La inviabilidad del estado argentino y su política asistencial

El Estado emite 18 millones de cheques al mes además de salarios del personal

Más del 60 por ciento del Presupuesto se destina a jubilaciones y planes sociales. Lo recibe el 40% de la población. La opinión de los especialistas y las reformas pendientes







Mariano Spezzapria | El Día
@mnspezzapria

¿Es viable un país cuyo Estado emite 18 millones de cheques al mes? ¿Esto es, que realiza transferencias directas de fondos al 40 por ciento de su población? La respuesta puede resultar inquietante, tanto como una pregunta derivada de la primera: ¿Qué sucedería si ese financiamiento público disminuyera sensiblemente, en un contexto de altos indicadores de pobreza y persistente inflación?

Los números son crudos: en la Argentina de 2019, más del 60 por ciento del Presupuesto nacional está destinado al pago de jubilaciones y al sostenimiento de los planes sociales. El sistema previsional cuenta con nueve millones de adultos mayores, mientras que la red de contención a los sectores más vulnerables incluye a otros ocho millones de beneficiaros. Además, el Estado financia un millón de pensiones, entre ellas las de invalidez y además deben contarse los fondos para el pago de salarios del personal que en el gobierno nacional son 350.000 personas pero sumados a los dependientes de provincia y municipios hacen un total de 3.500.000. Es decir que del sector público de la Argentina dependen más de 21.000.000 de hombres y mujeres. En el sector privado se desempeñan alrededor de ocho millones de argentinos y argentinas.

Asistencia alimentaria

A esto deben sumarse los programas de asistencia alimentaria que en nuestro país -y específicamente en la región del Conurbano de la Provincia- se complementan con aportes del Estado, las iglesias y organizaciones no gubernamentales. Expertos en el área social consultados por EL DIA estimaron que unas 8,5 millones de personas reciben al menos una vez por día una ración de comida que no pueden conseguir por medios propios.

Los números no cierran, en un doble sentido: por un lado, las arcas estatales conviven con un déficit estructural que provoca crisis recurrentes; por el otro, los sistemas previsional y de protección social requieren tanto dinero que no logran destinar ingresos dignos a los sectores más desprotegidos de la población. Por estos motivos es que empieza a discutirse la necesidad de introducir reformas de fondo en ambos sectores.

“Modelo agotado”

Daniel Arroyo, diputado nacional por la Provincia y especialista en el área, advierte sin medias tintas que “el modelo argentino de asistencia social está agotado”. Esa conclusión la saca en base a datos históricos: cita desde las Cajas PAN del alfonsinismo, los Planes Trabajar del menemismo (unos 100.000, financiados por el Banco Mundial), la masificación de los Jefes y Jefas de Hogar del duhaldismo (2,2 millones de beneficiarios) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) del kirchnerismo, que cubre ahora a 4,5 millones de niños.

La curva ascendente de la ayuda social se mantiene en la actualidad, bajo la administración de Cambiemos. El ministro de Desarrollo bonaerense, Santiago López Medrano, justifica esa tendencia en diálogo con este diario: “No importa si el tren para en la estación, igual hay mucha gente que no puede subir”, grafica el funcionario. Aunque admite: “Hay restricciones de financiamiento; la plata tiene que salir de algún lado”.

Ahí viene el problema, que es como un círculo vicioso: el Estado otorga planes a sectores vulnerables; no le cierra la caja porque los recursos son finitos; provoca un déficit que “resuelve” con emisión o endeudamiento -cada gobierno con su librito económico- y finalmente los más perjudicados terminan siendo los sectores supuestamente protegidos, vía inflación o crisis del sector externo, que aumenta la “deuda interna”. Es la Argentina de las últimas décadas. El Estado parece un espectador ante el crecimiento de la evasión que se advierte a simple vista en las calles de las ciudades.

