Emisión e inflación en Argentina

Capítulo Nº 21: Moneda sana o inflación incontrolable: la opción del BCRA

Jacques Rueff, prestigioso economista francés, autor de imprescindibles libros como “El Pecado monetario de occidente” o “La era de la inflación”, artífice del resurgimiento de Francia destruida por la inflación y desmoralizada por el estancamiento, solía repetir a todo el mundo: “cuanto más conozco a los presidentes de Bancos Centrales, tanto más confío en el oro”. Porque “utilizan las facultades de monopolio de emisión y cepo cambiario que le otorgan las leyes, para encubrir la irresponsabilidad financiera de un Estado que despilfarra el dinero del pueblo”.

1º. Emisión.

Para no generar inflación, el programa monetario del Banco Central no debiera incrementar la base monetaria a una tasa mayor que el ritmo de crecimiento del PIB. El Banco Central tendría que usar de sus facultades de mercado abierto para producir un aumento anual del 4 % en el volumen total de los medios de pagos (consistente en la moneda en manos del público y depósitos totales en bancos comerciales) Esa tasa de crecimiento debiera ser lo más regular posible, semana a semana, quincena a quincena y mes a mes, sin introducir movimientos estacionales en el volumen de los medios de pago.

Hace tiempo, se creía que el dinero era un agente pasivo, incapaz de ejercer por sí mismo, alguna influencia significativa sobre el curso de la economía.
Sin embargo en el siglo XVI, la escuela de Salamanca -que había descubierto muchas e importantes leyes de la economía- comprobó que en materia monetaria las cosas no eran de este modo. Sus integrantes describieron perfectamente el efecto del aumento de dinero sobre los precios cuando ingresaban en España las barras de oro y plata remitidas desde América.

Esas enseñanzas quedaron relegadas en el olvido. Tres siglos después, Adam Smith ocupó sigilosamente su lugar como pionero de la ciencia económica.

A partir del análisis estadístico matemático de la crisis del ’29 el enfoque de la escuela de Salamanca fue plenamente confirmado y la falsa creencia de la neutralidad del dinero quedó desterrada en el mundo científico. Hoy está ampliamente reconocido que la emisión de dinero tiene importancia decisiva en la conformación o pérdida del bienestar económico de los países por la inflación.

La teoría general trata sintéticamente de tres clases de inflaciones: a) inflación de demanda (demand pull inflation), b) inflación de costos (cost push inflation) y c) inflación de expectativas (build–in inflation). Los autores latinoamericanos han añadido una cuarta clase d): la inflación estructural.

Se dice que hay inflación de demanda cuando el consumo general de bienes se incrementa sin que el sector productivo haya puesto en marcha nuevas inversiones para adaptar la cantidad de bienes a la demanda incrementada. Otros autores sostienen que la inflación surge cuando el costo de la mano de obra, la energía y las materias primas se encarecen y los productores intentan mantener la tasa de beneficio incrementando los precios.

Un tercer grupo, vincula el fenómeno de la inflación con las expectativas de futuros aumentos de precios, señalando que en consecuencia tanto los compradores como los oferentes ajustan su conducta a esa previsión futura.
Finalmente, la Escuela austríaca de economía sostiene que la inflación no es otra cosa más que el incremento de oferta monetaria por encima de la demanda de la gente. Cuando la emisión monetaria es mayor que la generación real de nueva riqueza, los productores de bienes y servicios perciben que hay más dinero en circulación y en consecuencia reclaman precios más altos por sus productos y así aparece la inflación.

En todos los casos, las investigaciones estadísticas serias de los últimos 40 años han demostrado contundentemente que el volumen de medios de pago tiene una influencia decisiva sobre el nivel de precios.
En períodos relativamente cortos, ningún movimiento importante en el nivel general de precios tiene lugar sin movimientos en la misma dirección de la cantidad de dinero. Y viceversa, nunca pudo hallarse caso histórico alguno que demostrase que el aumento sostenido de los medios de pago no haya provocado un incremento general de precios en el corto plazo.

En períodos más largos, los cambios en el volumen del dinero pueden compensarse o reforzarse con otros factores para dominar parte de las tendencias en el nivel de precios.

