Coyuntura: Visión 1

Apocalipsis frío

Por Fernando Iglesias  | Para LA NACION

Tienen razón los gurúes kirchneristas: el país no está como en 2001; está peor. Lo que por suerte está mejor son la tasa internacional de interés del dólar y el precio de la soja, que retrasan el proceso por el que la miseria en que viven millones de argentinos se transforma en hambre y desesperación. Lejos de derrumbarse sobre nosotros, el mundo globalizado sigue trabajando a favor de la Argentina, y es el ingreso extraordinario de divisas lo que nos trae la única diferencia positiva entre los saqueos de diciembre de 2001 y los de diciembre de 2012.

Por si hubieran dudas: el Estado recaudó 8000 millones de dólares el año pasado sólo de retenciones agrícolas; aproximadamente cuatro veces lo que destina a la Asignación Universal por Hijo, principal moderadora del estallido social. Súmense los demás planes sociales, los subsidios a los servicios esenciales y los miles de empleos estatales creados para paliar el game over y el dólar paralelo por las nubes a pesar de las tasas cercanas a cero que paga la Reserva Federal y se comprenderán las dimensiones del horror que supimos conseguir.

Ajustazo 2002, pagadiós 2005, tasas del dólar por el piso y commodities por las nubes: son éstos los componentes del doping que permite hoy al Gobierno congelar la situación en una suerte de apocalipsis frío; una debacle en cámara lenta en la que el país no termina de estallar, pero todas sus variables retroceden, dejando al descubierto los despojos del modelo. Y aquí estamos sus náufragos: viendo cómo el margen competitivo creado en 2002 mediante el más formidable ajuste de la historia termina de extinguirse, los fantasmas del pagadiós más grande del mundo nos acechan, los efectos de la tercera plata dulce se esfuman, las facturas impagas de nueve años de cortoplacismo se amontonan y la situación se hace dramática; en tanto, el Gobierno se concentra en hacer de sus errores una epopeya y en la batalla contra los fierros mediáticos y judiciales, preocupado por agregar al cóctel explosivo que preparó en nueve años de delirio nac&pop una nueva dosis de autoritarismo y alucinación.

Después de casi una década de revolución discursiva, el saldo es pavoroso: a pesar de las condiciones externas inéditamente favorables, nos hemos devorado buena parte del capital social en una orgía populista que nos ha dejado sin transporte ni energía y con la infraestructura a punto del colapso. Pese a la carga fiscal de Primer Mundo y las cifras enormes del gasto público (¿dónde irá a parar toda esa plata?) el Gobierno no puede mostrar una sola gran obra pública digna de mención en nueve años de gestión de la abundancia. Hoy, pese a los anuncios repetidos como si fueran goles, casi todo en la Argentina se cae a pedazos, como bien se vio en ese choque ferroviario a 27 km por hora en el que fallecieron 51 personas; récord que ha retratado impiadosamente la africanización del país.

Y no se trata sólo de la estructura material: el panorama educativo es desolador. A pesar del publicitado 6%, los argentinos de la escuela primaria siguen retrocediendo en los tests internacionales, sólo uno de cada dos adolescentes termina la secundaria y los índices de graduación universitaria están entre los peores de la región, incluidos los países donde la universidad es paga. Para no hablar de calidad educativa.

No nos va mejor en lo social, como muestra el 50% de aumento de la población de las villas y el 34% de la mano de obra en negro. Hasta el único éxito relativo del modelo, bajar la desocupación, tambalea hoy, después de tres años sin creación de empleos productivos y uno de destrucción de los que se habían generado en la hora de gloria. Y, si hemos de creerles a los índices de inflación provinciales, la pobreza afecta a uno de cada cuatro argentinos, como bien saben en Carrefour y Changomas.

¿Desendeudamiento? Ninguno. No pagar las deudas puede ser inevitable, pero no es desendeudarse. Y si sumamos a la deuda financiera -40% del PBI- las deudas jubilatorias y las inversiones necesarias para reconstruir la infraestructura y las reservas energéticas, la conclusión es simple: la deuda real y la pobreza son hoy tan grandes como en la etapa final de la convertibilidad.

Si en los años 80 teníamos inflación, pero también cambio competitivo, y si en los 90 teníamos atraso cambiario, pero al menos había una moneda en la cual ahorrar, el kirchnerismo ha logrado la hazaña de amalgamar lo peor del modelo neoliberal y del populista: atraso cambiario y moneda inexistente, y por lo tanto, bajo crecimiento y alta inflación. Son problemas que, como se sabe, se solucionan metiendo la economía en el chaleco de fuerza del corralito cambiario y el cierre de importaciones, del que nunca nadie logró salir sin cirugía mayor y amputación.

Al apocalipsis frío de los números corresponden aspectos difícilmente cuantificables, pero cada vez más presentes en la cotidianeidad de los argentinos: la inflación, la inseguridad y la corrupción, cuyas sensaciones siguen subiendo. Es el resultado inevitable de una década de erosión de las agencias fundamentales del Estado (AFIP, Anses, AGN, fuerzas de seguridad, Banco Central) y de la extensión de los dominios de la droga y la criminalidad organizada. Para no hablar de los aspectos simbólicos del kirchnerismo: anomia, impunidad, vale-todo, hubris del poder por el poder, conducta barra brava y destrucción deliberada de todos y cada uno de los elementos que permiten una convivencia pacífica y democrática. Finalmente, su legado totalitario-mafioso específico, el más terrible y más difícil de revertir: el reemplazo de las instituciones democrático-republicanas y de las organizaciones de la sociedad civil por una densa trama de mafias, cajas y patotas que ha invadido los despachos estatales, las comisarías, los sindicatos, las organizaciones patronales, los clubes de fútbol, las asociaciones de clubes de fútbol y todos los resquicios del país en los que se acumula poder y existe algo susceptible de ser saqueado.