“Ponerse los pantalones largos”

Diego Bossio, diputado nacional por la Provincia y ex titular de ANSES en el Gobierno anterior, hace notar un punto clave para esta discusión: “Mientras cuatro de cada 10 trabajadores estén en negro, ningún sistema va a ser sustentable”, advierte en diálogo con este medio. Y agrega, para que no queden dudas: “Este problema es el Talón de Aquiles de la seguridad social”. Por eso, llama a “no ser hipócritas y ponerse los pantalones largos” para destrabar el debate.

“Las sociedades están envejeciendo. Lo que se denomina bono demográfico, es decir la cantidad de chicos jóvenes con respecto al resto de la sociedad, viene disminuyendo de manera considerable”, sostiene Bossio y reclama: “Hay que discutir una reforma previsional de avanzada, que permita aumentar la cantidad de aportantes al sistema, dotarlo de nuevos recursos, y que a su vez permita pagar mejores jubilaciones”. Pero lo cierto es que hay miles de jubilaciones privilegiadas, que se crearon nuevas fórmulas como el sistema para las amas de casa -aunque jamás hayan aportado y las irregularidades en los casos de incapacidad parcial o total.

Un debate global

Los sistemas previsionales están en discusión en todo el mundo aunque no llegan a un déficit de la magnitud del que se registra en nuestro país. En la Argentina contiene una particularidad: el Gobierno nacional impulsó una “reparación histórica” que aumentó el déficit en un 1,5 por ciento del PBI y ahora comienza a manifestarse cada vez más la crisis del sistema. Se pone sobre la mesa la necesidad urgente de buscar salidas. De hecho, también el Fondo Monetario reclama una reforma previsional.

Durante los tres gobiernos kirchneristas, en tanto, se sumaron tres millones de beneficiarios al sistema, cuya cobertura pasó del 60 al 90 por ciento de la población de adultos mayores de más de 65 años. El aporte promedio que habían realizado era de ocho años, pese a que la legislación requiere de al menos 30 años. Si bien se presentó esa política como un acto de “justicia social”, también es cierto que los beneficiarios del sistema son millones, lo que genera un gran poder electoral. Por eso los gobiernos de turno encaren una política de Estado. Lo mismo sucede con los planes sociales. A tal punto, que buena parte de la campaña presidencial de 2015 consistió en acusaciones del kirchnerismo al macrismo de que iba a dejar sin esa cobertura a millones de personas, la mayoría de ellas asentadas en el Conurbano. Al final eso no ocurrió; es más, la cantidad de planes sociales aumentó.

“reempadronamiento de planes”

“Vamos hacia la digitalización y el reempadronamiento de los planes, con una tarjeta única de transferencia. Está demostrado mundialmente que eso es mejor porque evita el clientelismo”, afirma López Medrano. Mientras que Arroyo acentúa su mirada crítica: “Al modelo macrista le sobran 20 millones de personas”, advierte. Con esa lógica, podría aventurarse que a los 18 millones de cheques que emite el Estado, se le agregarán otros 2 millones en los próximos años.

Todo eso convive con una pobreza estructural estimada entre el 20 y el 25 por ciento de la población y una economía informal -en negro o popular, de acuerdo a quién la invoque- cuyo piso no baja del 35 por ciento. “La pobreza no se resuelve con los planes sociales”, dijo alguna vez el presidente Mauricio Macri. Pero hasta el momento, la única iniciativa de su gestión para reconvertirlos en materia productiva -el Plan Empalme- fracasó.

El primer país en tener planes sociales masivos fue Estados Unidos en los años 30 durante la presidencia de Franklin Roosevelt pero todos los beneficiarios debían trabajar aunque fuera cortando el césped de las plazas para mantener la “cultura del trabajo”.

En muchos países europeos la mayor preocupación en el plano estructural es el futuro del sistema previsional por el envejecimiento de la población que sigue en ascenso y que produce el aumento del número de jubilados y el estancamiento, cuando no la reducción, del número de aportantes.