Por esas investigaciones hoy se sabe universalmente, que la inflación es un fenómeno monetario ocasionado por varias causas formales, por una causa material y otra única causa eficiente.
Pueden ser causas formales: los aumentos salariales sin vinculación con la productividad, los mayores costos de producción, el estímulo del consumo por el gasto público desmesurado, el alza de precios de insumos importados, la devaluación monetaria, las expectativas alcistas, la rigidez de estructuras legales en sueldos y salarios, los mayores impuestos y cargas sociales, la resistencia social a bajar los precios, los acuerdos cartelizados de precios, los créditos blandos, las pérdidas de cosechas, los regímenes de precios máximos, las leyes de precios mínimos o precios sostén, etc.

Ninguna de estas causas formales es suficiente para producir per se, un aumento generalizado y sostenido de precios si, al mismo tiempo, no es convalidada por una causa material, esto es el incremento de la cantidad de dinero de alto impacto, formado por moneda en manos del público + depósitos a la vista en bancos + depósitos a plazo fijo excluyendo fondos aplicados a operaciones de ahorros y préstamos.
Esa causa material sólo se pone en acto cuando aparece una causa eficiente manifestada expresamente por un Banco Central permisivo mediante la política monetaria expansiva.

Por todo eso, una de las políticas anti-inflacionaria más contundente, que ha permitido erradicar el fenómeno de la inflación en todos los países del mundo consiste en adoptar una tasa fija de aumento en la cantidad de dinero de alto impacto.

El incremento debe suministrarse en forma suave y constante para eliminar las fluctuaciones cíclicas o inesperadas que perturban las previsiones y la planificación a largo plazo de los operadores económicos.
Universalmente se considera que esa tasa de incremento debiera fijarse de manera que haya una correspondencia con un nivel estable a largo plazo en los precios de productos finales. La tasa de aumento recomendada es ligeramente superior al 4% anual, tal como ha sido hallada en investigaciones estadísticas de los últimos cien años, en múltiples países y con sistemas económicos distintos: capitalistas, socialistas o dirigistas. De ese porcentaje, un 3 % se destina al crecimiento medio de la producción nacional y 1% se aplica al descenso secular de la velocidad del dinero, debido a que la gente desea mantener efectivo en sus billeteras a medida que aumentan sus ingresos y adoptan la costumbre de usar el dinero plástico de las tarjetas de crédito y débito.

La medida de aumentar el volumen del dinero a una tasa fija mensual parece tan simple que muchos piensan que es infantil y podría ser mejorada.

Sin embargo, la experiencia histórica no nos pudo proporcionar ningún ejemplo para suponer que esta regla pueda superarse. Desde 1929 hasta la crisis mundial del 2008, las autoridades monetarias idóneas, intentaron utilizar otros criterios para estabilizar los precios, auxiliados por un patriótico espíritu de servicio y calificadas investigaciones de expertos monetarios. Sin embargo, todas las fórmulas propuestas y ensayadas hasta el día de hoy, tuvieron un comportamiento peor que si hubiesen aplicado la sencilla regla mencionada.

La razón parece estar en que las fórmulas tales como “obrar contra viento y marea”, “aplicar una política anticíclica”, “sostener el enfoque de metas monetarias”, “programar el inflation-target” y otras fórmulas por el estilo carecen de claridad, no tienen un contenido específico y quedan sujetas a frases tan vagas que cada uno puede darles el sentido que más le convenga. Por lo tanto, no son políticas alternativas sino pretextos para ensayar nuevas improvisaciones.

2º. Matriz monetaria.

El Banco Central deberá tener reservas en oro y divisas igual al 100 % de la base monetaria en sentido amplio (esto es la suma de efectivo en manos del público + efectivo en Bancos + depósitos en cuenta corriente de Bancos en el Banco Central). Esa reserva tendrá como único y excluyente destino respaldar el valor de la moneda y asegurar la libre convertibilidad del circulante.

