domingo, 9 de septiembre de 2012

Corrupción e incentivos


¿Cómo hacer para condenar a los corruptos?

Incentivos para denunciantes, Justicia y controles independientes, recuperación de activos: nuevas estrategias parecen necesarias en la Argentina, donde investigar el fraude en el Estado resulta casi imposible
Por Laura Di Marco  | Para LA NACION




Hay algunas cifras que lo dicen casi todo: entre 1983 y 2007 (último dato disponible) en el país se abrieron 750 causas por presuntos hechos de corrupción en la administración pública. Pero de ese total, sólo siete terminaron en sentencias, con apenas 10 condenados. Y hay más: las estimaciones de pérdidas para el Estado entre esos mismos años por causa de la corrupción ascienden a unos 13.000 millones de dólares, fondos que podrían haber sido utilizados en mejorar el sistema de salud, la educación o el transporte público. La corrupción, podría concluirse entonces, prácticamente no se castiga en el país, y representa un costo enorme para la sociedad.
En estos días, mientras todo el aparato del Estado K parece ocupado en despegar al vicepresidente, Amado Boudou, del escándalo Ciccone, la corrupción volvió a ocupar un lugar al tope de la lista de preocupaciones de los argentinos, según se desprende de la última encuesta de Poliarquía, que publicó La Nacion el domingo pasado. Otro sondeo, de la consultora CCR, va en el mismo sentido: la corrupción se ubica ahora como la segunda preocupación de la opinión pública, sólo detrás de la inseguridad.
La percepción social encaja con la mala nota que le da Transparencia Internacional a la Argentina, ubicada en el lugar 100 de su índice de corrupción, en un universo de 184 países. Según el último relevamiento de la ONG, Chile y Uruguay lideran el ranking de transparencia en América latina, mientras que Venezuela y Paraguay son percibidos como los "más corruptos".
El actual juicio por las coimas en el Senado, el trhiller jurídico que estalló durante el gobierno de Fernando de la Rúa y que lleva diez años sin resolución, contribuye también a que la sociedad vuelva su mirada sobre este flagelo, una de las grandes deudas de la democracia. Y a que nos preguntemos cómo es posible que no haya formas efectivas de combatirlo. La Justicia aparece de inmediato como otra de las deudas impagas.
"Existe una ineficacia adiestrada de la Justicia, que no investiga ni sanciona la corrupción ni otros casos de criminalidad compleja -resume Manuel Garrido, actual diputado y ex fiscal de Investigaciones Administrativas-. Las causas hay que buscarlas en décadas de designaciones de jueces afines o manipuladas; una tradición de intercambios y contactos indebidos entre la Justicia y el poder político y la falta de decisión política para transformar la administración de Justicia".
Garrido, que en 2009 debió renunciar a su cargo al frente de la fiscalía, describe un sistema de administración de justicia enfermo, cuyo cambio es, muchas veces, resistido por "las propias presiones de jueces que verían esfumarse su poder en caso de una reforma cada vez más imprescindible al haberse generado mafias que son la negación de la aspiración a una justicia democrática, igualitaria y eficaz".
Por su parte, Elisa Carrió, quien hizo de la denuncia de la corrupción su emblema, señala: "Hay una responsabilidad de los jueces que no avanzan en las causas por corrupción que comprometen a funcionarios y poderosos. Esta semana tuvimos un ejemplo: hace alrededor de doce años que junto a Mario Cafiero denunciamos el megacanje y recién esta semana se pidió la captura internacional de David Mulford".
Las cifras de la impunidad, como se señaló, no dejan espacio para la duda. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) hizo el seguimiento de las 750 causas de corrupción en la administración pública abiertas entre 1983 y 2007 y, también, el cálculo de las pérdidas para el Estado. El estudio determinó, además, que en promedio las causas tardaron en llegar a algún tipo de resolución (en general, se resuelven por prescripción) entre 10 y 14 años.
En nuestro flaco ranking de transparencia, la Argentina sólo exhibe dos cucardas significativas en condenas a funcionarios por enriquecimiento ilíticito: el caso de María Julia Alsogaray y el del concejal Juan Manuel Pico, en 2000. Luego, hay condenas a mitad de camino (técnicamente se llaman "juicios abreviados"), como sucedió con el affaire IBM-Banco Nación, donde la Justicia ordenó la devolución del dinero, unos 20 millones de pesos, que aún no se produjo.
La última semana, un grupo de ONG, entre las que figuran Cipce y ACIJ, publicaron un informe sobre corrupción en la Argentina en el que tomaron un número más acotado de causas, aunque más actual. Pusieron la lupa sobre 21 casos, de los cuales sólo tres tuvieron sentencia.
Pregunta incómoda
Números que frustran y que fuerzan una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿por qué (casi) ningún funcionario sospechado de corrupción va preso en la Argentina?
Un fiscal, que investigó un caso resonante del pasado lo explica así: "Es imposible en la Argentina perseguir a un funcionario mientras está en el poder porque todo el aparato del Estado lo protege, como sucede hoy con Boudou. En la Argentina es muy fácil ser abogado defensor de corruptos, y muy difícil ser fiscal".
Quienes siguieron de cerca el caso de María Julia recuerdan que, una vez que el menemismo abandonó el poder, los fiscales, antes reticentes a investigar a la funcionaria, se peleaban por meterla presa, para sacar así "chapa" de independientes. Todo corrupto teme quedar en el llano.
Pero, entonces, ¿es sólo falta de voluntad política de gobiernos -éste incluido- que no tienen a la transparencia pública entre sus prioridades o existen causas más profundas?
A partir de la tragedia de Once, en el que murieron 51 personas, las ONG que trabajan en materia de transparencia vienen impulsando un planteo para que, así como el CELS representa a las víctimas del terrorismo de Estado en delitos de lesa humanidad, las organizaciones de la sociedad civil puedan presentarse como querellantes en la tragedia de los trenes, originada por fallas en los controles a los concesionarios del Estado y falta de inversión en calidad y seguridad del servicio.
La idea de fondo es que la corrupción, cuyas víctimas somos todos, también viola derechos humanos. Y se lleva vidas.
Sin controles
Para Laura Alonso, ex directora de Poder Ciudadano y diputada de Pro, uno de los problemas en la lucha contra la corrupción en la Argentina es el diseño institucional que tienen los organismos de control. "La Oficina Anticorrupción es hoy un organismo políticamente impotente. El Gobierno decidió que lo iba a castrar, y lo hizo."