En la Argentina ese no es aún el mayor problema, aunque el sistema está totalmente desequilibrado porque por cada retirado no hay ni siquiera dos aportantes. La angustiante situación no está planteada como un tema para debatir. Lo grave es que los que pagan impuestos no pueden ser sometidos a una mayor carga fiscal. Por supuesto que el déficit del sector público no se debe solamente al desbalance del sistema de previsión. También debe señalarse que hay 8 millones de trabajadores “en blanco” en el sector privado y 3.5 millones de empleados en el sector público.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de los jubilados no son responsables por la falta de aportes por los trabajadores en negro, ni por los privilegiados con grandes retiros, ni por las medidas demagógicas, ni por los fraudes y la pésima administración de los recursos. Tampoco por el saqueo a las cajas por parte de gobiernos que destinaron los fondos de los aportes a gastos sin relación ninguna con las jubilaciones o a cubrir el déficit del Estado.

La discusión sigue abierta. Y el problema irresuelto.

La curva ascendente de la ayuda social se mantiene bajo la administración de Cambiemos

El Estado parece un espectador ante el crecimiento de la evasión que se ve en las ciudades

Experimento de ingresos universales en Holanda

Una ciudad holandesa está dando a sus residentes dinero gratis, sin ataduras - he aquí por qué podría funcionar

Chris Weller, Tech Insider


Mujer holandesa que monta en bicicleta utrecht mujer netherlandsMichael Kooren / ReutersA montada en su bicicleta en Utrecht.

A partir de este otoño, la ciudad holandesa de Utrecht se iniciará un ambicioso experimento de un año de duración: dar cheques mensuales a numerosas personas y asistencia social, sin ataduras.

El concepto es conocido como un ingreso básico.

Se ofrece a los ciudadanos una cantidad estándar de dinero para cubrir los gastos, que van de los principales costos de salud a viajes cortos a la tienda de comestibles, en la parte superior de sus otras fuentes de ingresos.

Richard Nixon dio una idea similar un intento en la década de 1960. Una década más tarde, Canadá llevó a cabo su propio experimento. Y en 2016, Suiza está programado para celebrar un referéndum sobre la aplicación de la renta básica.

La renta básica todavía no ha surgido en plena vigencia en parte debido a la logística y en parte por temor a los abusos. Pero ese miedo puede ser mal guiados, al menos en los Países Bajos, de acuerdo con los que realizan el experimento.

"Las normas actuales en materia de bienestar son burocráticos y, en cierto modo, sobre la base de la desconfianza", dice Jacqueline Hartogs, portavoz de Victor Everhardt, Utrecht regidor para el trabajo y los ingresos.

Beneficiarios de asistencia social en Utrecht pierden sus beneficios si no pueden encontrar un trabajo, lo que indica que la desconfianza, Hartogs dice Business Insider.

"En nuestro experimento científico", dice ella, "nos acercaremos a las personas con menos o ninguna regla, para ver si todavía hacen un esfuerzo."

Investigadores del ayuntamiento y de la Universidad de Utrecht se separarán un mínimo de 250 beneficiarios de asistencia social en cinco grupos: un grupo de control que operan bajo las leyes actuales, los tres grupos con menos reglas, y un grupo de ingreso incondicional que recibe el dinero no importa qué.

Si el sistema filtra hacia fuera favorable, podría ser el primer ejemplo concreto de que las obras de ingresos básicos.

Ya sea que se expande fuera de Europa, sin embargo, es otra cosa, dice Almaz Zelleke, politólogo de la Universidad de Nueva York y experto renta básica.

El pequeño tamaño de ciudades como Utrecht podría apuntalar el éxito de la renta básica (población de la ciudad: 311.367).

Los Países Bajos también es un tanto anómala entre los países europeos, ya que cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial.

"Así que tal vez hay una mayor apertura a la idea de proporcionar un piso de seguridad de los ingresos sobre los que los ciudadanos pueden construir mayores ingresos con trabajo a tiempo parcial", dice Zelleke.

Por lo menos va por las estadísticas, el modelo de la confianza de Utrecht no parece traducirse otro lado del charco.