En la historia argentina abundan ad-nauseam los fraudes económicos hechos en perjuicio de sus propios habitantes. Sin excepción, todos ellos tienen su origen en la degradación del valor del dinero. La sola mención de los cambios de moneda sucedidos en los últimos años es un dato alucinante que pocos países en el mundo han soportado.
Ni siquiera la hiperinflación alemana de 1923 alcanzó la dimensión con que nosotros dinamitamos nuestra moneda. En dos años (1922-1924) los alemanes terminaron añadiendo 9 ceros al marco en la república de Weimar y su dinero dejó de existir, pero la hiperinflación con su secuela de desocupación y caos social creó las condiciones para el surgimiento de una feroz dictadura que provocó el cataclismo de la segunda guerra mundial (1939-1945) causando decenas de millones de víctimas inocentes.

Nosotros fuimos más vivos que los alemanes, porque quitamos 13 ceros en lugar de añadir 9 ceros, pero no lo hicimos de golpe sino en veintidós años (1970-1992). Para que la gente no se diera cuenta fuimos destruyendo y reemplazando siete monedas sucesivas. Esa es la diferencia entre la rigidez germana y nuestra picardía criolla. Por eso, los alemanes siguen recordando hasta el día de hoy las consecuencias nefastas de la emisión monetaria para financiar el gasto del Estado y nosotros persistimos siempre en el mismo error.

La matriz de las reformas monetarias argentinas demuestra que el venerable peso moneda nacional (m$n) había durado 71 años, desde el 4 noviembre de 1899 a principios de 1970. Luego eliminamos 2 dígitos y pasamos al peso ley 18.188 ($ley).

La debacle no paró allí. El 1 de junio de 1983 volvimos a borrar 4 dígitos, enterramos el peso ley ($ley) y alumbramos el peso argentino ($a). El 15 de junio de 1985 nuevamente destruimos el peso argentino ($a) e inventamos el austral (A) borrando 3 dígitos. Pero el 1 de abril de 1991 liquidamos también el austral (A) y dimos vida al austral convertible (A conv.) que no alcanzó a vivir un año, estableciendo la paridad fija de 10.000 australes = 1 dólar, siendo éste el verdadero valor de la convertibilidad fija y no el publicitado 1 a 1.

El 1 de enero de 1992 extirpamos el (A conv.) austral convertible para dar paso al peso ($) suprimiendo 4 dígitos..
Diez años después, el 6 de enero de 2002 dispusimos otra devaluación serial, declaramos la insolvencia del Estado y borramos la cláusula de convertibilidad en todos los billetes, con lo cual el peso ($) dejó de ser convertible y se convirtió en inconvertible. A fines del 2011 impusimos la pesificación forzosa y el cepo cambiario. No sabemos cuánto va a durar esta nueva improvisación, pero la contumacia en reiterar viejos errores, nos advierte que probablemente no tenga larga vida.

En 30 años nuestros gobernantes – con la complicidad del Banco Central- nos sustrajeron 13 dígitos en una dantesca demostración de nihilismo monetario. Algo inédito en el mundo. Piense que 13 dígitos son 10 billones = 10 millones de millones.

Quizás la gente y los políticos no tengan verdadera conciencia de la magnitud de esta colosal estafa. Pero una sola comparación nos va a dar una idea de este asombroso fenómeno, que todavía no está registrado en nuestra memoria.
Vamos a meternos en el túnel del tiempo, sin correr riesgos y con la idea de evitar cualquier susto cardíaco. Veamos qué es lo que han hecho de nosotros, ciudadanos honestos y contribuyentes cumplidores.

En 1970 el gasto total de la administración pública nacional alcanzaba a m$n 1,32 billones, incluyendo gastos corrientes, gastos de capital, transferencias, sueldos e intereses de la deuda. Estos billones son “millones de millones”, no billones anglosajones. y representaban el 12,08 % del PIB versus el 47,3 % actual. (1)

En el mismo año 1970, las erogaciones del sistema jubilatorio llegaban a m$n 39,4 mil millones. Las deudas pública interna y externa consolidadas eran de u$s 3.797,2 millones, que reexpresados en pesos daban m$n 1,47 billones, un poco más que el presupuesto anual. (1)
También para 1970 los depósitos bancarios a la vista y a plazos, sumaban m$n 1,86 billones. (1)

4.689 mil millones, que hoy serían equivalentes a $ 0,47 porque hay que correr 13 dígitos hacia la izquierda (1).