De manera que sigamos rezando para que al gobierno del "vivir con lo nuestro" le siga yendo bien con la soja, y esperemos que la economía de Brasil mejore, para que los que viven dependiendo de las limosnas estatales no pasen de la miseria al hambre y vuelvan los saqueos en un país que produce alimentos para siete veces su población.

Si éste no es el apocalipsis, el apocalipsis, ¿dónde está?

© LA NACION

Impuestos: Impuestos a la molestia

Should We Tax People for Being Annoying?

By ADAM DAVIDSON

Driving home during the holidays, I found myself trapped in the permanent traffic jam on I-95 near Bridgeport, Conn. In the back seat, my son was screaming. All around, drivers had the menaced, lifeless expressions that people get when they see cars lined up to the horizon. It was enough to make me wish for congestion pricing — a tax paid by drivers to enter crowded areas at peak times. After all, it costs drivers about $16 to enter central London during working hours. A few years ago, it nearly caught on in New York. And on that drive home, I would have happily paid whatever it cost to persuade some other drivers that it wasn’t worth it for them to be on the road.

Instead, we all suffered. Each car added an uncharged burden to every other person. In fact, everyone on the road was doing all sorts of harm to society without paying the cost. I drove about 150 miles that day and emitted, according to E.P.A. data, about 140 pounds of carbon dioxide. My very presence also increased (albeit infinitesimally) the likelihood of a traffic accident, further dependence on foreign oil and the proliferation of urban sprawl. According to an influential study by the I.M.F. economist Ian Parry, my hours on the road cost society around $10. Add up all the cars in all the traffic jams across the country, and it’s clear that drivers are costing hundreds of billions of dollars a year that we don’t pay for.

This is how economists think, anyway. And that’s why a majority of them support some form of Pigovian tax, named after Alfred Pigou, the early-20th-century British economist. Pigou developed the idea of externalities: the things we do that affect others and that the market is unable to price. A negative externality is like the national equivalent of what happens when you go to dinner with three friends and, knowing that you’ll pay only a fourth of the bill, decide to order an expensive entree. Pigou argued that there are so many damaging things that we do — play music too loudly, drive aggressively — and that we’d probably do less if we had to pay for them.

The $10 I cost the economy was based on Parry’s algorithm, which calculates that drivers should pay a tax of at least $1.25 a gallon. Forty percent of that price, he says, is the cost that each vehicle adds to congestion. Another 40 cents or so offsets the price of accidents if we divided the full cost — more than $400 billion annually — by each gallon of gas consumed. (Only about 32 cents would be needed to offset the impact on the environment.) According to Parry’s logic, if we paid a tax of $1.25 per gallon instead of the current average of 50 cents, the price of gas would increase by about 25 percent to around $4 a gallon, which is still well below what much of Europe pays. But it would still encourage us to drive less, pollute less, crash less, lower the country’s dependence on foreign oil and make cities more livable. Not surprisingly, several studies have found that people — especially in Europe, where the gas tax is around $3 a gallon — drive a lot less when they have to pay a lot more for gas.

The idea of raising taxes to help society might sound like the ravings of a left-wing radical, or an idea that would destroy American industry. Yet the nation’s leading proponent of a Pigovian gas tax is N. Gregory Mankiw, chairman of President George W. Bush’s Council of Economic Advisers and a consultant to Mitt Romney’s 2012 campaign. Mankiw keeps track of others who support Pigovian taxes, and his unofficial Pigou Club is surely the only group that counts Ralph Nader and Al Gore along with leading conservatives like Charles Krauthammer, Alan Greenspan and Gary Becker as members.

Republican economists, like Mankiw, normally oppose tax increases, but many support Pigovian taxes because, in some sense, we are already paying them. We pay the tax in the form of the overcrowded roads, higher insurance premiums, smog and global warming. Adding an extra fee at the pump simply makes the cost explicit. Pigou’s approach, Mankiw argues, also converts a burden into a benefit. Imposing taxes on income and capital gains, he notes, punishes the work and investment that improve society; taxing negative externalities allows the government to make money while discouraging activity that hurts the overall economy.

There are some obvious problems with their approach. Nobody actually knows the precise cost of any negative externality. (Estimates for the collective impact of a ton of carbon range from $1 to $1,500, for instance, which could lead to all kinds of price disagreements on a Pigovian gas tax.) So Mankiw prefers to focus on simpler factors to deduce externalities. It’s not terribly difficult to figure out how many people drive on a certain road per hour and how much time they lose by being stuck in traffic, he told me. Still, he said, “you’ve got to take your best guess.”

Another major drawback is that it’s hard to know where to stop. All of us are constantly affecting those around us in positive and negative ways, which in turn affect the economy, however indirectly. In my Brooklyn neighborhood, I notice that some neighbors have well-tended gardens that make my walk to the subway more enjoyable. Others, less so. (Taken as a whole, they also play a subtle but significant role in determining property values.) Can’t we tax the sloppy and subsidize the beautifiers? Every time someone drops out of high school, he increases the likelihood of crime and reliance on public assistance and decreases the overall rise in G.D.P. Should we tax them? Or their teachers? What about taxing obese people who increase the costs of our health care system? Or should we tax fast-food companies instead? (This fall, voters in California defeated ballot measures to impose a tax on sugary drinks.)