Una encuesta de 2012 mostró un 83% de los estadounidenses cree que las personas deben ser obligados a trabajar para recibir asistencia social. De lo contrario, estamos propensos a utilizar a la temida palabra L: limosna.

Utah soluciona el "problema de los desamparados"

La forma sorprendentemente sencilla Utah resuelto la falta de vivienda crónica y ahorró millones
Por Terrence McCoy - Washington Post



Un hombre en silla de ruedas hace su camino hacia el refugio para desamparados en Salt Lake City como una gran tormenta sopla en Utah. (Tom inteligente / Associated Press)

La historia de cómo Utah ha resuelto la falta de vivienda crónica comienza en 2003, en el interior de una sala cavernosa banquete Las Vegas pobladas por manadas de trajes. El problema en cuestión era aparentemente insoluble. El número de personas sin hogar crónica había aumentado desde la década de 1970. Y los costos relacionados se han disparado. Un estudio de la Universidad de Pennsylvania sólo había mostrado la ciudad de Nueva York caía un asombroso $ 40,500 en costos anuales de cada persona sin hogar con problemas mentales, que representan muchas de las personas sin hogar crónicos. Así que ese día, las ideas-balled escupen como funcionarios, un investigador social llamado Sam Tsemberis puso de pie para entregar lo enmarcó como un método sorprendentemente simple y rentable de poner fin a la carencia de hogar crónica.
Dé casas a las personas sin hogar.
Investigación Tsemberis ', llevado a cabo aquí en el Distrito y en la ciudad de Nueva York, mostró este no podía reducir drásticamente el número de personas sin hogar crónicas en las calles. También sería reducir el gasto en el largo plazo. Entre el público estaba sentado un hombre de negocios de Utah llamado Lloyd Pendleton. Él sólo había hecho cargo de la Fuerza de Tarea de Vivienda de Utah después de una exitosa carrera en los negocios. Estaba intrigado. "Se acercó a mí y me dijo, 'yo finalmente acabo de oír algo que tiene sentido para mí'", recordó Tsemberis en una entrevista. "'¿Estaría usted dispuesto a venir a Utah y trabajar con nosotros?'"
Esa conversación dio lugar a lo que ha sido quizás el más exitoso de la nación - y radical - programa para terminar con el desamparo crónico. Ahora, más de una década después, la falta de vivienda crónica en uno de los estados más conservadores de la nación pronto podría terminar. Y todo esto es gracias a un programa que al principio parece despojado del manual sangrado corazón. En 2005, Utah tenía casi 1.932 crónicamente sin hogar. Para 2014, ese número había caído un 72 por ciento a 539. En la actualidad, explicó Gordon Walker, el director de la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado, el Estado está "acercando un cero funcional." La próxima semana, dijo, que están ajustados a anunciar lo que llamó "una excelente noticia" que garantice un "título aún más grande", pero se negó a elaborar más.


La tasa de personas sin hogar crónica en Utah está a punto de un "cero funcional". (Cortesía de la Fuerza de Tarea de los Sinhogar de Utah.)

