%, y a 114 mil millones de pesos en ocho meses, con un crecimiento seis veces mayor en lo que va del año, si no se computan los auxilios financieros del sistema previsional y del Banco Central, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía.

En un comunicado, la cartera conducida por Axel Kicillof destacó que en agosto hubo un superávit fiscal primario (sin computar servicios de deuda) de 868,7 millones, que llega a 3.838,8 millones en los primeros ocho meses del año. En cuanto al resultado financiero (que incluye los servicios de deuda) sumó en ocho meses 40.345,4 millones, que sin la asistencia de las denominadas "rentas de la propiedad" alcanzaron a 114.003 millones de pesos.

La asistencia al Tesoro con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional y del Banco Central creció en forma considerable en los últimos años, al punto de representar en lo que va del año casi el doble que todo el déficit financiero (79.247,6 millones y 40.345,4 millones). Por su parte, en agosto las Transferencias Corrientes a Personas y Empresas Privadas (subsidios y prestaciones sociales) alcanzaron los 21.848,5 millones de pesos y subieron un 60,1% con respecto al mes pasado.

Esta suba generó preocupación tanto entre economistas como entre políticos, por lo que este miércoles el senador radical chaqueño Ángel Rosas le preguntó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, si se prevé una nueva modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, cuyas transferencias al Tesoro se encuentran al borde del límite para todo el año.

No obstante, el Ministerio de Economía dio a conocer un comunicado en el que se destacó que en agosto "el Sector Público Nacional ha obtenido un superávit fiscal primario que, medido en base caja, alcanzó la suma de 868,7 millones de pesos".

TN

Cada legislador bonaerense cuesta lo que 130 maestros al año

Cada legislador bonaerense le cuesta $ 16 millones anuales a la provincia

Los parlamentarios disponen cada uno de hasta $ 240.000 mensuales para contratar empleados y de hasta medio millón al año para becas y subsidios sin control

Por María José Lucesole  | LA NACION

LA PLATA.- La Legislatura de la provincia de Buenos Aires es probablemente uno de los mayores símbolos de la utilización de una institución como caja política. Maneja un presupuesto de 2191 millones de pesos al año, lo que significa que cada legislador bonaerense representa una erogación de 16 millones por año.

A esos montos se llegó luego de que en trámites a libro cerrado ambas cámaras aprobaran para este año un aumento de gastos en torno al 30% respecto de 2013.

La legislatura bonaerense, una caja que
beneficia a todos los actores políticos
de la provincia. Foto: LA NACION / Santiago Hafford

Dentro de este millonario presupuesto se incluyen los montos de entre 235.000 y 500.000 pesos al año que puede entregar cada legislador en becas y subsidios, prácticamente sin controles efectivos y con la posibilidad de solventar de allí favores y pagos políticos. También es importante la cifra de la que disponen para nombramientos de empleados, que oscila entre 160.000 y 240.000 pesos mensuales.

Esto hace que tanto el Senado como la Cámara de Diputados sean destinos muy codiciados políticamente, al punto de que muchos de sus miembros tienen décadas en sus bancas.

La magnitud de esos beneficios ha logrado que, independientemente del partido o bloque al que pertenezca el legislador, prevalezcan la defensa corporativa y los acuerdos legislativos por sobre los intentos de reforma y las demandas de transparencia. Y en algunos casos ha dado lugar a denuncias por supuestos pagos de sobornos.

El presupuesto de la Legislatura bonaerense es nueve veces superior al de la provincia de Córdoba, casi tres veces mayor al de Santa Fe y el doble del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo es superado en montos por el Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 1252 millones de pesos para 92 legisladores, y el Senado distribuye 939 millones de pesos entre sus 46 miembros.

El Senado, presidido por el vicegobernador Gabriel Mariotto, se fijó una suba del 28,8% respecto de los 728 millones de 2013. Al igual que en la Cámara de Diputados, no hubo debate público, sino una votación exprés registrada horas después de la sanción del presupuesto general de la provincia, en noviembre pasado. La votación fue avalada por todos los bloques políticos sin debate público.

Cada senador tiene una dieta de 54.000 pesos. Pero esos ingresos pueden resultar insignificantes si se los compara con los millones de pesos que administran cada año. Según cifras oficiales, cada senador dispone de unos 4000 módulos, a valor de 60,86 pesos cada uno, para contratar empleados políticos. Es decir, unos 240.000 pesos mensuales, para pagar a sus "colaboradores". Disponen también de medio millón de pesos por año para becas y subsidios y subvenciones.

De los 1252 millones de pesos de presupuesto de Diputados, 845 millones corresponden a gastos de personal; otros 199 millones, a servicios no personales, y 175 millones, a bienes de transferencia. Hay 790 empleados de planta permanente con estabilidad, 149 cargos de planta temporaria, 92 cargos de planta permanente sin estabilidad y seis funcionarios de ley.