Economics offers no objective criteria for deciding what to tax or by how much. That’s one reason many libertarians, like Russ Roberts, a George Mason University economist, will never join the Pigou Club. Sure, he says, externalities exist, but that doesn’t mean the government needs to tax them. Yet in the past few weeks, there has been intense discussion among some economists about one particular externality: the social cost of gun ownership. A National Bureau of Economic Research study by Philip Cook and Jens Ludwig determined that guns cost society, on average, a minimum of $100 each and as much as $1,800. Some economists say that a Pigovian tax on weapons, rather than strict regulation, could break the political impasse on gun control.

But the economic argument is not persuasive enough to sway the politics. Pigovian taxes are most likely to be adopted in cases like congestion pricing, when everybody paying the cost can instantly see the benefit. Driving always involves negative externalities. It is impossible for even the most careful driver in the most environment-friendly car to avoid negatively impacting others. Guns are different. Some gun owners cause enormous damage, but most cause none at all. What is the societal cost of a gun that has never been used? So far, economists have struggled to come up with a compelling answer.

New York Times

¿Está el capitalismo de estado imponiéndose?

Is State Capitalism Winning?

By Daron Acemoglu and James Robinson

CAMBRIDGE – In the age-old contest of economic-growth models, state capitalism has seemed to be gaining the upper hand in recent years. Avatars of liberal capitalism like the United States and the United Kingdom continued to perform anemically in 2012, while many Asian countries, relying on various versions of dirigisme, have not only grown rapidly and steadily over the last several decades, but have also weathered recent economic storms with surprising grace. So, is it time to update the economics textbooks?

Illustration by Paul Lachine

In fact, economics does not say that unfettered markets are better than state intervention or even state capitalism. The problems with state capitalism are primarily political, not economic. Any real-world economy is riddled with market failures, so a benevolent and omnipotent government could sensibly intervene quite often. But who has ever met a benevolent or omnipotent government?

To understand the logic of state capitalism, it is useful to recall some early examples – not the socialist command economies or modern societies seeking to combat market failures, but ancient civilizations. Indeed, it seems that, like farming or democracy, state capitalism has been independently invented many times in world history.

Consider the Greek Bronze Age, during which many powerful states, organized around a city housing the political elite, formed throughout the Mediterranean basin. These states had no money and essentially no markets. The state taxed agricultural output and controlled nearly all goods production. It monopolized trade, and, in the absence of money, moved all of the goods around by fiat. It supplied food and inputs to weavers and then took their output. In essence, the Greek Bronze Age societies had something that looked remarkably like state capitalism.

So did the Incas as they built their huge Andean empire in the century before the Spanish arrived. They, too, had no money (or writing); but the state conducted decennial censuses, built roughly 25,000 miles (40,000 kilometers) of roads, operated a system of runners to send messages and collect information, and recorded it all using knotted strings called quipus, most of which cannot be read today. All of this was part of their control of land and labor, based on centrally planned allocation of resources and coercion.

How is it that societies as disparate as the Greek Bronze Age cities of Knossos, Mycenae, or Pylos, the Inca Empire, Soviet Russia, South Korea, and now China all ended up with state capitalism?

The answer lies in recognizing that state capitalism is not about efficient allocation of economic resources, but about maximizing political control over society and the economy. If state managers can grab all productive resources and control access to them, this maximizes control – even if it sacrifices economic efficiency.

To be sure, in many parts of the world, state capitalism has helped to consolidate states and centralize authority – preconditions for the development of modern societies and economies. But political control of the economy generally becomes problematic, because those running the state do not have social welfare or optimal resource allocation in mind. The state capitalism of the Greek Bronze Age or the Inca Empire was not motivated by economic inefficiency; nor did it necessarily create a more efficient economy. What it did was help to consolidate political power.

At a deeper level, the real dichotomy is not between state capitalism and unfettered markets; it is between extractive and inclusive economic institutions. Extractive institutions create a non-level playing field, rents, and narrowly concentrated benefits for those with political power and connections. Inclusive institutions create a level playing field and give incentives and opportunities to the great mass of people.

But herein lies the problem for state capitalism: inclusive institutions require a private sector powerful enough to counterbalance and check the state. Thus, state ownership tends naturally to remove one of the key pillars of an inclusive society. It should be no surprise that state capitalism is almost always associated with authoritarian regimes and extractive political institutions.

This is not an endorsement of unfettered markets. The state plays a central role in modern society, and rightly so. Modern economic growth, even under inclusive institutions, often creates deep inequalities and tilted playing fields, endangering those institutions’ very survival. The modern regulatory and redistributive state can, within certain bounds, help to redress these problems. But the success of such a project crucially depends on society having control over the state – not the other way around.

To argue that state capitalism’s success proves its superiority is to put the cart before the horse. Yes, South Korea grew rapidly under state capitalism, and China is doing likewise today. But state capitalism emerged not because there was no other way to ensure economic growth in these countries, but because it enabled growth without destabilizing the existing power structure. The genius of China’s state capitalism is that it ensured the continued dominance of Communist Party elites while improving the allocation of resources, not that it alone could have provided price incentives to farmers and then managed liberalization of urban markets.

State capitalism will persist so long as existing elites are able to maintain it and benefit from it – even if economic growth ultimately stalls. And there is a good reason why it eventually will. Sustained economic growth presupposes inclusive institutions, because innovation – and the creative destruction and instability that it wreaks – depends on them. Extractive institutions in general, and state capitalism in particular, can support economic growth for a while, but only the sort of catch-up growth that South Korea experienced from the 1960’s to the 1980’s, before starting to transform its society and economy more radically.