De manera que en la actualidad, con una moneda de $ 0,50 podríamos haber financiado en 1970, todo el presupuesto nacional + el gasto anual en jubilaciones y pensiones + la cancelación de la deuda pública + la devolución de la totalidad del dinero en bancos. Todavía nos quedaría un vuelto de $ 0,03. Tal es la magnitud del brutal desfalco cometido por nuestros gobiernos al politizar la moneda. Hoy, pareciera que estamos volviendo a las andadas, sin que ningún referente levante la voz para denunciar tan colosal estafa.

La necesidad de imponer orden y disciplina monetaria al Banco Central no necesita de otra demostración.

3º Depósitos.

Derogar toda prohibición de pagar intereses sobre depósitos a la vista así como cualquier limitación sobre los tipos de interés que puedan pagarse en depósitos a plazo. Considerar a los depósitos en bancos, a la vista o a plazo, como propiedad privada de sus titulares, es decir con prohibición de formular débitos sin su autorización.
La limitación de los tipos de interés es un caso claro de fijación de precios por el gobierno. Por eso la práctica de

prohibir el pago de intereses sobre depósitos a la vista ha sido siempre ineficaz. Esta prohibición ha estimulado a los bancos a aprovecharse indebidamente de sus clientes, debitando exagerados gastos y comisiones por servicios bancarios, reales o inexistentes.

Tanto el gobierno nacional con el impuesto al cheque como muchos gobiernos de provincia quisieron explotar el filón, sacando provecho de este procedimiento. Se abalanzaron fiscalmente sobre las cuentas bancarias y sin ninguna autorización arrebatan fondos a sus titulares mediante débitos automáticos por los conceptos más exóticos.
En Argentina, las cuentas a la vista en bancos han pasado a constituirse en “ bienes mostrencos”, es decir de propiedad pública. Se les debita cualquier cosa y se embargan por nada.

De allí que sea de sentido común, esperar que las personas huyan de los bancos y tiendan a utilizar al mínimo posible las cuentas a la vista porque constituyen un colador por donde pierden su dinero.

Si se desea consolidar la confianza en los bancos, es absolutamente necesario garantizar un orden jurídico que respete los derechos individuales, especialmente la propiedad privada. Se hace necesario reafirmar el concepto de que las cuentas bancarias -a la vista o a plazo- constituyen una propiedad privada inviolable, exactamente igual a la vivienda comprada legítimamente o al automóvil adquirido con dinero de buena entrega.

Al mismo tiempo, la autorización a los bancos para que paguen intereses por los depósitos a la vista, creará una sana competencia entre ellos para ofrecer mejor atención a los clientes. Y entonces, la bancarización se producirá de manera natural y espontánea, sin ser forzada por leyes autoritarias.

4º Redescuentos.

Prohibir al Banco Central el otorgamiento de préstamos a los bancos, redescontarles documentos o hacer préstamos directos a personas, sociedades privadas y entidades oficiales.

Existe una creencia muy difundida que el Banco Central debiera ser “prestamista de última instancia” proveyendo liquidez en tiempos de crisis o para satisfacer inesperadas demandas de moneda.  Sin embargo, la función de asegurar los depósitos no debiera estar a cargo del Banco Central porque esa facultad le hace perder totalmente su capacidad de estabilizar el valor de la moneda, expandiendo las emisiones. Tal garantía tendría que estar a cargo, como en la realidad sucede, de una entidad distinta. Actualmente, hay una sociedad denominada SEDESA que administra un cuantioso fondo de garantía de depósitos bancarios para atender las crisis de liquidez. Ese fondo multimillonario se constituye con el aporte de un porcentaje por todos los bancos, sobre el promedio de los saldos diarios de depósitos en pesos y en moneda extranjera, exceptuando los depósitos oficiales en el Banco Nación.