Cómo Utah logró esto no requería teoremas complejas o modelos estadísticos. Pero lo hizo exigir la suspensión de lo que había sido la sabiduría convencional. Durante años, la idea de simplemente dar las casas sin techo parecía absurdo, constituyendo la altura del despilfarro del gobierno. Muchos crónicamente sin hogar, después de todo, son víctimas de un trauma severo y problemas significativos de salud y adicciones mentales. Muchos más han gastado miles de noches en las calles y ya no están familiarizados con casa-sala de estar. ¿Quién, en su sano juicio, de buena gana daría a esas nuevas casas de marca popular sin ninguna prueba de una marcada mejoría?
Pero eso es exactamente lo que hizo Utah. "Si usted quiere terminar con el desamparo, se pone la gente en la vivienda", dijo Walker en una entrevista. "Esto es relativamente simple."
Las tuercas y tornillos: en primer lugar el estado identificaron las personas sin hogar que los expertos considerarían crónicamente sin hogar. Esa designación significa que tienen una condición de discapacidad y han estado sin hogar durante más de un año, o cuatro veces diferentes en los últimos tres años. Entre los muchos subgrupos de la comunidad sin hogar - como familias sin hogar o los niños sin hogar - los sin techo crónicos son a la vez el más difícil de reabsorber en la sociedad y el uso de los recursos más comunes. Terminan en la cárcel con más frecuencia. Están hospitalizados con más frecuencia. Y ellos frecuentan refugios más. En total, antes de instituir Primera Vivienda, Utah estaba gastando un promedio de $ 20,000 en cada persona crónicamente sin hogar.
Así que, en parte cortada esos costos - pero también para "salvar vidas", dijo Walker - el estado inició la creación de cada persona crónicamente sin hogar con su propia casa. Luego se los llevó el asesoramiento para ayudar con sus demonios. Tales servicios, el pensamiento se fue, se pagarlos con la seguridad y la seguridad de que los expertos dicen que es necesario volver a aclimatarse a la vida moderna. La falta de vivienda es muy estresante. Es casi imposible, la mayoría de los expertos están de acuerdo, a salir de las drogas o la batalla enfermedad mental mientras se somete a este tipo de tribulaciones.
Así que en 2004, como parte del periodo de prueba, el estado ocupa a 17 personas a lo largo de Salt Lake City. Luego se comprueban de nuevo un año más tarde. Catorce estaban todavía en sus hogares. Tres estaban muertos. La tasa de éxito había superado el 80 por ciento, lo que a Walker "sonaba muy bien."
Es ahora años después. Y en estos días, Walker dice que el Estado ahorra 8.000 dólares por persona sin hogar en gastos anuales. "Hemos ahorrado millones en esto", dijo Walker, aunque el Estado no ha contabilizado la cantidad exacta.
Reconoció, sin embargo, que "no es tan sencillo" en todas partes.
Al igual que en el Distrito, el hogar de los crecientes precios de alquiler y habitada por 1.785 personas crónicamente sin hogar. La ciudad ha incursionado en este programa, que se llama a la vivienda de apoyo permanente, desde el año 2008. Y en los primeros tres años, el Distrito ha añadido más de 1.200 nuevas unidades. Sólo en 2010, casi 600 fueron construidos. Pero desde entonces, el número ha caído en picado. En 2012, sólo 121 fueron construidos, aunque el nuevo presupuesto del alcalde Muriel Bowser ha hecho el programa una prioridad mayor. El presupuesto proporcionaría como vivienda permanente a 250 personas y 110 familias, dijo Kate Coventry del Instituto de Política Fiscal DC.
Pero de acuerdo con Walker, quien se describe como conservador fiscal, la inconsistencia puede matar algo como Housing First. "Utilizamos la Primera Vivienda modelo, pero no hemos desviado de nuestro enfoque.", Dijo. "Cuando empezamos de nuevo en el '04 y 'o5, no sabíamos esto se acabaría, pero nos hemos comprometido a ello."
Y ahora, las personas sin hogar crónicas ya no se anotó en los números. Están contados por su nombre. Los últimos están en espera de sus casas. "Una mujer había estado en la calle por un largo tiempo, hasta que finalmente la convenció de venir a nuestra vivienda", dijo Walker. "Ella no confiaba en ella, y ella puso su colección de cosas en la cama. Entonces, para las próximas dos semanas, ella dormía en el suelo. ... Pero una vez que se dio cuenta de que no íbamos a tomar esto de ella, que tenía una cerradura, había un buzón, ella comenzó a aclimatarse ".

La AUH afecta los incentivos en el mercado laboral

La Asignación Universal por Hijo perpetúa la pobreza

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La política que mayor aceptación convoca es la Asignación Universal por Hijo. El oficialismo la reivindica como un gran logro y la oposición no presenta críticas, salvo formalidades como que no fue aprobada por ley sino por decreto. Ambos pasan por alto que, debido a su rudimentario diseño, probablemente esté promoviendo la reproducción intergeneracional de la pobreza más que un proceso sostenido de inclusión social. Las experiencias acumuladas localmente y de otros países sugieren que hay elementos de diseño y gestión que se deberían mejorar.