As the low hanging fruit from catch-up growth is consumed, China, too, will be forced to choose between the economic and social freedom, innovation, and instability that only inclusive institutions can underpin and continued economic, political, and social control in the service of the elites who control the state.

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Project Syndicate 

Mercado laboral: Una edad para no perder el empleo

800.000 argentinos de 45 años no logran reinsertarse laboralmente

Se los conoce como "excluidos invisibles"; especialistas opinan que la tendencia se está revirtiendo a su favor

Por Mauricio Giambartolomei  | LA NACION

 

Foto: LA NACION / Sebastián Domenech

Los llaman los "excluidos invisibles" porque siempre existieron, pero nunca tuvieron visibilidad. Son personas mayores de 45 años que quedaron al margen del circuito laboral, despedidos de las empresas donde trabajaban o aventurados a buscar nuevos desafíos. Sin quererlo, quedaron atrapados al no poder reinsertarse, una tendencia que se profundizó en la década pasada y aún persiste en la actualidad, aunque con síntomas de revertirse parcialmente.

Se cree que en la Argentina hay 800.000 personas mayores de 45 años que no pueden volver al mercado laboral, ya sean profesionales o no , un fenómeno que se expande hacia toda Latinoamérica y que se profundizó en países de Europa con la crisis que atravesó la Unión Europea. También se estima que el 80% de las ofertas de empleo son para menores de 45, lo que permite contextualizar la situación real.

"Les preguntamos a las áreas de Recursos Humanos de las empresas porqué ponen los avisos de búsqueda de empleo para menores de 40 años y no saben que responder", le dice a LA NACION Tomás Olivieri, director de Diagonal , una Asociación Civil que trabaja en la reinserción laboral de mayores de 45 años .

Según estima, el 80% de las personas entre 45 y 65 años no pueden aplicar a las ofertas de empleo.

Estos datos se sostienen en las estadísticas que manejan en ZonaJobs, portal web especializado para encontrar trabajo. Las cifras indican que en todo 2012 sólo el 14% de las ofertas laborales fueron para mayores de 45 años; el 52% corresponde a mayores de 25 y el 34% a mayores de 34 años.

"Hoy existe una diferencia entre la cantidad de empleos ofertados para los menores de 45 y los que son mayores de esa edad. Esto se evidencia con más notoriedad en algunas áreas de expertos como desarrollo web o marketing online. Es decir, áreas relativamente nuevas, donde experiencias laborales de más de 20 años no ponderan de la misma manera", aporta Santiago Pachano, gerente de Marketing de ZonaJobs .

Esta situación no se relaciona directamente con el grado de formación académica. Tanto los profesionales como la mano de obra capacitada son víctimas de este fenómeno.

NUEVO PARADIGMA

La Asociación Diagonal nació en 2001 a raíz de la crisis que castigó al país. Primero apuntó al desempleo en general pero, desde hace seis años, se centró en las personas mayores de 45 años. Hoy recibe entre 400 y 500 consultas por año. "Hablamos de crear un nuevo paradigma, que valorice a las personas por su edad y los conocimientos que adquirió durante su vida", sostiene Olivieri, técnico en Comercio Internacional y Licenciado en Marketing. "Como sociedad negamos el paso del tiempo, el envejecimiento, de la misma forma que negamos la muerte. Nos quedamos con que lo más bello es lo más joven".

El cambio al que hace referencia apunta a que las empresas modifiquen sus costumbres y acompañen al empleado en un proceso de reubicación en otro puesto de trabajo.

Además, según los especialistas consultados, hay signos que permiten arriesgar que la tendencia se está revirtiendo, ya que los mayores de 45 años están siendo altamente calificadospara cubrir gerencias, puestos jerárquicos o especialidades.

"Se comienza a dar un ciclo hacia la sabiduría, la experiencia", adhiere Iván Puigdemasa, socio fundador de la consultora Quercus . "Hoy los mayores comienzan a vislumbrarse como muy válidos para la reinserción en base a ciertos atributos que la Generación Y no tiene: sabiduría, compromiso, experiencia, apego a las normas y mayor responsabilidad", sostiene.

Son las pymes y las empresas familiares las locomotoras de una nueva corriente de contratación en todos los niveles, ya sea profesionales o mano de obra calificada. "Se están profesionalizando y les dan mayor espacio a los de más de 45 años", explica Puigdemassa. "Las grandes corporaciones están comenzando a tomar el modelo que le marcaron las pymes".

En este proceso de revaloración de las personas con experiencia intervienen cambios sociales en un mercado laboral que no se actualizó. "Hoy la población vive en promedio 20 a 50 años más que en 1900. Es absurdo pensar que una persona es vieja a los 40 años, es violento decirle que a los 50 años no sirve", argumenta Olivieri.

Con este concepto coincide Alejandro Melamed, especialista en Recursos Humanos y autor del libro ¿ Porqué no? Como conseguir y desarrollar tu mejor trabajo . Según cuenta, hay algunas profesiones que califican mejor al individuo de mayor edad. "Hay muchos trabajos que vuelven, pero también hay que encontrar las necesidades del mercado y reciclarse, adquirir nuevas capacidades. Creo que todos vamos a tener una segunda carrera", arriesga.

CÓMO HACERLE FRENTE

El desempleo genera conmoción, causa sorpresa y origina una crisis que desestabiliza, sobre todo si la situación no es buscada. En este punto se ponen en juego distintos recursos de la persona y la recomendación es no tomarlo como un fracaso.