Alonso ofrece pruebas: "En los años del kirchenrismo, ¿qué funcionario denunció a otro por corrupto? ¿Por qué la OA no detectó ninguna irregularidad en la declaración jurada de Boudou? ¿No le hizo ruido a la AFIP cuando un monotributista clase B, como Alejandro Vandenbroele, se quedó con Ciccone Calcográfica? Es obvio que si el titular de la OA depende de un decreto a la Presidenta, sus chances de investigar la corrupción son mínimas".
La falta de incentivos para que testigos, informantes o partícipes de actos de corrupción brinden información a la Justicia para llegar a la verdad (incentivos que, además, logran romper el pacto de silencio entre los delincuentes); las "chicanas legales" de los abogados defensores, habilitadas por el actual Código Procesal Penal, que deja espacio para dilatar las causas y "embarrar la cancha" hasta que prescriban e, incluso, la connivencia entre jueces, abogados defensores y fiscales que comparten la vida social, son mencionados por los expertos como las múltiples causas que confluyen en el fracaso de la lucha contra la corrupción.
La falta de incentivos a los partícipes, testigos o informantes enciende pasiones. Tanto entre los abogados como entre políticos y líderes de la sociedad civil. En su último informe, Transparencia Internacional le recomienda a la Argentina "introducir legislación para proteger a los denunciantes y otros testigos en casos de corrupción" (ver recuadro). Ocurre que en la Argentina existe una ley de protección de testigos, pero que no incluye la figura del "arrepentido" en los delitos de corrupción.
El penalista, consultor internacional y ex presidente de Poder Ciudadano Hugo Wortman Jofre es uno de los convencidos de que la lucha contra el crimen organizado debe centrarse en "la modificación del sistema de incentivos" porque, explica, en la situación actual al delincuente le conviene más seguir siéndolo. "Claramente encuentra más beneficios colaborando con la banda delicitiva que con la Justicia".
Alonso le da la razón. Y el ejemplo que usa es Pontaquarto, la "garganta" de las coimas en el Senado: "La verdad es que a Pontaquarto ni el anonimato se le garantizó. Su vida fue más horrible después de haber cantado. Y diez años después, la Argentina no fue capaz de generar un mecanismo para la garganta que abre la boca. Para llegar a la verdad, es necesario que alguien hable".
Muchos están convencidos de que, si existiera un mecanismo eficaz de recompensa y protección a testigos en casos de corrupción, habría "gargantas" también en el escándalo Ciccone. Hoy por hoy, sin embargo, en el hipotético caso de que Vandenbroele decidiera hablar, nadie lo protegería.
En esta búsqueda de nuevas herramientas de lucha, Carrió propone otra alternativa: elevar las penas para los delitos de corrupción. Y que no sean excarcelables: "Hemos propuesto la elevación a jerarquía constitucional los tratados anticorrupción y proyectos que elevan penas y los convierten en delitos no excarcelables a los que son contra la administración pública, esta propuesta se niegan a tratarla todos los partidos políticos".
Las ONG que militan por la transparencia se centran en la modificación del Código Procesal Penal, el marco regulador de las reglas del juego a la hora de juzgar a un funcionario corrupto. "La idea es que los jueces dejen de tener el monopolio de la investigación y que sean los fiscales los encargados de investigar", apunta el abogado Pedro Biscay, director de Cipce.
Garrido está de acuerdo: "Es una desgracia [el código vigente] y existe consenso entre los académicos y gran parte de los operadores sobre la necesidad de un cambio en esa dirección. Hay, además, buenos proyectos en el Congreso. El único obstáculo hoy es la Presidenta, que frena a sus propios legisladores, seguramente por las ocultas amenazas de algunos jueces que verían esfumarse su poder".
Otro costado menos conocido lo da el director de ACIJ, Ezequiel Nino, y surge del último informe de la ONG. "Ocurre que en Tribunales todos se conocen; forman parte de la gran familia judicial y sucede que defensores, fiscales y jueces, enfrentados en un caso, juegan juntos partidos de fútbol, comparten cenas y otros eventos. Un caldo de cultivo para el arreglo de las causas".
Otros modelos
En otros países existen modelos e innovaciones interesantes en materia de anticorrupción. Una vuelta de tuerca, por ejemplo, es la devolución de los activos -del dinero robado- sin la necesidad de que el corrupto vaya preso. Se trata de una negociación y, según Biscay, sirve para "impedir o limitar la reinversión del crimen económico en nuevas «oportunidades» delictivas".
Días atrás, en Brasil se anunció un acuerdo con un ex senador acusado de desvíos de dinero público mediante el cual le serán reintegrados al Estado brasileño 234 millones de dólares. Esta idea del "recupero de activos" como estrategia frente a la complejidad de lograr el objetivo de máxima -la prisión para el acusado- toma el "modelo" del dictador Duvalier, en Haití. En este caso, Suiza, donde estaban los fondos, y Haití hicieron una negociación por la cual los fondos robados volvieron al país de origen y se utilizaron para fines sociales. En Perú, luego de la caída del régimen de Fujimori-Montesinos también hubo recuperación de activos.
Pero en la Argentina este tipo de esquemas parece más difícil de implementar porque, para que sea posible, la Justicia debe antes avanzar en el esclarecimiento de los casos, algo que, como vimos, no sucede.
Dos países de América latina, Chile y México, ofrecen modelos a tener en cuenta: en Chile hay un consejo de la transparencia, descentralizado e independiente (no depende del Presidente), compuesto por siete técnicos miembros de la sociedad civil, nombrados con acuerdo del senado y elegidos por audiencia publica. Son los encargados de requerir información a los organismos públicos y de denunciar a funcionarios del gobierno. México, por su parte, creó un instituto (el IFE) con una burocracia profesionalizada lo suficientemente independiente para avanzar en los casos de corrupción del poder de turno.
Sin embargo, como sucede en las políticas de salud, la prevención -que, en la "enfermedad" de la corrupción sería la promoción de la transparencia- está en generar niveles más altos de transparencia. Ejemplo: en una licitación compleja, el camino preventivo sería implementar consultas ciudadanas sobre cuánto se va a pagar, publicitar el procedimiento y llevar a la ciudadanía toda la información necesaria para decidir.
Pero en la Argentina sucede algo curioso. En un país con malas notas en la materia corrupción, este y todos los gobiernos parecen ignorar el tema. Como si, como pasa con la inflación, al no mencionar la corrupción "desapareciera" el problema.
  • 100º 
    Es el puesto del país , entre 184 naciones, en un índice de percepción de la corrupción