La Asignación Universal por Hijo es uno de los pocos casos de política pública que congrega un alto nivel de consenso. Prueba de ello es que la mayor parte de la oposición no cuestiona  su diseño ni su gestión. A lo sumo, plantea cuestionamientos de tipo formal como, por ejemplo, que no fue sancionada por una ley del Congreso Nacional sino por un decreto de necesidad de urgencia. Parecería que se trata de una intervención de impactos muy positivos sobre la que habría poco por mejorar.

El programa consiste en un estipendio que se otorga a madres inactivas o que trabajen en la informalidad o en el servicio doméstico con una remuneración inferior al salario mínimo. El 80% se paga de forma mensual y el 20% restante está condicionado a que la madre cumpla con controles sanitarios y asistencia escolar de los niños. En la actualidad se paga $460 por hijo, hasta cinco hijos. Esto implica que se puede recibir hasta $2.300 mensuales.

Un tema complejo pero central como determinante del éxito de las políticas sociales es desentrañar los incentivos que los beneficios generan en la propensión a trabajar de los beneficiarios. En este sentido, la información oficial del INDEC correspondiente al 4° trimestre del 2012 permite observar que:  

· Las mujeres que tienen empleo en el sector informal cobran en promedio $2.073 mensuales trabajando una media de 32 horas semanales.

· Las mujeres en el servicio doméstico obtienen una remuneración de $1.220 mensuales trabajando una media de 29 horas semanales.

· Es decir que, para una mujer con bajo nivel de calificación laboral y varios hijos, el subsidio estatal es similar a la remuneración que obtiene en el mercado laboral.

Estos datos oficiales desnudan la gravedad de los problemas laborales que sufren los segmentos más postergados de la sociedad. Dadas las precarias oportunidades laborales que enfrentan las mujeres con bajos niveles de calificación, la inactividad –es decir, no incorporarse al mercado laboral para desempeñar un empleo remunerado– es una alternativa siempre latente. Con el actual diseño de la Asignación Universal por Hijo no sólo que no se revierten estos incentivos a la inactividad laboral de las mujeres sino que se acrecientan. Cabe alertar que, en la inactividad laboral, la dependencia del subsidio tiende a perpetuarse ya que se cierran las puertas a que el progreso y la salida de la pobreza sea  por la vía del trabajo y el esfuerzo propio.  

También hay que considerar los riesgos de alterar la planificación de la maternidad. Con datos del INDEC se puede estimar que entre las mujeres menores de 25 años que tienen hijos la proporción que no estudia, no trabaja, ni busca trabajo asciende al 57%. Esta proporción entre las que no tienen hijos asciende a apenas 17%. Madres que no estudian, ni trabajan no sólo condicionan la situación presente sino el futuro de sus hijos. Está demostrado que a menor nivel de educación de las madres más modesto es el desempeño escolar de los niños.

Argentina no ha innovado, ni mucho menos, con la Asignación Universal por Hijo. Varios países de América Latina –como México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Brasil– habían implementado antes que la Argentina intervenciones similares (técnicamente llamadas programas de transferencias condicionadas). Por eso, resulta muy llamativa la rusticidad del diseño en el caso argentino. Los abordajes de Chile, Uruguay, Brasil, por ejemplo, son más sofisticados ya que apuntan a evitar que el subsidio se multiplique proporcionalmente con la cantidad de hijos y lo complementan con acciones de planificación familiar, guarderías infantiles, apoyo escolar y/o formación para el trabajo.

El amplio consenso que goza la Asignación Universal por Hijo debería ser aprovechado para la evaluación crítica y propender a mejorar su diseño y gestión. Sólo de esta manera se podrá convertir a la Asignación Universal por Hijo en una herramienta eficaz de promoción social. Es decir, migrar del “asistencialismo a perpetuidad” hacia un instrumento moderno de promoción de las familias pobres para salir de la trampa de la vulnerabilidad. 

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