"Buscar trabajo no significa pedir, sino ofrecer", aconseja la psicóloga Milagros Abud, coordinadora del programa de reinserción laboral en Diagonal. Teniendo en cuenta que un mayor de 45 años tarda un año en conseguir trabajo, "se debería direccionar la búsqueda para que este alineada con las competencias, interés y formación de cada persona", destaca.

"Es importante la actualización, seguir capacitándose en las metodologías de búsqueda; no ponerse reacios a las redes sociales ya que son la clave de varios contactos. Pero hay que tener en claro hacia donde ir para contárselo a los contactos", sugiere Abud.

¿Por qué impacta tanto el desempleo? "Si mi identidad se construye solo en base al rol profesional, cuando eso desaparece provoca un gran golpe. Estamos acostumbrados a construir nuestra identidad en base al laburo y no en base a lo que somos más allá", responde la psicóloga.

Según datos de Diagonal, el 50% de los solicitudes de personas que atienden están en trámite de divorcio o ya separados; se reduce el vínculo con el círculo social y sobreviene un duelo con muestras de agresión, reproches, fatalismo y culpas. Pueden aflorar sentimientos de inseguridad, ansiedad, baja autoestima y depresión. Por eso es clave la evasión para no quedarse estancado.

¿De que forma se puede salir? "El desempleado debe entender que es un proceso transitorio y que cuenta con las condiciones necesarias como para conseguir un nuevo trabajo", dice Pachano. Y en los fines prácticos se sugiere cargar los datos en los portales de búsqueda de empleos, utilizar todas las relaciones profesionales y familiares cercanas, y amigarse con las redes sociales para capitalizar al máximo los contactos.

"También es recomendable que durante el tiempo de desempleo, la persona realice cursos de capacitación o de idiomas, además de leer novedades sobre industrias o áreas de su interés para estar constantemente adaptado a las exigencias del mercado y para fomentar contactos específicos", opina Pachano..

¿Cuánto vale tu título de grado?

Photographs by Jared Soares for Bloomberg Businessweek

From left, Tod Massa (“What we want is for students to make informed decisions”) and Mark Schneider

Higher Education

Calculating a College Degree's True Value

How much is a college diploma actually worth? The perennial question asked by every former English, philosophy, and art history major now has an answer in some states. For University of Virginia students, it pays to major in engineering—$60,300, on average, 18 months after graduation—rather than sociology ($33,154), or worse, biology ($27,209). In Tennessee, a graduate of Dyersburg State Community College with an associate’s degree in health earns an average $5,000 more than someone who majored in health and picked up a bachelor’s at the University of Tennessee at Knoxville, the state’s flagship school.

With tuition and student debt skyrocketing and dim job prospects awaiting many graduates, states are trying to show residents what kind of return they can realistically expect for investing in a degree from a public college or university. That’s why Virginia, Tennessee, and Arkansas are collecting salary data on their graduates and posting it online at CollegeMeasures.org, a website run by a former education official in the Bush administration. The database, which doesn’t reveal any names or other identifying information, shows students how much money they can expect to earn based on the major and school they choose. Colorado, Nevada, and Texas will also begin using it in early 2013.

“What we want is for students to make informed decisions,” says Tod Massa, director of policy research and data warehousing at Virginia’s State Council of Higher Education. Massa, who’d been pushing for such a database for years, had little success until 2011, when the Virginia legislature passed a law mandating that the state publish salary data for graduates of all colleges and universities, public and private. Schools “need to coordinate their level of student borrowing with [students’] likely ability to repay,” Massa says. Virginia shares its information with CollegeMeasures and operates its own website, publishing data for graduates up to five years out of school.

The federal government tried, but failed, to do something similar. In 2005 the U.S. Department of Education floated the idea of collecting student records from colleges to gauge student performance and compare it with workforce data. The proposal would have required an act of Congress, but the Bush administration dropped the idea after an outcry from civil libertarians and schools concerned about students’ privacy. In 2008, Congress prohibited transcript collection by the Education Department.

States, though, aren’t bound by that ban. To assemble their data, both CollegeMeasures and Virginia’s higher ed council match students’ majors to their wage records held by the state unemployment insurance program. (Only graduates working in the state are accounted for in the salary databases.) Mark Schneider, president of CollegeMeasures, says it protects residents’ identities by not publishing information about academic programs with fewer than 10 graduates. Plus, Social Security numbers are stripped from the records before Schneider’s site gets them.

Nonetheless, schools are worried the file sharing could lead to privacy breaches. “People aren’t being told what’s being done with their records,” says Sarah Flanagan of the National Association of Independent Colleges and Universities, a lobbying group in Washington.

College administrators say the data collection will discourage students from choosing majors such as English, philosophy, and art history. They fear that states might also use the data to withhold public funding for programs with low earning prospects. “Everything that can be counted doesn’t necessarily count,” says Flanagan. “There are many valuable things that a quality education provides that cannot be reduced to numbers or data points.”

Schneider acknowledges the data he’s publishing is best viewed with a critical eye. A student with a two-year nursing degree from a community college might earn more one year after graduation than an English major at a liberal arts school, he says, but over the span of a career, those with bachelor’s degrees will end up making more than those with associate’s degrees. His database also excludes federal workers and the self-employed. In some cases, higher wages may be a result of a higher cost of living in areas where recent graduates find jobs.

