¿Cómo se financiaban las obras públicas en la Edad Media?
La sisa era un impuesto que descontaba una cantidad de ciertos productos
Pago de impuestos en la Edad Media.
Javier Sanz | El Economista
Antes de la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, momento que la historiografía establece como el fin de la Antigüedad y comienzo de la Edad Media, de las obras públicas se encargaban los publicani y la financiación corría a cargo de las arcas del Estado, por orden del Senado durante la República y por el propio Emperador durante el Imperio, o de los magistrados, los cargos públicos de Roma.
Las conquistas de la República implicaban cuantiosos botines de guerra, nuevos ingresos vía stipendium (tributo que debían pagar las ciudades vencidas) y vastas extensiones de tierra, pero tras la correspondiente celebración del triumphus había que gobernar y administrar los recursos de las nuevas posesiones, además de satisfacer las necesidades de los paisanos que las habitaban, ahora sometidos.
Y aunque todos los caminos conducían a Roma, sus tentáculos administrativos no eran lo suficientemente largos para llegar hasta donde se requería, así que tuvo que servirse de terceros, los publicani. Los publicani eran empresarios privados o incluso sociedades (societates publicanorum) a los que se recurría para la construcción de la obra pública civil (acueductos, cloacas, calzadas...), la religiosa (templos), la de carácter propagandístico (estatuas, monumentos...) y la cultural (anfiteatros, teatros, circos...), además de la reparación cuando se deterioraban.
Una vez que el Senado había aprobado el gasto y presentadas las ofertas en papiro o pergamino enrollado y lacrado, los censores estudiaban las ofertas y adjudicaban la obra al proyecto que reuniese la mejor relación calidad/precio. Aunque en teoría el Senado controlaba la toma de decisiones de los censores, ser generoso con éstos o pertenecer a su círculo de amistades hacía que tus posibilidades de éxito aumentasen proporcionalmente a tu generosidad o grado de amistad. Durante el Imperio, el Senado fue perdiendo poder en favor del Emperador y convirtiéndose en poco más que un órgano consultivo.
La mayoría de los cargos públicos en Roma tenían periodicidad anual, no estaban remunerados y, en algunas ocasiones, eran desempeñados por dos miembros por aquello de no acaparar poder. Al no estar remunerados, sólo los candidatos de familias pudientes y con recursos podían ser candidatos, ya que debían financiar de su bolsillo las campañas electorales e incluso todos los gastos durante su mandato. Y no eran pocos, porque para ganarse el favor del pueblo costeaban obras públicas o financiaban espectáculos (teatro, carreras de cuadrigas, lucha de gladiadores...). Pero no sufráis por ellos, para unos era un gran honor -lo que hoy se podría llamar un servicio público-, y para otros era una inversión de futuro -para llegar a un puesto vitalicio en el Senado, el cementerio de elefantes-.
Los impuestos indirectos de los pueblos germánicos y los señores feudales
Con la desintegración de las estructuras centralizadas de Roma el poder se dispersó entre los pueblos germánicos y posteriormente entre los señores feudales, sustituyendo el modelo productivo esclavista por una relación de servidumbre entre el noble y sus vasallos. Lógicamente, cada uno de estos señores (reyes, condes...) debía encargarse de dotar a su reino o feudo de las estructuras necesarias: puentes, molinos, norias, fortificaciones, acequias... Tampoco hay que preocuparse por ellos, ya que toda esta inversión se repercutía directamente vía impuestos en sus vasallos. Como por ejemplo, la alfarda (pago por el aprovechamiento del agua de las acequias), el herbaje (pago por aprovechamiento de los pastos), el montazgo (impuesto sobre los ganados y adeudado por el tránsito), el diezmo (gravamen correspondiente a la décima parte de las cosechas que recaudaba la Iglesia y servía para el mantenimiento del clero), el alhondigaje (impuesto por el depósito de mercancías), la alcabala (impuesto que gravaba el comercio de mercancías), cuatropea (impuesto sobre la venta de ganado), las banalidades (pago en especie por el uso del molinos u hornos comunitarios), el terrazgo (renta que se paga al señor de una tierra por quien la trabaja), los portazgos (impuesto que se exigía en las puertas de las ciudades y villas y que gravaba las mercaderías que los forasteros introducían en ellas para su venta), los pontazgos (similar al anterior, pero se paga al cruzar puentes)...
Además, todos estos impuestos medievales eran indirectos -se aplicaban independientemente de la capacidad económica y gravaban la producción, el comercio o el consumo-, repercutiendo casi en exclusiva en el pueblo y beneficiando a la Corona, la nobleza y el clero.
La sisa, el impuesto que descontaba una parte a ciertos productos
Caso aparte merece la sisa, impuesto que consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad en el peso o medida de ciertos productos, normalmente un octavo. La diferencia entre el precio pagado y el de lo que realmente se recibía (sisa) era el gravamen que iba al fisco. Aunque inicialmente este impuesto estaba destinado para necesidades financieras extraordinarias y puntuales, resultó tan eficaz que terminó por convertirse en un tributo permanente. La Corona podía recaudarlo directamente o delegar en las instituciones locales, lo que suponía para el rey una manera de conseguir dinero por adelantado que salía de las arcas municipales. Visto que era un impuesto seguro -la maldita costumbre que tiene el pueblo de comer todos los días y más de una vez-, los municipios también quisieron sacar tajada de la sisa y comenzaron a recaudarla directamente en beneficio de sus propias arcas y no de las de la Corona. Eso sí, siempre con autorización real o de las Cortes y especificando en qué se iba a emplear la recaudación.
¿Y a qué productos se les aplicaba este impuesto? Pues dependía de cada municipio, pero generalmente a bienes de primera necesidad como el pan, la carne, el aceite, el vino... por lo que era uno de los impuestos más impopulares. Opinión muy distinta tenían de la sisa los que la recaudaban, porque estuvo en vigor desde del siglo XIII hasta 1845 y, la verdad, sirvió para mejorar las infraestructuras, para la dotación de servidos y para hacer frente a desastres naturales, como por ejemplo la sisa del vino en Avilés (1485) para reparar lo destruido por el fuego; la de San Sebastián sobre las "cosas de comer" (1489) para reparar las torres y puentes; la de la carne en México (1529) para financiar la conducción de agua; la del vino de Burgos (1569) para financiar inversiones en el abastecimiento de agua o la de 1582 para la reparación del puente de Santa María tras una riada; la del pescado de Sevilla (1596) para fortificar Cádiz; la de la carne y el vino de Santiago de Compostela (1602) para reparar las fuentes y calzadas; la del vino de la Plaza (1618) para construir la plaza Mayor de Madrid; la de carne de Baeza (1625) para la canalización del agua; la de la Salud sobre el vino y el carbón (1637) para hacer frente a una epidemia de peste en Málaga; la del carnero en Madrid (1644) destinada a los hospitales; la del tabaco de Madrid (1673) para atender urgencias... También las hubo para gastos más superfluos, como la sisa del cuarto de palacio de Madrid sobre la carne (1638) para construir un habitación en el Palacio para doña Margarita de Austria, la del cacao y el chocolate (1676) para "otros" gastos de la monarquía o la del hierro y los metales (1679) para "las fiestas y regocijos del casamiento y recibimiento de la reina doña María Luisa de Borbón"; e incluso para fines bélicos como la del tocino y el vino de 1656 para la guerra de Flandes o la del azúcar en 1660 para la guerra de Portugal.
Como hemos visto, por lo menos en los grandes núcleos, el recurso más habitual para financiar los gastos de infraestructuras desde la Baja Edad Media hasta la mitad del XIX fueron las sisas.