  • Son los países de la región que sacan buena nota en ese índice: Chile, Uruguay y Puerto Rico
  • 750 
    Son las causas de corrupción que se abrieron entre 1983 y 2007
  • 10 
    Son los condenados, en siete sentencias, entre esos años, según un informe del Cipce
  • 13.000 
    Millones de dólares le costó al Estado argentino el fraude de sus funcionarios desde 1983



sábado, 8 de septiembre de 2012

Ciudades privadas en Honduras siguiendo el ejemplo de Hong Kong


Honduras lanza un insólito y polémico plan: ciudades privadas

Las autoridades ya firmaron el acuerdo para su construcción; las urbes tendrán gobierno y leyes propias
Por Alberto Arce  |  Agencia AP


TEGUCIGALPA.- Honduras, uno de los países más pobres, violentos y golpeados por crisis institucionales de la región, está por embarcarse en un insólito proyecto que saca a la luz su fragilidad. Dentro de seis meses, los inversores inmobiliarios podrán comenzar la construcción de tres ciudades privadas, que tendrán su propia policía, sus propias leyes, gobierno y sistema tributario: el gobierno hondureño acaba de firmar un memorándum que da vía libre al proyecto.
El martes pasado, un grupo de inversores internacionales firmó el memorándum del proyecto con funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo.
La construcción, según sus defensores, impulsará el desarrollo económico que necesita desesperadamente esta pequeña nación centroamericana, y que al menos uno de sus detractores considera "una catástrofe".
El proyecto, que generaría a largo plazo hasta 200.000 empleos, está destinado a fortalecer al débil gobierno y a la endeble infraestructura de Honduras, un país sumido en la corrupción, el crimen y una persistente inestabilidad política, como consecuencia del golpe de 2009. Las ciudades privadas "tienen el potencial de convertir a Honduras en un motor de riqueza", dijo Carlos Pineda, presidente de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada. Según dijo, "podría ser una herramienta de desarrollo típica de los países del Primer Mundo".
Esas "ciudades modelo" tendrán su propio poder judicial, sus leyes, su gobierno y sus fuerzas policiales. También podrán adherir a tratados internacionales de comercio e inversiones, y establecer su propia política migratoria.
El presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo que el grupo norteamericano MGK invertirá 15 millones de dólares para empezar a levantar la infraestructura básica de la primera ciudad modelo, cerca de Puerto Castilla, en la costa del Caribe. Su construcción generará 5000 puestos de trabajo durante los próximos seis meses, y hasta 200.000 empleos a futuro, dijo Hernández, quien también informó que Corea del Norte le prestó a Honduras cuatro millones de dólares para realizar los estudios de viabilidad del proyecto.
"En el futuro, esta fecha será recordada como el día en que Honduras emprendió el camino del desarrollo", dijo Michael Strong, CEO del MGK Group. "Creemos que ésta será una de las más importantes transformaciones del mundo, una oportunidad para Honduras de terminar con la pobreza a través de la creación de miles de empleos."
Hernández dijo que se construirá otra ciudad en el Valle de Sula, en el norte de Honduras, y una tercera en el sur del país. No brindó más detalles al respecto.
Al proyecto se oponen asociaciones civiles, así como los pobladores originarios garífuna, que no quieren que las tierras cercanas a Puerto Castilla y la costa caribeña sean utilizadas para el proyecto. Los garífuna habitan las costas caribeñas de América Central y son descendientes de los arahuacos amazónicos, de los caribes y de esclavos de África occidental.
"Ese territorio les pertenece a las tribus garífuna y no puede ser entregado a capitales extranjeros, en un gesto de colonialismo puro como el que se vivió en Honduras durante la época en que nuestra tierra se convirtió en un enclave bananero", dijo Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña.
Oscar Cruz, ex fiscal constitucional, presentó el año pasado una moción ante la Corte Suprema calificando al proyecto de inconstitucional y con consecuencias "catastróficas" para Honduras.
"Estas ciudades implican la creación de un Estado dentro del Estado, una entidad comercial con atribuciones que están más allá de la jurisdicción del gobierno", dijo Cruz. La Corte Suprema no aceptó su reclamo.
En una entrevista, Strong dijo que, no bien el gobierno de Honduras apruebe los límites territoriales del emprendimiento, los constructores empezarán a levantar la infraestructura de la primera ciudad, donde esperan tener al menos dos o tres empresas instaladas en los próximos 18 meses.