Senators Ron Wyden (D-Ore.) and Marco Rubio (R-Fla.) have proposed legislation that would force all 50 states to disclose salary data for public and private school graduates. The bill hasn’t gone anywhere, but Schneider says he thinks Congress will come around. “People are looking at higher education in a totally different way than they did before.”

The bottom line: Before picking a major at a public university, students in three states can go online to see how much money recent graduates are making.

Dwoskin is a staff writer for Bloomberg Businessweek in Washington.

Business Week

La belleza como causal de despido en Iowa

Iowa Supreme Court: It's Legal To Fire Employee for Being Irresistibly Sexy

By Daniel Politi

An Iowa dental assistant was too good-looking for her own good

Photo Illustration by Sean Gallup/Getty Images

Women in Iowa beware: If your boss thinks you’re really really ridiculously good looking, he can fire you. And it’s perfectly legal. The all-male Iowa Supreme Court refused to reinstate a lawsuit Friday, noting that a dentist didn’t break the law when he fired an employee who had worked for him for 10 years because he and his wife saw her as a threat to their marriage, reports the Associated Press. Melissa Nelson, the 32-year-old dental assistant was by all accounts a stellar employee. But her boss, James Knight, complained of her tight clothing, “once telling her that if his pants were bulging that was a sign her clothes were too revealing.” 

In a unanimous ruling, the justices ruled that having an “irresistible attraction” is enough of a justification enough to fire someone. It doesn’t matter if the person has not engaged in any kind of inappropriate or even flirtatious behavior and wouldn’t consider touching her employee with a 10-foot pole. Sure, that may not be exactly fair, conceded the justices, but it doesn’t constitute unlawful discrimination. Knight insisted Nelson wasn’t fired for her gender. It’s just that her employment threatened his marriage. And that conduct isn’t illegal because “it was based on specific emotions tied to a specific relationship and not based solely on a person’s gender,” notes the Des Moines Register.

The Slatest

Plantas para capturar CO2

Tecnología revolucionaria: Una argentina dice tener la llave para frenar el cambio climático

POR FRANCISCO DE ZÁRATE JAVIER RODRÍQUEZ PETERSEN

Es la científica Graciela Chichilnisky. Con otros investigadores patentó una técnica que permite captar el carbono de la atmósfera y venderlo para uso industrial. Promete parar el calentamiento en 20 años. Clarín

Revolución científica. Graciela Chichilnisky en Río de Janeiro, junto a su socio en la compañía Global Thermostat (GT), el científico Peter Eisenberger.

El desafío suena entre ambicioso y descabellado: solucionar el cambio climático y ganar dinero . Hace seis años, la científica argentina Graciela Chichilniskyentendió que el mejor camino para frenar el calentamiento global era asociarlo a un negocio. ¿Cómo? Intentando darle un uso útil al dióxido de carbono (C02), cuyo exceso en la atmósfera es la principal causa del aumento de temperatura en el clima global.

Considerada una de las latinas más influyentes de Estados Unidos, según la revista Hispanic Business, Chichilnisky es hija de un reconocido neurocientífico y hermana de Tamara Di Tella.

Tras la “Noche de los Bastones Largos”, en la década del ‘60, emigró de la Argentina (ver Perfil de...) La científica tiene dos antecedentes de prestigio en su carrera. Por una parte, es la creadora de los “bonos de carbono”, un sistema que ofrece incentivos económicos para las empresas que reducen las emisiones contaminantes y fue incorporado al mecanismo de “desarrollo limpio” del Protocolo de Kyoto en 1997. El de Kyoto es el único acuerdo internacional existente para intentar detener el cambio climático.

Por otro lado, veinte años antes, en 1977, la científica había creado el concepto de “necesidades básicas” con el que inició la teoría del “desarrollo sustentable”, que equilibra el crecimiento económico con el cuidado del medioambiente.

Ahora, después de años de ensayos en el centro de investigaciones de la Universidad de Stanford, Chichilnisky asegura haber conseguido la solución para el cambio climático.

Suelta una promesa impactante: si sus plantas para capturar el dióxido de carbono (CO2) funcionaran en todo el mundo, se podría bajar la concentración de carbono en la atmósfera desde las actuales 400 ppm (partes por millón) a 275 ppm. Es decir, el mismo nivel que había hace 250 años, antes de la revolución industrial.(Ver Infografía) Chichilnisky desarrolló una tecnología capaz de capturar CO2 en cualquier lugar del mundo a un costo de 15 a 25 dólares por tonelada.

Su proyecto está entre los once finalistas del premio medioambiental del empresario británico Richard Branson que entrega 25 millones de dólares. La firma con la que desarrolló la técnica es Global Thermostat (GT). Uno de sus socios es Edgar Bronfman Jr., una de las mayores fortunas de Estados Unidos.

La invención de Chichilnisky es presentada como revolucionaria. Si hasta ahora las máquinas capaces de capturar CO2 debían ubicarse junto a las fábricas contaminantes para poder tomar el gas de las chimeneas -lo cual encarece su posterior aprovechamiento por el costo del transporte-, la tecnología de GT sólo requiere una pequeña fuente de calor para funcionar en cualquier lado: basta con que las plantas se ubiquen donde estén sus clientes.

Los compradores pueden ser fabricantes de gaseosas, que lo usan como insumo; procesadores de alimentos, que lo emplean para refrigerar; o petroleras, que con el CO2 mejoran la productividad de sus pozos. Según Chichilnisky, las empresas pagarían por el gas entre 50 y 200 dólares la tonelada: mucho más de lo que cuesta obtenerlo.

Por lo que explica, la solución de GT sólo requiere una fuente de calor leve y no toca intereses petroleros. ¿Por qué no se desarrolló en todo el mundo?

