Por VANESSA BARBARA - New York Times
Credit Sarah Mazzetti
Al menos eso es lo que la gente anda diciendo. Los opositores llaman así —la Reforma del Fin del Mundo— a la propuesta de enmienda constitucional que aprobó el senado el mes pasado. ¿Por qué? Debido a que las consecuencias de la reforma parecen desastrosas. Y duraderas. Congelarán todo el gasto federal durante 20 años, incluyendo la educación y los servicios de salud.
El gobierno justificó la medida basándose en que Brasil enfrenta importantes déficits presupuestarios. Sin embargo, la gente no está convencida. Una encuesta de diciembre de 2016 reveló que solo el 24 por ciento de la población está a favor de la reforma. Los brasileños tomaron las calles para expresar su descontento. Se encontraron, como es habitual, con gas lacrimógeno y oficiales de la policía montada. Los estudiantes de secundaria tomaron mil escuelas en protesta, la mayoría en el estado de Paraná, al sur del país.
El gobierno no dará marcha atrás. La Reforma del Fin del Mundo es solo una de las muchas medidas neoliberales impulsadas por Michel Temer, el presidente de Brasil. Debería ser motivo de preocupación que Temer pueda llevar a cabo tantas reformas de tal envergadura, en especial considerando que la mayoría de ellas, incluyendo la de los límites al presupuesto, van en contra de la agenda de la persona que, a diferencia de él, sí fue electa presidenta.
En agosto del año pasado, la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fue destituida del cargo al ser acusada de haber manipulado el presupuesto estatal. Tan pronto como Temer, quien era vicepresidente de Rousseff, asumió el cargo, anunció una serie de políticas neoliberales. Todavía sigue en ello, con el argumento de que está sacando provecho de su impopularidad para implementar medidas impopulares.
El presidente Michel Temer de Brasil. Su reforma al presupuesto dañará a los ciudadanos más pobres y vulnerables del país durante las próximas décadas. Credit Evaristo Sa/Agence France-Presse — Getty Images
La reforma al presupuesto, al igual que muchas de las políticas de Temer, dañará a los ciudadanos más pobres y vulnerables del país durante las próximas décadas. No solo los opositores de izquierda del presidente opinan así. Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, declaró recientemente que la medida “congelará gastos en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en salud, educación y seguridad social, dejando, por tanto, a toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales”.
Alston agregó que la ley situará a Brasil en una “categoría socialmente retrógrada”. Que parece exactamente adonde Temer y sus secuaces quieren llevarnos.
Además de congelar el gasto, Temer presentó una propuesta para renovar el sistema de pensiones de Brasil. Su propuesta establecerá la edad mínima para el retiro a los 65 años, en un país en el que una persona promedio se retira a los 54. La ley también exige al menos 25 años de aportaciones al sistema de seguridad social para hombres y mujeres.
Hay buenas razones por las que Brasil no había aprobado leyes como esta en el pasado. Aunque el promedio de la esperanza de vida en Brasil es de 74 años, se trata de uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Por ejemplo: en el 37 por ciento de los barrios de la ciudad de São Paulo, la gente tiene una esperanza de vida de menos de 65 años. En el caso de la población rural pobre es aún menor.
Algunos de los planes económicos de Temer ni siquiera tienen que ver con un déficit presupuestal. Además, el mes pasado, poco después de aprobar el techo del presupuesto, el gobierno propuso un plan laboral que permitiría convenios entre los empleados y los sindicatos que se impondrían sobre las leyes laborales. La nueva propuesta también aumenta el máximo de horas laborales permitidas a 12 al día y reduce la reglamentación en materia de empleo de trabajadores provisionales. La comunidad empresarial ha alabado el plan, pero desató indignación entre los sindicatos.
Otra prioridad para el presidente Temer es lo que se conoce como el plan de outsourcing. Se propuso por primera vez en 2004, pero nunca se aprobó debido a la fuerte resistencia de los sindicatos. En abril de 2015 fue ratificado por la Cámara Baja del congreso y ahora aguarda la aprobación del senado. El proyecto de ley dará libertad a las empresas para contratar cualquier trabajo a terceros, incluso en sus actividades principales. Según las reglas actuales, las empresas solo pueden contratar externamente los empleos “no esenciales” como los de limpieza, en tanto que los trabajadores “esenciales” tenían que estar contratados directamente por la empresa, lo cual quiere decir que tienen derecho a todas las prestaciones y derechos que establece la ley, como vacaciones pagadas, permiso de maternidad y bonos de fin de año.
Teniendo en cuenta todo esto, no sorprende que la administración de Temer tenga una aprobación tan baja: una encuesta de diciembre reveló que el 51 por ciento de los brasileños lo califican como “malo” o “pésimo” (solo el diez por ciento de los participantes dijo aprobar al gobierno; el 34 por ciento lo calificó de “regular”). Temer también fue encontrado culpable de violar los topes de financiamiento de campaña y su nombre ha formado parte de uno de los muchos escándalos de corrupción que se desarrollan en el país.
No obstante, el nuevo gobierno ya ha recibido todo el apoyo de las siguientes organizaciones: la Federación Brasileña de Bancos, el Frente Parlamentario Agrícola, la Confederación Nacional de Industria, la Organización Mundial del Comercio, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro, la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores y varios altos ejecutivos.
Para algunos brasileños, al menos, el fin del mundo es el comienzo de una oportunidad de oro.
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