Cada diputado tiene una dieta de 30.000 pesos mensuales. Pero además reparte subsidios por 235.000 pesos al año y administra becas por un monto similar, además de unos 3000 módulos -a 53 pesos cada uno, es decir, 160.000 pesos- para contratar personal.

"Cada diputado se hace cargo de pedir los subsidios y de la entrega de los mismos. No estamos autorizados a difundir la nómina completa", dijo el secretario administrativo de la Cámara, Daniel Lorea, ante una consulta de LA NACION para ver los registros del dinero público.

Este registro es importante porque, según ex empleados de la Cámara, los beneficios no siempre llegan a los destinatarios: "Históricamente, los legisladores tienen militantes amigos a los que les piden el número de DNI y les sacan subsidios. Luego les entregan sólo una décima parte de ese dinero. O nada", admitió una ex funcionaria en estricto off the record.

Lo mismo sucede con los nombramientos de personal: "Piden el DNI a personas necesitadas a cambio de darles cobertura médica de IOMA y aportes jubilatorios. Ellos se quedan con el dinero de los contratos", explicó la fuente, que fue secretaria de distintos legisladores durante más de diez años.

"Es una locura. Si supiéramos de estas maniobras, sólo podríamos denunciarlas", se defendió el director administrativo del Senado, Ignacio Cingolani.

Los manejos económicos llegan, según algunas fuentes, a niveles más altos. A puertas cerradas y en estricta reserva, el relato de ex empleados da cuenta de supuesto reparto de dinero en efectivo entre los legisladores a la hora de votar leyes controvertidas. "Hubo épocas en las que el dinero llegaba en valijas o bolsos. Los legisladores se encerraban en los despachos de los presidentes de bloque y se repartían las pilas de dinero en sobres", dijo a LA NACION una fuente que trabajó con distintos presidentes de bloques.

El diputado Ricardo Vago (FAP) admitió a LA NACION: "Yo nunca vi reparto de dinero en efectivo. Pero con la ley Siam -expropiada en 2012 a una cooperativa de trabajadores para ser entregada a un empresario cercano al poder- me dijeron: «El tipo [no aclara quién] tiene una habitación llena de euros en Puerto Madero». Eso se corrió en el momento de la votación. Nuestro bloque votó en contra, pero otros se dieron vuelta entre la reunión de labor parlamentaria y la votación", aseguró el legislador.

"Es todo fantasía", replicó Lorea. "No es real. Quien tenga pruebas debe denunciarlo", desafió.

El botín económico es tan preciado que algunos senadores y diputados llevan décadas reconvertidos en representantes de distintos partidos. Por caso, el diputado Alfredo Antonuccio permanece desde hace 23 años. Llegó en 1991 por el PJ. Tras militar y presidir el bloque del Frente para la Victoria, ahora es diputado por el Frente Renovador. Otro caso emblemático es el senador Patricio García, ex intendente de Florentino Ameghino, quien llegó al Senado en 1997, durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

Para enfrentar el problema, Mariotto dispuso bancarizar todos los pagos, pero algunos son escépticos sobre los alcances de la medida.

"Igual, las secretarias de los bloques se quedan con las tarjetas de los empleados contratados. Cobran, entregan una porción del salario a los militantes y el resto se lo quedan. Lo mismo sucede con los subsidios: les cobran los cheques", dijo a LA NACION un representante gremial que conoce los movimientos de la Cámara alta.

"Es imposible. Las tarjetas electrónicas de los empleados contratados llegan al banco. Y ahí las debe retirar el beneficiario, al igual que los cheques, que se hacen a nombre del destinatario", dijo Cingolani, el director general de Administración del Senado.

CIFRAS DE UNA CAJA MILLONARIA Y SIN CONTROL

• $ 2191

millones

Es el presupuesto de la Legislatura bonaerense para este año. Es la caja política más grande de todo el país

• $ 16

millones

Es lo que cada legislador bonaerense le cuesta al Estado por año. Integran el Poder Legislativo de la provincia 92 diputados y 46 senadores

Aumento sin debate

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron subas de 30% en sus gastos en sesiones exprés y a libro cerrado

Silencio unánime

La falta de transparencia es avalada por todos los bloques, que usan el dinero para financiar sus partidos

• $ 240.000

En módulos

Cada senador recibe esa cifra por mes para pagar a sus colaboradores, además de su dieta de $ 54.000. Y disponen de $ 500.000 para becas y subsidios

• $ 395.000

En personal y becas

La cifra surge de sumar los $ 235.000 que cada diputado reparte en subsidios y los $ 160.000 para contrataciones. La dieta es de $30.000.