Lleva tiempo, y empezamos hace sólo cuatro años. Después del experimento en la Universidad de Stanford, estamos comenzando con las plantas comerciales que venderán el CO2. Con más dinero, iríamos más rápido.

-¿Por qué el gobierno de Barack Obama no pone ese dinero?

Las decisiones de los gobiernos son complicadas. No tienen toda la información y temen ocasionar conflictos políticos. Cuando Obama logre el apoyo para enfocarse en este problema, seguro que nuestra solución va a ser adoptada y quizás hasta nacionalizada. Y si encontramos un buen mercado comercial para nuestro producto, no necesitaremos de ningún gobierno. Ya tenemos pedidos de Alemania, India, Japón y Estados Unidos.

Según los estudios de GT –que Chichilnisky codirige junto al ex vicedecano del Earth Institute, Peter Eisenberger–, hasta una cuarta parte del CO2 que se inyecta en los pozos petroleros queda bajo tierra. Eso significa una reducción neta en la atmósfera. Los científicos aseguran que la cantidad de carbono que emiten las fábricas es siempre menor de la que recuperarían, si aplicasen su calor residual en hacer funcionar una de sus plantas recuperadoras.

Hay ambientalistas que no aprueban una solución tecnológica al cambio climático porque temen que se desatienda el exceso de emisiones. ¿Qué opina?

Sería demasiado optimista pensar que sólo la tecnología puede resolver el problema. Pero nuestra propuesta, o alguna similar, también tienen que existir. Seamos claros: tenemos que reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. No hay opción. Si seguimos aumentando las emisiones, vamos a tener algún tipo de cambio climático. No sabemos qué es lo que va a ocurrir exactamente, pero es seguro que corremos el riesgo de vivir eventos catastróficos.

El alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, un hombre bastante conservador, escribió hace unos días que el cambio climático ya está ocurriendo, que no había registros de un huracán similar a Sandy –que este año devastó la costa este de Estados Unidos– y que aunque no estuviésemos seguros de que sea causado por el hombre, la mera posibilidad de que así sea implica que debemos hacer algo. Creo que tendremos varios huracanes como Sandy en los próximos dos o tres años. Eso despertará a los políticos estadounidenses.

¿Qué opina de otras soluciones tecnológicas, como el bombardeo de la atmósfera con partículas que impidan el paso de los rayos solares o la manipulación de las corrientes frías en los océanos?

Manipular la atmósfera o los océanos es muy peligroso: los efectos inesperados pueden ser peores. Tampoco pienso como los ambientalistas que piden retroceder a un mundo en el que se use menos energía. Los países en desarrollo la necesitan para combatir la pobreza. Cuando inventamos esta tecnología, Eisenberger y yo decidimos que los países de América Latina, Africa y las pequeñas islas iban a acceder a ella sin pagar tanto. Son zonas que no contaminaron casi nada, y sin embargo están muy castigadas por el cambio climático. Las islas, por el riesgo de desaparición. África yAmérica Latina, por las sequías en países que dependen mucho de la agricultura, y con poblaciones que tienen menos herramientas para defenderse”.

¿Cómo funcionan las plantas de GT que capturan el C02? Son torres que trabajan como una colmena de paneles a los que se pega el dióxido de carbono. Una vez llenos, y tras la aplicación de calor y vapor, descienden para liberar el CO2 (Ver Infografía).

Las plantas más eficaces pueden capturar un millón de toneladas de carbono por año.

Cuestan 40 millones de dólares y con la venta del CO2 capturado en dos años y medio se recupera la inversión. Ya se está construyendo una en Alabama con el apoyo del conglomerado japonés IHI, que aportó 15 millones de dólares.

La científica confía en que en menos de veinte años sus plantas estarán funcionando en todo el mundo. Si su sueño se cumpliera, dice, se evitaría el peligroso pronóstico de que las temperaturassubieran dos grados para el año 2050 .

¿Será mucho?

Elusión fiscal de las estrellas

La crisis

Depardieu, el nuevo ícono del exilio fiscal en Francia

El actor fijó su residencia en Bélgica para pagar menos impuestos; es el último caso de un éxodo de ricos

Por Luisa Corradini  | LA NACION

 

Depardieu en París: una imagen que se empezará a ver menos. Foto: Archivo

PARÍS.- Hasta hace unos días, Gerard Depardieu era el actor más taquillero del cine francés y el mayor ídolo del público. Incluso, el personaje de Óbelix que interpretó en cuatro películas inspiradas de la historieta Ásterix forma parte de la iconografía nacional.

Pero esa imagen se derrumbó como un castillo de naipes cuando se confirmó que había comprado una casa en la localidad belga de Estaimpuis para fijar su domicilio fiscal en ese país, más indulgente que Francia en materia impositiva.

"[A Depardieu] le gusta nuestro carácter campestre, apacible y bucólico", comentó sin ruborizarse el concejal de esa ciudad Daniel Senesael ante la prensa. Cuando advirtió la mirada de reprobación de los periodistas, tuvo que admitir la verdad: "También le interesan las ventajas fiscales que ofrece nuestro país".

El actor decidió radicarse en Bélgica para escapar del impuesto de 75% que aplicará el gobierno socialista de François Hollande a partir de 2013 a todos los ingresos superiores a un millón de euros. Para un hombre que gana entre 8 y 10 millones de euros anuales, según la revista económica Challenges, esa tasa puede resultar particularmente salada.