Strong dijo que la inversión de 15 millones de dólares está pendiente de aprobación por parte del gobierno hondureño. Agregó que todavía no hay ocupantes que se hayan comprometido a trasladarse a la futura ciudad privada, pero los inversores auguran la presencia de empresas textiles, de ensamblado de manufacturas y de servicios tercerizados, como call centers o centros de procesamiento de datos.
"Nadie estaría dispuesto a invertir una montaña de plata en algo que pueda fracasar", dijo Strong, quien no identificó a ninguno de los inversores del proyecto.
Strong agregó que los trabajadores podrán vivir en las ciudades, y las leyes hondureñas que regulan las áreas privadas garantizan los derechos de cualquier ciudadano a vivir también allí. "Puede convertirse en una ciudad en toda la dimensión de la palabra", dijo Strong. "Una vez que haya empleo, necesitaremos viviendas a un precio razonable, escuelas, hospitales, iglesias, comercios, restaurantes, y todos los negocios que hacen a una verdadera comunidad".

FIGURAS INTERNACIONALES

El presidente de Honduras designará a "figuras internacionales respetadas mundialmente" y sin intereses económicos en el proyecto, para integrar comités independientes de nueve miembros que supervisarán la administración de las ciudades, cuyo funcionamiento diario será manejado por un gobernador nombrado por ese comité. Los futuros nombramientos en el comité serán decididos por el voto de los miembros que ya estén en funciones, dijo Strong.
Las normas de funcionamiento iniciales serán establecidas en conjunto por el gobernador y los inversores del proyecto, señaló Strong, pero en el futuro esas reglas podrán ser modificadas por votación entre todos los habitantes de la ciudad.
Strong dijo que la ley hondureña no se aplicará en el interior de esas ciudades, pero que tendrían que adherir a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y otros principios básicos. Mencionó las ciudades basadas en las mejores prácticas del libre comercio en todo el mundo y dijo tener la esperanza de que sirvan para contribuir al desarrollo de Honduras.

UN PAÍS QUE VIVE AL BORDE DEL ABISMO

Honduras, pobreza e instituciones débiles
  • Sociedad violenta 
    La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo.
  • Altísima desocupación 
    El índice de desempleo es altísimo, 49% de la población no tiene trabajo.
  • Índice de pobreza 
    El 65% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Traducción de Jaime Arrambide .

jueves, 6 de septiembre de 2012

Argentina: La demanda de trabajo cae en agosto


La demanda laboral cayó 31% en agosto

Las principales bajas en la creación de puesto de trabajo se registraron entre administrativos y empleados de comercio; así lo estimó un informe de la Universidad Torcuato Di Tella

La creación de empleo por parte de las empresas en el área metropolitana cayó en agosto el 31,2% de acuerdo con la medición que realiza el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
De acuerdo con el informe que elabora habitualmente la casa de estudios, durante el mes pasado los más afectados por la falta de creación de empleo fueron los empleados administrativos y los comerciales.
En cambio, los que resultaron más favorecidos por la demanda de mano de obra de las empresas fueron los técnicos profesionales y los empleados de servicios.
"El Índice de Demanda Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires registra una leve caída de 0,4% durante el mes de agosto con respecto a la medición del mes anterior", indica el reporte.
Cuando la comparación se hace de manera interanual la retracción es del 31,2 por ciento.
"A partir del segundo trimestre del año pasado, la serie muestra una tendencia claramente decreciente", indica el reporte de la UTDT.
El reporte indica que "es la decimoquinta baja interanual consecutiva del indicador y la sexta en orden de mayor magnitud desde agosto-09". "La evolución interanual negativa del Índice de Demanda Laboral ha tendido a acelerarse en los últimos meses", advierte la UTDT.
El trabajo indica que "los rubros de Empleados Administrativos y Empleados Comerciales evidencian caídas intermensuales significativas, de 5,4 y 2,8 por ciento respectivamente". "Por otro lado, las categorías de Técnicos, Empleados de Servicios y Profesionales muestran variaciones intermensuales positivas de 8,6, 2,7 y 0,7 por ciento respectivamente", señala la nota.
Agencia DyN