Existiendo dicha entidad aseguradora, no se ve cuál es la razón de privilegiar a ciertos bancos con el redescuento o con préstamos directos. En todo caso podría incrementarse el importe máximo de la garantía. La facultad de otorgar redescuentos o préstamos directos a bancos, personas, sociedades privadas y entidades oficiales en situación crítica, es un peligroso mecanismo para generar privilegios y salvatajes precisamente a quienes menos lo merecen.

La crisis financiera mundial nos ha enseñado que se deben garantizar los fondos de ahorristas y depositantes, no a los bancos ni a los banqueros. Si ellos pierden la confianza del público, la mejor solución no es subsidiar sus desmanejos o avalar sus imprudencias. Hay que declararlos en estado de quiebra, e impulsar su reorganización ofreciendo la posibilidad de fusionarse con otros bancos mejores y transfiriendo su cartera de depósitos y préstamos.

5º Auditoría de solvencia.

Obligar a los bancos oficiales y privados a que paralelamente con la auditoría normal de sus balances, realicen periódicamente auditorías de estrés bancario a cargo de auditores distintos e independientes de aquellos. Los resultados del test de estrés bancario serán publicados como índice de la solvencia de cada entidad. Para la determinación de estos datos se aplicarán criterios de valuación de activos por riesgos y podrían imponerse multas a los bancos cuando haya discrepancias entre las reservas obligatorias y las reales.

La reciente crisis financiera mundial, que todavía persiste, ha sido provocada por estas razones: a) el exceso de “bonus” y opciones para gratificar a los ejecutivos de bancos, sin relación con la responsabilidad de su gestión ni los resultados de la misma; b) el abusivo empleo del apalancamiento financiero carente de respaldo; c) la permisividad de gerenciar hedge-funds de alto riesgo ofrecidos a fondos de pensiones o inversores particulares; d) el desvío y mezcla de fondos provenientes de la banca comercial con operaciones especulativas de la banca de inversión; e) la autorización legal para ejecutar peligrosas maniobras financieras consistentes en securitizar activos, fraccionarlos, paquetizarlos, envolverlos en atractivas titularizaciones y vender las cuotas partes prometiendo rendimientos insensatos; f) la emisión de títulos subprime o certificados virtuales, sin contenido real, que no representan bienes ni valores tangibles, que no están registrados en ninguna parte y que son inejecutables en caso de falencia.

Estas maniobras han conducido a una situación pocas veces vista. Los títulos públicos ya no son confiables, porque muchos Estados no pueden pagar los cupones de sus bonos soberanos y se encuentran en situación de insolvencia, como hemos visto en el caso de Grecia, Irlanda, Bélgica, Portugal e incluso España e Italia.

Además hemos visto la volatilización de enormes fortunas confiadas a las administradoras de hedge funds, la declaración de default por algunos países entre ellos el nuestro, y el súbito derrumbe de cuentas de ahorros laboriosamente acumuladas. Son muchas las lecciones de este tipo que han sucedido desde la crisis del holding Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac y deben hacernos pensar.

Parece imprescindible proceder a un cambio de enfoque y actitudes de vida, recuperando los criterios de prudencia en lugar de temeridad y de sobriedad en lugar de avaricia. En materia financiera, la codicia por el dinero ha resultado ser la peor de las opciones.
Para prevenir estas consecuencias y no volver a incurrir en los mismos errores que las provocaron, es necesario realizar auditorías de crisis, para ver si cada entidad tiene recursos suficientes para afrontar pérdidas frente a un problemático escenario de crisis. El resultado de ese test debiera ser publicado para distinguir los bancos bien gestionados de los que no lo son, separando la cizaña del grano de trigo.

6º Intereses.

Establecer intereses por los depósitos que los bancos hagan en el Banco Central, a un tipo igual a la rentabilidad de mercado de la deuda pública de corto plazo. Cobrar el costo de los servicios de clearing bancario y todos los demás servicios prestados a los bancos.

Cuando los Bancos se vean obligados a depositar dinero de sus clientes en el Banco Central como reserva de liquidez o por cualquier otro motivo, la entidad oficial tendría que pagarles intereses iguales a los rendimientos que el Estado paga por sus letras de tesorería a corto plazo.