A los 64 años, con más de 150 películas en cuatro décadas de carrera cinematográfica, Depardieu es uno de los artistas mejor pagados de Francia. Pero además posee viñedos en Francia, Italia, Argelia y Marruecos, controla un hotel, dos restaurantes, una pescadería y una bodega en París, restaurantes en Canadá y Rumania, inversiones inmobiliarias y, asociado a todos los miembros de su familia, maneja también la sociedad DD Productions.

Gracias a esa constelación de negocios, Depardieu está considerado como uno de los hombres más ricos de Francia. El sitio Riches & Célébres estima que su patrimonio se eleva a 85 millones de euros.

El exilio fiscal del ícono cinematográfico de Francia reavivó la polémica que había estallado en septiembre, cuando el millonario Bernard Arnault, primera fortuna de Francia, decidió radicarse en Bélgica para escapar al llamado "impuesto a los ricos". Esa decisión creó un verdadero shock en el país porque el dueño del imperio del lujo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) posee una fortuna de 41.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

"No es patriótico huir de Francia para radicarse en paraísos fiscales y dejar el peso del esfuerzo a quienes permanecen en el país", había dicho en ese momento el primer ministro Jean-Marc Ayrault.

Con Depardieu fue todavía más duro: "Es una actitud lamentable. Todo eso para no pagar un poco más de impuestos", comentó con desdén.

En el caso de Depardieu, su exilio fiscal causó irritación entre sus admiradores, sobre todo porque el actor, que recuerda con frecuencia sus orígenes populares, no cesa de denunciar las "injusticias y disparidades sociales".

Su radicación en Bélgica oculta una trampa: su casa está ubicada a un kilómetro de la frontera francesa, a menos de 20 kilómetros de Lille (la tercera ciudad de Francia) y a una hora de París en tren bala.

El lugar que eligió para residir es la ciudad más afrancesada y con más alta concentración de riqueza de Bélgica: 27% de los 10.500 habitantes -unos 2800- son franceses. La mayor parte de los integrantes de esa comunidad son franceses que se radicaron en Estaimpuis por razones fiscales, como Bernard Arnault o la familia Mulliez, propietaria de los supermercados Auchan.

Depardieu no hizo más que seguir el ejemplo de otros millonarios que, desde hace años, se radicaron en Bélgica, Suiza o Mónaco por razones fiscales, como los artistas Alain Delon, Charles Aznavour, Isabelle Adjani y Johnny Hallyday; los deportistas Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Julien Benneteau, Gilles Simon y Sebastien Loeb, o incluso escritores de éxito como Guillaume Musso, Marc Levy o Christian Jacq.

Salvo esos casos emblemáticos, nadie sabe cuántos franceses huyeron al exterior por razones fiscales. A partir de este año los servicios fiscales realizarán un censo de los franceses que ingresan y egresan de los registros impositivos, única forma de determinar las dimensiones que tiene la "fuga de millonarios"..

Rojo provincial

Las provincias cerrarán 2012 con el mayor déficit desde 2003

Será así a pesar de que en la mayoría de los casos aplicaron aumentos de sus cargas impositivas, señaló hoy la consultora Economía & Regiones.

Las provincia cerrarán 2012 con el peor resultado fiscal desde 2003, a pesar de que en la mayoría de los casos aplicaron aumentos de sus cargas impositivas, señaló hoy la consultora Economía & Regiones.

El retroceso obedecería a "la brusca desaceleración del nivel de actividad", que repercutió en un incremento nominal más moderado de la coparticipación y de las transferencias discrecionales, indicó la entidad.

De acuerdo con su análisis, el déficit consolidado al tercer trimestre mostró un crecimiento interanual del 270 por ciento, pasando de 1.800 millones a 6.500 millones de pesos.

"Excluyendo el efecto del pago de intereses de deuda, el saldo primario presentó una fuerte reversión, transformando un resultado positivo de 1.300 millones de pesos en uno negativo del orden de los 2.700 millones", añadió.

Para E&R, esa situación "implica que los 'excedentes de caja' se redujeron en 4.000 millones de pesos durante el último año, lo cual condicionó a las provincias a incrementar su participación en los mercados de capitales para financiar el déficit primario y los vencimientos de deuda".

"La brusca desaceleración del nivel de actividad ha sido uno de los drivers fundamentales para explicar la expansión del déficit provincial, a partir de la caída en las transferencias federales de tipo automático (por el freno en la recaudación de IVA) y discrecional (por la menor holgura fiscal del Gobierno Nacional)", explicó.

No obstante, E&R advirtió que la situación fiscal es peor a la de 2009, cuando la caída de la actividad también impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que "en valores absolutos el tamaño del déficit financiero se duplicó" respecto a ese año.

"Estructuralmente, la injusta distribución de las fuentes de recursos y las responsabilidades de gastos entre Nación y Provincias condena a estas últimas a un déficit de carácter sistémico", señaló la consultora.

E&R señaló que "con todo, el deterioro de las cuentas provinciales hubiera sido mayor de no haberse implementado un paquete generalizado de subas impositivas a lo largo y ancho del país", con un aporte de unos 9.000 millones de pesos anualizados, así como la extensión de la prórroga en los pagos de servicios de deuda con la Nación, "que implica un ahorro anual de 7.360 millones de pesos para las 18 provincias incluidas".

En los primeros nueve meses, el Sector Público Provincial presentó ingresos por 256.000 millones de pesos y gastos por 262.500 millones, con tasas de variaciones interanuales del 22 y 24 por ciento, respectivamente, que estarían por debajo del crecimiento del PBI nominal durante el mismo período.

iECO