miércoles, 5 de septiembre de 2012

No Country Without Soja


Lavagna: sin la soja, la política económica "colapsa como la Convertibilidad"

También aseguró que el tipo de cambio "está retrasado", reprochó el control estatal al uso de tarjetas de crédito y a las importaciones y atribuyó el faltante de pesos y dólares en la caja oficial a la política de subsidios y la compra de energía en el exterior. iECO


El ex ministro de Economía Roberto Lavagna afirmó hoy que "sin la soja" a 640 dólares la tonelada, la política económica del gobierno "ya hubiera colapsado, como colapsó en su momento la convertibilidad".

Además, retrucó la afirmación de la presidenta Cristina Fernández sobre el tipo de cambio, al sostener que "sí está retrasado", reprochó el control estatal al uso de tarjetas de crédito y a las importaciones, y atribuyó el faltante de pesos y dólares en la caja oficial a la política de subsidios y la compra de energía en el exterior.

"Si no tuviéramos soja, esta política ya hubiera sido totalmente inviable", planteó Lavagna, que, en declaraciones a Radio 10. La soja "hoy está en 640 dólares la tonelada. Si no existiera ese factor externo tremendamente positivo, esta política en sí ya hubiera colapsado, como colapsó en su momento la convertibilidad, que vivía de manera artificial, del endeudamiento. Esta política vive de controles, restricciones y de la soja. Se hubiera terminado si la soja tuviera (hoy) los valores que tenía en el pasado", aseguró.

El ex titular del Palacio de Hacienda atribuyó a la "euforia oficial de los últimos años" el actual faltante de pesos y dólares en la economía nacional. "Esa euforia se pagó con los recursos que el país acumuló tras la crisis de 2001, en los cuatro años que van hasta 2006. Había superávit en pesos y en dólares, y esas dos cajas se han agotado. La caja en pesos (se fue), en subsidios, no los sociales, que tienen toda la justificación del mundo, sino a la energía y al transporte". "Se multiplicaron por 22 veces, de 3.500 millones a este año unos 90.000 millones. Es una cifra monstruosa", lamentó.

Mientras que "la caja en dólares" se evaporó "por la necesidad de importar energía, porque los errores cometidos en materia de producción de energía, donde Repsol también tuvo buena parte de la responsabilidad, hacen que el país haya pasado en cinco años de exportar a importar energía". "Este año va a costar entre 10 y 11 mil millones de dólares. Así se fueron los pesos y los dólares", resumió.

Para Lavagna, "son errores (en la materia) de hace ya varios años que agotaron la capacidad exportadora del país y han puesto al país como importador de energía, y va a llevar años corregirlo".

Sobre la mirada oficiales sobre distintos ámbitos de la economía, el ex funcionario advirtió que "el problema no es sólo el control ligado a las tarjetas de crédito, el problema mayor es el control de las piezas y los componentes que se traen del exterior y generan un problema muy fuerte a la producción".

"Se han perdido horas extras, hubo que adelantar vacaciones, se han perdido premios. Los controles son un obstáculo en la cadena de producción que terminan afectando al bolsillo de la gente", explicó.

Tras recordar que "en la Argentina nunca ha habido un manejo y falseamiento de las estadísticas como ocurre desde 2007" en el INDEC, Lavagna contradijo la afirmación presidencial del lunes a la noche, según la cual "el tipo de cambio no está retrasado".

"Sí, está retrasado", enfatizó el economista, quien, sin embargo, se mostró en contra de una devaluación que no esté acompañada de un "plan integral".

"La devaluación sola no sirve absolutamente para nada, aunque de hecho ya se ha producido, porque así como hay precios oficiales, los que inventa el INDEC, y también hay precios reales, también hay un dólar oficial que vale para cierto tipo de actividades, y uno real, que es el que la gente ha decidido", consideró.

En esa línea, planteó que "una devaluación sola no arregla nada, hay que ponerla en el marco de un programa económico y social integral, puesto en el marco de un sistema que busca consensos y no conflictos. Muchas veces en la Argentina se ha devaluado y el remedio es peor que la enfermedad, termina con una inflación muy alta", cerró.