Así los bancos podrían trasladar esa ganancia financiera a sus clientes, descontando los costos de la intermediación bancaria.

7º Encajes.

Derogar el poder del Banco Central de modificar los porcentajes obligatorios de encajes de los bancos o establecer excepciones entre bancos públicos y privados.

Para tener solvencia técnica y autoridad moral, no hay duda alguna que el Banco Central debe ser compelido a proceder siempre con rectitud e imparcialidad, porque es la única manera de obrar con justicia.
Sin rectitud ni imparcialidad el comportamiento del Banco Central pronto sería dominado por la corrupción y el amiguismo, porque contaría con la facultad de disponer y actuar de manera arbitraria según se trate de bancos amigos o enemigos, estatales o privados, nacionales o extranjeros.

Por tanto y para no arrojar sospechas de comportamientos abusivos y caprichosos, hay que prohibir que el Banco Central pueda establecer normas técnicas distintas que favorezcan o perjudiquen a un tipo de bancos respecto de otros. Las reglas justas son iguales para todos.

8º Open market.

Permitir que el Banco Central pueda emitir sus propias obligaciones para realizar operaciones de mercado abierto.

Dentro de los instrumentos para el manejo de la política monetaria se encuentran, entre otros, el redescuento de las carteras de préstamos y la variación de porcentajes obligatorios en las reservas de liquidez. Pero ambos mecanismos son muy imperfectos, tal como son analizados en cualquier tratado de política monetaria de la banca central.

A falta de ellos, surge otro instrumento realmente eficaz y sin ninguno de sus defectos. Se trata de las operaciones de mercado abierto que el Banco Central realiza al emitir sus propias obligaciones, distintas de las emitidas por la Tesorería.

Estas emisiones no requieren de anuncios públicos y por lo tanto evitan los efectos que provocan las expectativas de tales anuncios. Además, permiten ajustar y cambiar la política monetaria en poco tiempo sin graves conmociones, no requieren fijar la rentabilidad de las obligaciones y tampoco afectan los resultados del negocio bancario.

El volumen de compras y ventas puede ser decidido por el mismo Banco Central y por tanto determinar con precisión cuánto es el volumen de medios de pago que se crea o se absorbe en momentos muy precisos.
Al descartarse por arbitrarios los redescuentos de cartera y la modificación discrecional en los encajes bancarios, las operaciones de mercado abierto suministrarían una relación directa y previsible para todo el sistema financiero acerca de cuál es la política monetaria oficial, eliminándose cualquier influencia política perturbadora.

La crítica más dura contra esta propuesta se basa en que implica reducir facultades legales al Banco Central. Pero no parece ser algo racional entregarle al Banco Central la función de contar con instrumentos defectuosos, ni proporcionarle mecanismos que pudieran dar lugar a tratamientos discriminatorios entre bancos, y menos otorgarle el poder de perturbar la coyuntura económica sin conseguir resultados prácticos.

Mantener el poder del Banco Central debiera significar una sola cosa: brindarle los instrumentos adecuados para que pueda cumplir eficientemente con sus objetivos irrenunciables que son “moneda sana o inflación incontenible”.

9º Liquidez.

Obligar a los bancos oficiales y privados, a que mantengan una reserva de liquidez igual para todos y uniforme para los depósitos a la vista, en la misma moneda en que éstos se encuentren nominados. Podrá consistir en dinero efectivo o depósitos en el Banco Central que devenguen interés.

Una de las posiciones más rígidas para hacer frente a las corridas bancarias e impedir la insolvencia de los bancos consiste en obligarles a mantener reservas iguales al 100% de sus depósitos. De esta manera no tendrían inconvenientes para hacer frente a reclamos intempestivos de liquidez. Esta exigencia podría suavizarse mediante la constitución de un fondo de garantía de depósitos bancarios tal como actualmente se practica en SEDESA o a través de depósitos que devenguen interés en el propio Banco Central.

(1) ORLANDO J. FERRERES, “Dos siglos de economía argentina,historia argentina en cifras 1810-2010” editorial El Ateneo, Buenos Aires 2011.

EPT