Finanzas Públicas: Deuda/PBI en Argentina


La Deuda Pública del Tesoro es de U$S 190.000 millones




A mediados de 2001 la deuda pública representaba el 48% del PIB. Si le hubiéramos preguntado en aquel momento a algún Premio Nobel de Economía, de esos que son contratados para venir cada tanto a nuestro país, nos hubiera dicho que esa era "una cifra muy manejable, por debajo de los límites establecidos para ser miembro de la Unión Europea, que es de 60% del PIB".
Pero al devaluarse nuestra moneda desde enero de 2002 de 1 a 3 pesos por dólar, el PIB cayó, expresado en dólares de unos u$s 300 mil millones a U$S 100 mil millones y el peso de la deuda sobre el PIB alcanzó así a algo más de 140% del PIB. En pocos meses, Argentina pasó de tener una deuda manejable a tener una situación incontrolable, al "sincerarse" el valor del dólar.
El FMI no quiso refinanciar las deudas hacia fines de 2001 y la situación se descontroló debido a que el país no pudo cumplir con los compromisos externos, en tanto que la deuda interna ya estaba refinanciada
Como se recordará, el FMI no quiso refinanciar las deudas hacia fines de 2001 y la situación se descontroló debido a que el país no pudo cumplir con los compromisos externos, en tanto que la deuda interna ya estaba refinanciada. La soja valía 160 U$S/ton en los últimos meses de 2001 pero ya en abril de 2002 había comenzado a trepar a los 200 U$S/ton y desde allí no paró de subir y ahora se ubica arriba de los 600 U$S/ton, por lo que solo este grano brinda unos U$S 24 mil millones de dólares por año, cuando en 2001 solo aportaba U$S 4 mil millones. El viento de cola llegó ¡4 meses tarde!
¿Cómo evolucionó la deuda pública, la interna más la externa desde entonces? Lo podemos ver en el gráfico:

Por la devaluación del peso, la deuda pública, debido a que una parte de ella estaba en moneda local, cayó a U$S 113 mil millones en marzo de 2002. A partir del segundo trimestre de 2002 se emitió mucha deuda pública para compensar a los bancos por la pesificación diferencial a 1,20 $/U$S para los deudores y 1,40 $/U$S para los depositantes, y esta diferencia fueron millones de dólares por la magnitud extraordinaria de los depósitos y deudas afectados. También el Gobierno transformó muchos depósitos en deuda pública a 10 años, para impedir que se retiraran dichos depósitos en forma inmediata. Hacia fines de 2002 ya la deuda había alcanzado nuevamente el pico de 2001. Adicionalmente, el Tesoro colocó deuda en Venezuela, (Boden 2012, principalmente) hasta que este país nos quiso cobrar 15% anual en dólares.
La deuda pública post-convertibilidad y post-default llegó a los U$S 190 mil millones en el primer trimestre de 2005, cifra incluso muy superior a los U$S 145 millones de los últimos meses de 2001, o a los U$S 113 mil millones de marzo de 2002, según datos oficiales del Boletín Fiscal. Con la quita que hicieron Roberto Lavagna y Néstor Kirchner, la deuda pública se redujo a septiembre de 2005 a U$S 149 millones, es decir, bajó en U$S 41 mil millones, lo que afectó una gran parte de los fondos para los jubilados argentinos, en aquel momento AFJP hoy Anses, poseedores de muchos de los U$S 100 mil millones de bonos del default más grande de la historia.
No hay milagros en economía y si una entidad se gasta el dinero de otra, esta última no va a poder cumplir adecuadamente sus fines en algún momento futuro
El Tesoro Nacional ha tomado deuda en los últimos años tanto con el Banco Mundial como con el BID y otros organismos internacionales, pero principalmente con el Banco Central y la Anses. A fines de 2011 la deuda pública del Tesoro llegó a U$S 187 mil millones, casi el máximo anterior de U$S 190 mil millones y posiblemente ya estemos a fines de julio de 2012 en cifras superiores a todos los máximos alcanzados previamente.
Casi nadie cree que dichas deudas con el BCRA o Anses se vayan a pagar, pero eso significa que esas entidades se van a debilitar, como ya se nota con el caso del BCRA, que no puede hacer frente a la demanda de dólares y el Gobierno tiene que imponer un cepo cambiari o a la población, que no hubiera sido necesario si no le hubieran obligado al Banco Central a entregar en varios años alrededor de U$S 30 mil millones al Tesoro. Con estos recursos en su poder hoy tendríamos un Banco Central mucho más fuerte. No hay milagros en economía y si una entidad se gasta el dinero de otra, esta última no va a poder cumplir adecuadamente sus fines en algún momento futuro. La Anses no puede pagar los juicios perdidos, pues también ha destinado fondos importantes para el Tesoro y otros gastos.
Los dirigentes de nuestro querido país no quieren tomar medidas impopulares aunque la situación lo exija y prefieren correr el riesgo de tropezar varias veces con la misma piedra antes que adoptar medidas preventivas a tiempo
¿Es suficientemente seguro este 38% de deuda pública respecto a un PIB, aún menor que el 48% de 2001? El problema es que en ambos casos tenemos un PIB inflado por la política revaluadora de los gobiernos respectivos. Cuando el tipo de cambio vuelva a un valor más normal, el PIB en dólares va a bajar y por lo tanto el porcentaje de la deuda pública sobre el mismo puede subir, aunque no sabemos hasta qué nivel. Para tener seguridad sobre un nivel sustentable de la deuda pública, deberíamos calcular el PIB en dólares con la cotización de la Paridad Teórica de Equilibrio del dólar, que es un nivel bastante más elevado que el tipo oficial de cambio. Con esta fórmula nos encontraríamos con una situación nada holgada y deberíamos ir corrigiéndola para que no nos pase lo mismo que otras veces. Pero los dirigentes de nuestro querido país no quieren tomar medidas impopulares aunque la situación lo exija y prefieren correr el riesgo de tropezar varias veces con la misma piedra antes que adoptar medidas preventivas a tiempo. El principio básico de buena administración señala que el gasto público debe ser moderado y no se debe seguir pagando gastos que corresponden al Tesoro colocando deuda para retirar fondos ahorrados por otros organismos, pues éstos los van a requerir para sus propios fines en el futuro y no van a disponer de los mismos..


Regulación: Monopolio en las empresas de telefonía fija


De Vido habló de "integración monopólica" de Telefónica y Telecom

Lo dijo al anunciar que el Estado entrará en el mercado de telefonía celular; el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina había sido aprobado en 2010. La Nación





El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, anunció hoy que el Estado entrará en el mercado de telefonía celular. "Es la recuperación de la soberanía del uso del éter", dijo. En medio de su exposición, en el Ministerio de Economía, deslizó: "Estamos en un proceso de análisis administrativo sobre la integración monopólica de Telefónica y Telecom".
En octubre de 2010, el Gobierno aprobó el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina -por intermedio de su empresa participada Telecom Italia- y cerró una investigación oficial por "concentración monopólica".
Además, por primera vez, la empresa española había reconocido su participación en la compañía que controla a su principal competidora en el mercado argentino.
El acuerdo fue anunciado luego de una reunión de la presidenta Cristina Kirchner con los directivos de Telefónica de España, de Telecom Italia y de sus socios locales -el Grupo Werthein-.
"Logramos un acuerdo muy importante porque ambas empresas se someten a las leyes argentinas antimonopólicas con convenios transparentes que no solamente podrán ser monitoreados en los libros de aquí, sino en las actas de directorio de sus países", había dicho entonces la mandataria.
De Vido había explicado: "Si en las empresas existe respeto al marco legal argentino, si no se verifica influencia significativa o conflicto de intereses entre los competidores, el proceso de concentración monopólica estará superado"..

sábado, 1 de septiembre de 2012

Finanzas Públicas: Déficit en Argentina


EL DETERIORO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

El déficit fiscal trepó en julio a cerca de $ 2.900 millones

Creció 14 veces en relación a 2011. Sin contar la deuda, hubo $ 528 millones de superávit.
PorISMAEL BERMÚDEZ



En julio, y tras el pago de intereses, las cuentas públicas registraron un déficit de $ 2.884,3 millones, de acuerdo a las cifras difundidas ayer por la Secretaría de Hacienda. Es casi 14 veces más que el déficit de $ 196 millones de julio de 2011.
Así, en los primeros 7 meses, y con $ 12.000 millones aportados por el Banco Central y la ANSeS, el desequilibrio fiscal suma $ 13.797 millones, un 471% superior a los $ 2.366 millones registrados entre enero y julio de 2011.
A partir de esos números, y por el pago del cupón PBI en diciembre, la mayoría de las consultoras estima que este año, aún con transferencias del BCRA y la ANSeS por casi $ 20.000 millones, las cuentas públicas podrían cerrar con un desequilibrio superior a los $ 55.000 millones.
Más del 120% del déficit de julio se explica por la carga de los intereses de la deuda que sumaron $ 3.422 millones. Por esa razón el resultado primario, antes del pago de intereses, fue superavitario en $ 528 millones.
Al dar a conocer esas cifras, la Secretaria de Hacienda destaca el “resultado primario superavitario” , pero no menciona el fuerte incremento del “déficit financiero” , como si los pagos de intereses no fuesen un gasto.
Por otra parte, señala que la reducción en los primeros 7 meses del superávit primario se debió al fuerte aumento de los gastos de capital realizados en julio del año pasado para “contrarrestar los efectos negativos de la crisis financiera internacional”, por lo que “desde el punto de vista estadístico la baja (de este año) es artificial”.
Lo real es que en julio de 2012 con relación a un año atrás: Los ingresos crecieroncasi un 25% en línea con la inflación.
Los gastos, incluidos los intereses, aumentaron casi un 40% .
Los pagos de intereses aumentaron de $ 584 millones a $ 3.422 millones.
Los gastos de capital se achicaron un 13%: bajaron de $ 6.074 millones a $ 5.263 millones.
El déficit propio del Tesoro Nacional ( sin ANSeS) aumentó de un rojo de $ 4.758 millones a $ 9.017 millones, casi un 90% más, en gran parte por el peso de los intereses.
El superávit de la ANSeS creció de $ 5.080 millones a $ 5.894 millones, un 16%, por debajo de la inflación.
El déficit de las empresas públicas subió de $ 287 millones en julio de 2011 a 1.032,7 millones en julio de 2012: un 260% más.
En 7 meses de 2011, el gasto de capital –con inversiones directas y transferencia a las provincias– sumó $ 28.695 millones.

Inflación: El IPC en Argentina


Increíble relato de una funcionaria de Moreno

PorALCADIO OÑA

Qué pareja. Boudou y la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Colombo./ telam

El INDEC releva, dos veces al mes, 30.000 precios de 440 variedades de productos de la canasta familiar que representan el 70% de los gastos de la población. Lo hace en 6.000 comercios de la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del GBA. Y todo, al divino botón .
Muy suelta de cuerpo, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, dijo esta semana: “El índice de precios al consumidor (IPC) no está hecho para saber cuánto aumentaron los precios. Es una medida económica que tiene otras aplicaciones. Por eso hay tanto lío”. Se entiende, depende de Guillermo Moreno.
Un par de preguntas surgen obvias. ¿Para qué sirve el índice si no es para conocer cuánto aumentaron los precios? O ¿por qué el INDEC se toma semejante trabajo todos los meses?
Y si cuesta encontrarle algún asidero a las afirmaciones de Colombo, resulta más sencillo explicar el lío. Si hay tanto es por un motivo que la funcionaria debiera conocer de sobra: nadie cree en la inflación que cuenta el Gobierno .
En tren de aclarar u oscurecer, al gusto de cada cual, Colombo arremetió con otra frase: “El índice sirve para actualizar los valores de ciertos bonos. Es otra cosa. Es un índice que no pretende ser la representación de tu canasta, ni de la mía, ni de la de aquél”.
Según el INDEC, la canasta refleja los consumos habituales de la población y fue elaborada en base a una encuesta que llevó varios meses. No es la mía, ni la tuya, ni la de aquél, sino, se supone, una muestra representativa de todos .
Para mayor abundancia: el relevamiento toma precios de servicios y bienes consumidos dentro y fuera de los hogares, incluidos restaurantes y bares, y los negocios consultados son siempre los mismos, de modo que las comparaciones sean homogéneas. Una cosa bien distinta es cómo el INDEC procesa toda esta información.
Más clarita resulta, en cambio, la referencia de Colombo a “los valores de ciertos bonos”. Alude a los títulos públicos que se ajustan por el índice de precios al consumidor y suena a obvio que si el Gobierno lo subestima, como hace, paga menos por la deuda .
Al cuestionar a las maniobras que las calificadoras de riesgo despliegan cuando analizan la economía argentina, Cristina Kirchner despachó: “Si vamos a truchar, truchemos todos”. En caso de que no haya sido un fallido, significó reconocer porqué y para qué se trucha el IPC .
Allí asoma, justamente, una de las grandes destrezas que el kirchnerismo atribuye a Guillermo Moreno. También, uno de los objetivos detrás de la intervención del INDEC, en 2007.
Consultoras privadas señalan que mediante ese procedimiento, entre ese año y 2011 el Gobierno se ha ahorrado 1.781 millones de dólares en intereses y achicó la deuda de capital en 4.974 millones. Total: US$ 6.755 millones .
El problema es que la ANSeS también cae en la volteada: el 60% de la cartera del Fondo de Sustentabilidad del sistema previsional está constituido por bonos del Estado y, de ese porcentaje, la mitad son títulos atados a la inflación, o sea, castigados por los dibujos del INDEC. Puesto en el extremo, estaría truchándose una reserva creada para garantizar los haberes de los jubilados .
Ya es bastante que una funcionaria encargada nada menos que de la defensa de los consumidores desmerezca la medición de los precios de su gobierno. Aún así, ninguno podría declararse sorprendido, porque la propia titular del instituto de estadísticas ha dicho que el cálculo de la canasta alimentaria básica “sirve para poco”.
La afirmación de Ana María Edwin permite concluir en que también valen poco las tasas de indigencia y de pobreza, determinadas en base a esa canasta. Y, de seguido, hacen agua dos indicadores que el Gobierno exalta para ponderar la mejora en la situación social . O adquieren peso los de quienes ven una película diferente, más cercana a la realidad.
Difícilmente sean éstas las “otras aplicaciones” que Colombo menciona.
En el afán por presentar todo de la mejor manera, a veces el relato oficial patina. Y en esta vez, patina por el absurdo .
Hay más aplicaciones posibles del índice de precios, todas inútiles cuando anota menos del 10% en los últimos doce meses. No vale para negociar salarios, ni es parámetro en sentencias judiciales, contratos, investigaciones sociales o cualquier proyección económica. Tanto, que internamente en el Gobierno usan otras cuentas.
Un contraste fresquito es el aumento del 25 % en el salario mínimo, aunque no tiene el mismo poder de compra un 25 % de arranque que ese porcentaje partido en dos tandas. Sencillamente, porque en el trayecto la inflación las va podando.
Por lo mismo, abundan ejemplos en los que el ingreso efectivo cuenta más que la magnitud de las subas . Con las que hubo en la era K y repiquetea el oficialismo, el haber mínimo que cobra el 73% de los jubilados apenas llega a 1.880 pesos.
Nunca los índices de precios coinciden con la percepción de cada uno, pero luce razonable que al menos se parezcan a lo que registra el termómetro del bolsillo. A partir de 2007, cuando fue intervenido, el indicador del INDEC marca un incremento del 59% , contra el 194% de los institutos privados. Ni hace falta preguntar cuál se aproxima al termómetro del bolsillo y de poco sirven, finalmente, las amenazas a las consultoras.
Ninguno de esos números será reconocido por Edwin o Colombo. Desde el INDEC y Defensa del Consumidor, las dos son disciplinadas alumnas de Moreno.